Categoría: Política Nación

David Murcia Guzmán, la cabeza de la estafa piramidal de DMG, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón, Santander.

Murcia llegó al penal con una junta conformada por un médico responsable de tratamiento, psicólogo y otros profesionales que determinarán en dónde será ubicado.

El cerebro de la captadora ilegal DMG purgó buena parte de su condena en La Tramacúa, en Valledupar, una prisión conocida por sus duras condiciones. Durante el gobierno anterior fue trasladado a La Picota, en Bogotá, donde permaneció en condiciones menos restrictivas.

Esta madrugada fue trasladado nuevamente a una cárcel de máxima seguridad: Palogordo, en Santander.

El presidente Abelardo De La Espriella hablará a la nación este domingo 30 de agosto, a las 7:00 p. m. , en un discurso que se podrá ver por las cadenas nacionales. La Comisión de Regulación de Comunicaciones aseguró que las emisoras deben iniciar la transmisión desde el comienzo del Himno Nacional.

Según el aviso oficial, el líder se centrará en la Seguridad y Defensa Nacional, así como en las iniciativas del Gobierno para progresar en la rehabilitación y reconstrucción de las áreas impactadas por el sismo del 10 de agosto. Este mensaje se presenta justo cuando la Administración intenta detallar las decisiones tomadas para preservar el orden social y el modo en que seguirá la asistencia gubernamental durante la fase de reconstrucción.

El presidente Abelardo De La Espriella comunicó este sábado un conjunto de reformas destinadas a disminuir los gastos relacionados con el tránsito y el transporte en Colombia. Una de las propuestas más importantes es presentar al Congreso una iniciativa que reduzca el 50 % del valor de las multas, bajo el argumento de que estas no deben transformarse en una carga excesiva para las familias y tienen que ser proporcionales. Asimismo, propuso disminuir el valor de los cursos requeridos para obtener rebajas en ciertas infracciones en un 25 %.

El gobernante, además, se enfocó en las fotomultas y anunció controles más rigurosos para su autorización y calibración de los equipos. También mandó que se revisaran el RUNT y el SIMIT con el fin de encontrar duplicidades posibles y disminuir tarifas. Además, se tiene como objetivo reducir el precio de las licencias de conducción y extender su duración a entre ocho y diez años; también se contempla revisar la periodicidad y el costo de la revisión técnico-mecánica.

No se aplicarían las medidas de forma automática: muchas de ellas exigen cambios en la normativa y, sobre todo, el procedimiento y la aprobación del Congreso. Además, el anuncio abre un debate acerca de la necesidad de mantener sanciones lo suficientemente fuertes para garantizar que se cumplan las normas de seguridad vial y, al mismo tiempo, reducir la carga económica de los conductores.

Desde su cuenta de X, el Jefe de Estado informó sobre la captura en flagrancia de cuatro integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en El Paso (Cesar), señalados de haber participado en la acción terrorista del pasado 27 de agosto que afectó la línea férrea y un tren de la empresa Drummond, así como del rescate de dos personas sanas y salvas que habían sido secuestradas horas antes en Mocoa (Putumayo).

En referencia al ataque contra Eln, dio cuenta de que fueron incautadas cinco armas largas, un arma corta y munición, y que “así como ellos han atentado contra el Cesar y han pretendido sembrar terror entre su gente, nosotros vamos por todos ellos. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”.

Por las personas rescatadas en Mocoa, según el Presidente De La Espriella, sus captores exigían $30 millones por su liberación, y agregó: “Durante la operación se produjo una confrontación armada en la que dos de los secuestradores fueron dados de baja en desarrollo de operaciones militares”.

De acuerdo con el Mandatario, “el secuestro vuelve a tener al Estado encima. Al que secuestre, extorsione, ataque nuestra infraestructura o aterrorice a los colombianos lo vamos a perseguir con toda la capacidad legítima de nuestra Fuerza Pública”.

Y remató de este modo: “Estamos pasando a la ofensiva total y no vamos a aflojar”.

En respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Junta Directiva del Icetex, presidida por la Ministra de Educación, Viviane Morales Hoyos, anunció un paquete de alivios económicos para 44.411 beneficiarios de crédito educativo que residen en los departamentos de Valle del Cauca (29.680), Caldas (5.443), Risaralda (5.253), Quindío (3.267) y Chocó (768).

Los alivios se determinaron en el marco de los decretos 1171 del 11 de agosto de 2026, que declara la Situación de Desastre de Carácter Nacional, y 1261 del 19 de agosto de 2026, que decreta el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Estas medidas buscan proteger la permanencia de los estudiantes en la educación superior y aliviar la situación financiera de las familias afectadas por el sismo.

Entre ellas se encuentran la suspensión temporal de las acciones de cobro, el congelamiento de las cuotas del crédito y de los intereses, así como otras medidas de protección financiera.

De manera complementaria a dichos alivios extraordinarios, el Ministerio de Educación anunció que continúa con la ejecución de las medidas de apoyo previstas para 2026. En esta vigencia, la cartera destinará 520 mil millones de pesos para financiar el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de sostenimiento y las condonaciones por graduación, en beneficio de los usuarios del Icetex.

Sobre el alcance de tales alivios, la Ministra de Educación afirmó: «Acabamos de aprobar por unanimidad una serie de medidas de alivio financiero, en cinco de los departamentos más impactados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Estos beneficios representan el esfuerzo del Gobierno Nacional por seguir respondiendo, de la manera más eficaz, a las personas que han sido afectadas por esta emergencia».

