Categoría: Política Nación

En cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y como parte de las acciones para recuperar la seguridad y fortalecer el control migratorio en el territorio nacional, Migración Colombia impuso medida de expulsión a cinco ciudadanos extranjeros en Bucaramanga, Santander.

Cuatro fueron objeto de medida de expulsión por representar un riesgo para la seguridad nacional, con antecedentes de múltiples comparendos por porte armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a la autoridad, consumo de estupefacientes en lugares no habilitados y situaciones que fueron objeto de verificación previa por parte de las autoridades competentes.

Los procedimientos se desarrollaron en coordinación con la Policía Nacional y la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior, en el marco de las labores de verificación y control adelantadas por las autoridades.

Mientras que a un quinto ciudadano se le impuso la medida, como pena accesoria, luego de cumplir una condena en territorio colombiano por el delito de extorsión agravada, y quien fue detectado por la autoridad migratoria cuando gestionaba un trámite.

El director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria, destacó la articulación con la Policía Nacional y reiteró el compromiso de la autoridad migratoria con la seguridad del país.

«Estamos cumpliendo las instrucciones del Presidente de la República y trabajando como un solo cuerpo, con las diferentes autoridades, para recuperar la seguridad en el país. Estos operativos se realizan en coordinación con la Policía Nacional, hacen parte de nuestras labores rutinarias de control y verificación y tienen como propósito adelantar acciones de seguridad dentro del marco de las competencias de la autoridad migratoria».

Migración Colombia anunció que continuará fortaleciendo los controles migratorios en las fronteras y demás puntos de ingreso y salida del país, mediante acciones de verificación, identificación y coordinación con la Fuerza Pública y las autoridades competentes.

La entidad reiteró que estas actuaciones se desarrollan en el marco de las competencias de la autoridad migratoria y tienen como propósito contribuir a la seguridad, el orden y el control del territorio nacional, con pleno respeto por la Constitución, la ley.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó con dureza frente al proyecto de presupuesto nacional para 2027 radicado por la nueva administración, señalando que las cifras presentadas por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dejan al descubierto una profunda contradicción fiscal. Para el exmandatario, lo que en julio pasado se vendió ante los medios como una drástica reducción del gasto público no fue más que un discurso mediático, pues la propuesta actual trepó hasta los 634,9 billones de pesos, superando en 52,9 billones el monto que su propio gobierno había dejado estructurado.

«La anunciada reducción del presupuesto Nacional presentado en julio pasado por 575.6 Billones de pesos, con la supuesta reducción del gasto público, no fue más que un anuncio para los titulares de medios. Presenta el nuevo gobierno un presupuesto de 635 Billones, con un incremento de 52.9 Billones respecto al presentado por el Gobierno Petro y se derrumban todas las falacias que habían expresado», dijo Petro en X.

en su pronunciamiento, el expresidente Petro cuestionó que el pilar fundamental de esta nueva hoja de ruta sea un endeudamiento desmedido para cubrir las necesidades inmediatas y los costos asociados a la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto. «Deuda, Deuda, es el coro con que actúan los actuales funcionarios del Ministerio de Hacienda», sentenció el exjefe de Estado, al advertir que mientras su administración logró estabilizar la deuda pública del 60,7% al 57,9% del PIB entre 2022 y 2026, los actuales planes amenazan con dispararla hasta el 66,2%.

Frente a esto, criticó que se margine la alternativa de una reforma tributaria progresiva enfocada en las altas rentas y patrimonios, apostando en su lugar por un modelo que, a su juicio, socializa el ajuste en toda la población y asfixia la inversión social.

Una profunda controversia sacude por estos días a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Un grupo significativo de profesionales vinculados a la entidad ha realizado denuncias públicas en las que aseguran estar recibiendo presiones por parte de la nueva administración para ceder sus contratos laborales de manera anticipada y sin justificaciones de peso.