A su turno el presidente del Icetex, Richard Caicedo, destacó el trabajo adelantado por la entidad para poner en marcha las medidas de alivio: «Los beneficiarios del Icetex afectados por el terremoto no están solos. Desde la entidad los estamos acompañando con acciones reales”

Un nuevo choque político sacudió las redes sociales y dejó en evidencia las divisiones internas del Pacto Histórico, tras un enfrentamiento público en la red social X entre los senadores Carolina Corcho e Iván Cepeda por diferencias en torno a un proceso judicial relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La controversia comenzó cuando Corcho recriminó abiertamente a varios congresistas de su propia bancada por apoyar una proposición que, a su juicio, podría dilatar el caso y propiciar la impunidad, subrayando que hay líneas éticas inquebrantables y que guardar silencio ante este panorama vulneraría los principios del movimiento frente a los derechos de los campesinos, las víctimas de masacres y los defensores de derechos humanos.

​La reacción de Cepeda no tardó en llegar; el legislador rechazó los señalamientos de su coequipera invocando su amplia trayectoria en la lucha contra crímenes de Estado y recordando que lleva 14 años impulsando acciones legales contra el exmandatario junto a afectados de El Aro y familiares de Jesús María Valle, además de defender la competencia de la Fiscalía en el caso.

 Asimismo, le exigió a Corcho apartarse de los cuestionamientos que, según él, imitan los ataques de la extrema derecha contra los investigadores, cerrando su réplica con una dura interpelación sobre los límites de la ambición política, lo que refleja las profundas discrepancias en la colectividad sobre la estrategia a seguir ante este trascendental escenario judicial.

Bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, se lleva a cabo en Barranquilla un nuevo consejo de ministros en el que los jefes de las diferentes carteras exponen las principales necesidades de sus sectores.

 Durante el encuentro, uno de los ejes centrales de la discusión es la propuesta de realizar un recorte de 21.9 billones de pesos al gasto público previsto para el año 2026, una medida con la que el Ejecutivo busca ajustar las finanzas estatales mientras evalúa las prioridades presupuestales de la administración nacional.

Fin de la ‘Paz Total’: Gobierno de Abelardo De la Espriella entierra los diálogos con disidencias y Los Pachenca

El GobiernoNacional, bajo la administración del presidente Abelardo De la Espriella, dio por concluidos de manera formal los tres espacios de conversación que se mantenían vigentes bajo la política de la llamada ‘Paz Total’. Por medio de nueve resoluciones firmadas el 28 de agosto de 2026, el Gobierno marcó un giro drástico respecto al modelo de negociación heredado del mandato pasado, clausurando los puentes de diálogo con las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), autodenominadas ‘Los Pachenca’.

​Las medidas adoptadas implican la supresión inmediata de los instrumentos jurídicos y políticos que habilitaban los acercamientos. En el caso del grupo liderado por ‘Calarcá’, la administración fundamentó la medida en una evidente carencia de voluntad de paz, procediendo a desmontar los reconocimientos de sus delegados y a retirar a los representantes oficiales de la mesa. Paralelamente, el proceso con la CNEB sufrió el mismo desenlace tras concluirse que el escenario carecía de las condiciones mínimas requeridas, lo que derivó en la revocatoria de las credenciales de sus portavoces, entre ellos Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cerrando así un capítulo clave de la anterior agenda de pacificación.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional intensificaron la búsqueda de Naín Pérez Toncel, alias «Bendito Menor», máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada («Los Pachenca»). Las operaciones se extienden por Magdalena, Cesar, La Guajira y el mar Caribe, donde el delincuente se moviliza en lanchas rápidas para intentar evadir el espacio colombiano.

Para contrarrestar su fuga, la ofensiva cuenta con apoyo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos que permite intervenir las comunicaciones de la estructura criminal. No obstante, los uniformados han enfrentado obstáculos debido a las redes de apoyo comunitario que alertan los movimientos de las tropas. Ante esto, las autoridades endurecieron las tácticas bajo la directriz de capturar al cabecilla o neutralizarlo junto a su anillo de seguridad si opone resistencia, mientras la organización sigue delinquiendo en la región a través del narcotráfico, la extorsión y los préstamos gota a gota.

Un intenso cruce de declaraciones en la red social X ha sacudido la arena política nacional, enfrentando al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y al expresidente Gustavo Petro a raíz de un encuentro sostenido con el embajador rabino Yehuda Kaploun, Enviado Especial de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. La polémica se desató luego de que el jefe de la cartera ministerial asegurara que los colombianos de fe judía deben sentirse seguros, protegidos y con la garantía absoluta de ejercer su religión y su vida comunitaria sin temor a ser agredidos, perseguidos o estigmatizados.

La postura del alto funcionario motivó una dura réplica por parte del exmandatario Petro, quien sostuvo que en el país existe plena libertad de cultos sin que esto deba romper la Constitución, recalcando que no se persigue el pensamiento ni la expresión. En su pronunciamiento, el ex jefe de Estado enfatizó que «ni el genocidio es de semitas, porque se hizo contra semitas palestinos, ni denunciar el genocidio es antisemitismo», agregando además duros cuestionamientos al señalar que «ocultar y apoyar el genocidio en Gaza es de Nazis».

La respuesta del ministro Lara no se hizo esperar y reprochó los señalamientos de su antecesor, aclarando que su mensaje se centraba estrictamente en los ciudadanos colombianos y en su protección constitucional. «Usted tergiversó esa garantía para disfrazar otra tesis: que un colombiano de fe judía solo merece protección si usted aprueba lo que hace el Estado de Israel», aseveró Lara, quien también recordó declaraciones previas donde se vinculaba al gobierno con intereses extranjeros y se relacionaban situaciones internas con proyectos geopolíticos. El actual ministro concluyó advirtiendo que condicionar la protección de compatriotas judíos a políticas exteriores equivale a desconocerlos por su fe, calificando dicha postura como un acto de antisemitismo.