​La situación, que rápidamente empezó a circular a través de diversas plataformas digitales, se produce en medio de las directrices impulsadas por la gestión de Abelardo de la Espriella orientadas a revisar y modificar la contratación heredada de la administración pasada. Los afectados sostienen que esta directriz representa una vulneración a sus derechos laborales, subrayando que la medida carece de argumentos sólidos o de un proceso formal de evaluación.

​»Es una falta de respeto que hoy pretendan que cedamos nuestros contratos sin ninguna justificación basados en ningún argumento. ¡Respeten el trabajo y los contratos!», manifestaron los contratistas a través de un pronunciamiento conjunto que refleja el malestar generalizado dentro del organismo.

​De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, la medida pone en inminente riesgo la estabilidad laboral de decenas de expertos que han dedicado años de servicio a la entidad. Asimismo, los denunciantes advierten que estas acciones no solo afectan el bienestar personal y familiar de los profesionales involucrados, sino que también podrían poner en entredicho la continuidad técnica y operativa de los procesos misionales que adelanta la Agencia en las regiones.

​Hasta el momento, la nueva dirección de la ANT no ha emitido una respuesta oficial frente a estos señalamientos, mientras crece la expectativa sobre el futuro de los vínculos laborales de los empleados que cuestionan la legalidad y el trasfondo de estas solicitudes de renuncia masiva

El presidente Abelardo de la Espriella respondió de manera contundente al clamor de Lucas Francesco Murillo García, un niño cucuteño de 7 años cuyo desgarrador llamado de auxilio conmovió al país tras advertir sobre las trabas de su EPS para acceder a tratamientos médicos vitales.

«He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente.

No podemos permitir que un niño tenga que decir “yo no me quiero morir” para que el sistema responda», expresó el jefe de Estado en la red social X.

A través de su cuenta en X, el mandatario anunció que dio una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se ponga personalmente al frente del caso, ubique a la familia y garantice los exámenes y la atención especializada que requiere el menor, enfatizando que la vida de un niño no puede quedar atrapada en trámites.

«Ministra @AnaVesga_G: ubique a su familia, revise de inmediato su situación con la Nueva EPS y garantice que reciba los exámenes, tratamientos y la atención especializada que requiera. La vida de un niño no puede quedar atrapada entre trámites y autorizaciones», puntualizó De La Espriella.

Con un mensaje de apoyo directo que recalca que «Lucas, no estás solo», la intervención presidencial busca destrabar la situación administrativa que angustiaba a su madre y asegurar una pronta respuesta del sistema de salud.

En un conmovedor acto desde Cali, el presidente Abelardo De La Espriella, en alianza con la constructora Marval, anunció la entrega de cuatro viviendas completamente amobladas a familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026.

​El caso más sentido de esta jornada es el de Ana María Saavedra, la única sobreviviente de su núcleo familiar tras el colapso del edificio Limonar, una tragedia en la que perdió a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, y a sus hermanitas, incluyendo a su trilliza Isabel y a Sofía. Mientras Ana María continúa recuperándose de una cirugía de pelvis en una clínica de la ciudad, su prima Daniela Tangarife asistió en su representación para recibir las llaves de su nuevo hogar.

​La iniciativa solidaria también extiende este nuevo comienzo a otras víctimas de la emergencia: Diana Marcela Troncoso, quien sobrevivió tras pasar más de 24 horas atrapada bajo los escombros del mismo edificio, así como Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez, quienes perdieron sus hogares a causa del sismo. La jornada se vio además conmovida por un gesto espontáneo, cuando una pequeña se acercó al mandatario para pedir una vivienda para su madre, logrando el compromiso presidencial y de la constructora para hacer realidad su sueño.

El Ministerio de Educación, liderado por la ministra Viviane Morales, ha puesto sobre la mesa un proyecto de decreto que propone un cambio profundo en la contratación y operación de los colegios públicos en el país, permitiendo que terceros participen en la administración de las instituciones oficiales.

 Dentro de estas modificaciones, la propuesta establece que las entidades territoriales certificadas mantendrán su rol de prestadoras del servicio cuando contraten a un operador externo, actuando este último como un colaborador vigilado y dirigido por el Estado, sin sustituirlo en su responsabilidad principal.

 Asimismo, la normativa plantea incorporar la jornada única como un principio rector fundamental que las entidades territoriales deberán procurar implementar, asegurando que se cuente con la infraestructura, los docentes y las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo. Adicionalmente, el proyecto introduce principios clave como la accesibilidad, la eficiencia, la calidad, la diversidad, la oportunidad, la planeación y la reducción progresiva, destacando que la contratación para atender insuficiencias no será una solución permanente, sino una herramienta temporal que debe ser reemplazada de manera gradual mediante soluciones de fondo que fortalezcan la capacidad y la infraestructura de la red educativa oficial.

En el II Congreso Nacional de Derecho & Empresa, que tuvo lugar en Montería y contó con la intervención de Lina Long Play, Jhonny Hoyos y Martina La Peligrosa, se dedicó un espacio a la música cordobesa. Los tres artistas formaron parte del panel titulado “Córdoba Suena: cuando el talento se convierte en compañía”, que se centró en las oportunidades, retos y vivencias que hay tras una carrera artística.

La reunión posibilitó tratar la música no solamente como expresión cultural, sino también como una actividad con el potencial de crear empleo, emprendimiento y nuevas oportunidades económicas. Los artistas participantes pretendían demostrar cómo el talento originario de Córdoba puede transformarse en proyectos sostenibles cuando se une con creatividad, educación y visión de negocio.

El Consejo Nacional de Estupefacientes emitió la Resolución 0006 del 18 de agosto de 2026, con la cual el Gobierno derogó la normativa de 2015 que suspendía la aspersión aérea con glifosato para cultivos ilícitos.

Pese a dejar sin efecto dicha prohibición, el documento oficial especifica que la medida no autoriza una reanudación automática de las fumigaciones y prohíbe de forma temporal las operaciones con aeronaves tripuladas hasta cumplir con estrictos protocolos legales.

Para reactivar formalmente el programa, el Ejecutivo debe cumplir con los mandatos de la Corte Constitucional, lo que incluye la expedición de un Plan de Manejo Ambiental General por parte de la Anla y el agotamiento de la consulta previa con comunidades étnicas.

Para fundamentar la decisión, el Gobierno respaldó la medida en nuevas evaluaciones toxicológicas internacionales de agencias como la ECHA, la EFSA y la EPA, aunque la fumigación aérea permanece supeditada al cumplimiento de rigurosas exigencias técnicas, sanitarias y ambientales.

En un hito histórico para la normalización de pagos y la garantía en la atención de sus 11,3 millones de afiliados, la Nueva EPS postuló más de un billón de pesos ante la ADRES con el fin de fortalecer el flujo de recursos hacia su red de prestadores. La gestión, liderada por el nuevo agente especial interventor Dr. Roberto Solano Navarra, permitió postular un total de $1.079.792.459.306 millones durante la última semana de agosto para el beneficio de 1.913 prestadores de servicios de salud en todo el país.

Como parte de esta estrategia inédita, la entidad postuló por primera vez el 100% de lo radicado por las Instituciones del Régimen Subsidiado (1.555 IPS), lo que representa un giro récord de $997.067.152.386 millones priorizando a gestores farmacéuticos y a la red hospitalaria pública y privada. A esto se suman otros $82.725 millones postulados para el giro a 358 prestadores del Régimen Contributivo, consolidando así el primer gran resultado de la nueva administración para sanear las finanzas y recuperar la confianza de la red prestadora.

A través de sus redes sociales, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, dio a conocer que «el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado», una decisión motivada por los recientes hechos anunciados por la Fiscalía General de la Nación.

Ante este cambio en las medidas de protección, Tarazona expresó su reconocimiento a los uniformados de la Policía Nacional y a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estuvieron a cargo de su custodia durante el último año. «Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron», manifestó, destacando además que, a pesar de las circunstancias y la necesidad de ajustar el esquema, «la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales».