Categoría: Política Nación

Con un respaldo ciudadano masivo, el Comité Promotor del Referendo por la Autonomía Fiscal entregó hoy 3.331.500 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este paso inicial abre la puerta a un cambio trascendental en el modelo fiscal de Colombia, permitiendo que las regiones gestionen directamente los impuestos que generan.

Un respaldo ciudadano importante

Con 3.331.500 millones de firmas recolectadas, el referendo no solo supera ampliamente el umbral de 2 millones requerido por la ley, sino que envía un mensaje claro: la urgencia de una transformación fiscal. Los promotores aseguran que este es el primer paso hacia un modelo más justo, donde las regiones tengan la autonomía para atender sus propias necesidades con los recursos que generan.

El referendo busca modificar el artículo 298 de la Constitución, otorgando a las regiones la capacidad de administrar impuestos clave como renta y patrimonio, reduciendo la dependencia de las transferencias nacionales. Este cambio promete fortalecer las finanzas regionales y equilibrar la distribución de recursos en el país.

Lo que sigue tras la radicación de las firmas

Con las firmas ya en manos de la Registraduría Nacional, el proceso avanza a una fase crucial: la validación. En las próximas semanas, la Registraduría verificará que las firmas cumplan con los requisitos legales y se alcance el umbral mínimo. Una vez validado este paso, el proyecto será remitido al Congreso de la República para su debate, donde se decidirá si procede.

Si el Congreso da su aprobación, la Corte Constitucional será la encargada de revisar que el contenido del referendo esté en línea con la Constitución. De obtener luz verde en estas instancias, el presidente de la República deberá fijar la fecha para que los colombianos acudan a las urnas en 2025 y decidan el futuro de esta histórica propuesta.

«Buscamos modificar la Constitución para que sean los departamentos de Colombia los que recauden los impuestos de renta y patrimonio. Lo que se genere en las regiones, debe quedarse en las regiones. No se puede seguir tomando decisiones desde un escritorio frío en la capital, desconociendo las realidades del Amazonas, la Guajira o Putumayo. Es hora de que las regiones asuman los recursos y las funciones que les corresponden. Este es el primer paso, con el respaldo de los ciudadanos, ahora debemos llevar la discusión al Congreso para definir cómo se realizará este cambio fundamental.», señaló Juan Guillermo Zuluaga, vocero del comité.

La iniciativa surge como respuesta a décadas de centralismo que han limitado el desarrollo de las regiones. Aunque recientes reformas al Sistema General de Participaciones (SGP) han introducido ajustes, los promotores del referendo aseguran que estas medidas no son suficientes para garantizar una independencia fiscal real.

“Este no es solo un cambio técnico, es una apuesta por la equidad y el desarrollo de nuestras regiones. Las decisiones deben tomarse desde los territorios, con los recursos que ellos mismos generan”, aseguro Paola Rivera, vocera del comité.

El proceso apenas comienza y los ojos de Colombia estarán puestos en los próximos pasos. Este referendo no solo busca una reforma fiscal, sino un nuevo pacto entre las regiones y el Gobierno Central, donde la autonomía y la justicia fiscal sean los pilares del futuro del país.

Con ocasión de los recientes hallazgos de restos humanos, en La Escombrera de Medellín, tras la excavación de los equipos forenses y antropológicos dirigidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado donde defendió a capa y espada la Operación Orión, llevada a cabo durante su primer gobierno y que según el exmandatario permitió la recuperación de esta zona.

Uribe Vélez señaló que cuando inició su gobierno en agosto de 2002, la Comuna 13 de Medellín estaba controlada por la guerrillas del ELN, las FARC y los paramilitares. Por esa razón, dijo, decidió que el Ejército y la Policía materializaran la Operación Orión, la que, según él, permitió que se recuperara la zona, disminuyera la delincuencia y pudieran regresar las personas desplazadas.

«La comuna 13 estaba controlada, asesinada y secuestrada por grupos terroristas (…) Era un infierno urbano donde a la Policía la sacaban a bala”, recordó Uribe. La operación permitió capturar a 23 cabecillas, 243 integrantes de estructuras criminales y decomisar armamento”.

«No fue una operación en la que entrara el Ejército a arrasar; fue con todas las instituciones, la Policía, la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el CTI y la Fiscalía”, dijo Uribe sobre la realización de la operación.

El expresidente destacó que, tras Orión, la comuna 13 experimentó una transformación social y cultural significativa: “Hoy, la comuna 13 es un centro de arte, cultura y turismo internacional. Antes era un centro de crimen, hoy es un destino que recibe más de un millón de visitantes al año”.

El líder del Centro Democrático aseguró que “la comunidad da cuenta de que la delincuencia ha arrojado cadáveres a La Escombrera desde 1978. Todavía en 2019 la comunidad pidió que cerraran el depósito de escombros, porque allí seguían arrojando cadáveres”. Además, señaló que la JEP y los gobiernos de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos han sido “indulgentes con los terroristas” y que en ellos ha primado “el sesgo contra los militares y el gobierno que presidí”

En su declaración, el expresidente Álvaro Uribe dijo también que los recientes hallazgos de restos humanos que se hicieron en La Escombrera buscarían afectar a la oposición de cara a las contienda presidencial que se avecina en el país. Señaló además que el “Petro-Santismo” solo ha aportado que el país tenga crecimiento en el crimen.

Finalmente, el exmandatario cerró su discurso diciendo que la oposición necesita ganar las elecciones de 2026, para que, según él, se recupere la seguridad y El Progreso en el país. Además, reiteró que la Operación Orión llevada a cabo en su primer gobierno fue un acto heroico. “Honor a los soldados y policías”, concluyó Uribe.

Más de un millón de colombianos se beneficiaron con estas inversiones en 2024

• Con una inversión que supera los $600 mil millones se financiaron obras de control de inundaciones, estabilización de terrenos y seguridad comunitaria.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) culmina el 2024 con un balance positivo: la finalización de 37 proyectos de infraestructura destinados a reducir el riesgo y proteger a las comunidades más vulnerables frente a los fenómenos naturales.

Con una inversión superior a $600 mil millones, estas obras benefician directamente a más de un millón de colombianos en 33 municipios de 12 departamentos del país.

Las intervenciones incluyeron el control de inundaciones, la estabilización de terrenos y la construcción de obras de contención, fortaleciendo así la capacidad de las comunidades para gestionar los riesgos, especialmente durante la temporada de lluvias. Estas iniciativas no solo incrementan la seguridad, sino que también promueven un desarrollo sostenible.

Impacto a nivel nacional

En Santander, donde se realizó la mayor inversión, se ejecutaron ocho proyectos con una inversión cercana a $195 mil millones, beneficiando a más de 364 mil personas mediante obras de control de inundaciones y estabilización de áreas críticas.

En el departamento de Magdalena, $95 mil millones fueron destinados a cuatro proyectos para mitigar el riesgo de desbordamientos. Un total de 37 mil habitantes en municipios estratégicos se beneficiaron con esta inversión.

Casanare avanzó con cinco obras valoradas en más de $80 mil millones, beneficiando a 11.964 ciudadanos.

Por su parte, Atlántico destinó $65.588 millones a cuatro proyectos que mejoraron la seguridad de 12.589 habitantes del departamento.

En Antioquia, los $45 mil millones invertidos en cuatro proyectos permitieron proteger a 319 mil habitantes.

En Sucre y Córdoba, con dos obras cada uno, se invirtieron $37.797 millones y $31 mil millones, respectivamente, logrando un impacto positivo en 32 mil personas.

Norte de Santander ejecutó cuatro proyectos por $28.599 millones, mejorando las condiciones de vida de 10.730 ciudadanos.

En Meta, un proyecto valorado en $14 mil millones benefició a 200 mil habitantes.

Otros departamentos como Bolívar, Huila y Caquetá también se sumaron al balance positivo, con inversiones que oscilaron entre $8 mil millones y $11 mil millones, transformando la seguridad de comunidades vulnerables.

Estas obras incluyeron la construcción de estructuras hidráulicas, la estabilización de terrenos, obras de contención y la mitigación de riesgos naturales, fortaleciendo la seguridad de las comunidades en áreas vulnerables.

Gracias a estas intervenciones, más de un millón de colombianos están mejor preparados y protegidos ante los eventos generados por la variabilidad climática.

En el marco de las medidas cautelares de protección de lugares de inhumación que adelanta la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en plena coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. El hallazgo se dio durante la intervención que se desarrolla por parte de los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en la zona.

Este hecho histórico es posible gracias a la acción articulada de las entidades del Sistema Integral de Paz, que dignifica la lucha de las familias buscadoras de la Comuna 13. Durante décadas, madres, padres, esposas e hijos han insistido en la necesidad de intervenir en un lugar tan complejo para la búsqueda. Hoy, sus peticiones encuentran una respuesta concreta. Se trata de un logro sin precedentes, una respuesta institucional a sus demandas y una protección tangible de los derechos de las víctimas en Colombia. La acción efectiva del Estado dignifica a las víctimas.

Los hallazgos, reportados este miércoles, ocurrieron mientras el equipo técnico removía la tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno en el área donde se desarrolla la intervención en La Escombrera. De inmediato, las labores con maquinaria fueron suspendidas y los forenses analizaron lo encontrado. La verificación permitió constatar que se trataba de estructuras óseas humanas y prendas de vestir asociadas a la búsqueda que corresponderían al menos a dos personas. Esto ocurrió en la zona noreste del polígono, por fuera del área priorizada en la fase 5, a una distancia de 2.50 metros de esta. La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención.

El descubrimiento de estructuras óseas en La Escombrera coincide con las denuncias presentadas por las organizaciones de víctimas de la Comuna 13 y de defensa de derechos humanos de Medellín, que durante dos décadas han insistido en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas en la década de 2000, periodo de agudización del conflicto armado en Medellín. En este punto de la ciudad hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. En total, en la capital antioqueña la cifra asciende a 5.912 personas desaparecidas.

Las medidas cautelares que protegen La Escombrera y los derechos de las familias buscadoras de la Comuna 13 de Medellín fueron emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento en agosto de 2020. La intervención forense, por su parte, fue finalmente ordenada por la JEP en la audiencia de seguimiento desarrollada el 25 de julio de 2024.

El polígono protegido con medidas cautelares tiene un área de 6.912 metros cuadrados. Dentro de esta zona, hay un área de 2.417 metros que fue priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas en la fase 5. Esta fase consiste en la prospección, excavación y revisión de material mediante procedimientos de tamizajes con el propósito de ubicar evidencia forense.

«Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”, les dijo el magistrado Gustavo Salazar a las víctimas durante el inicio de la intervención forense en la zona.

Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo. A cargo de este proceso hay un equipo técnico forense compuesto por una antropóloga líder, tres antropólogas profesionales, un asistente forense y un topógrafo. Además, hay otras 18 personas que trabajan en el lugar, incluyendo ingenieros, maquinistas, topógrafos, operarios, conductores y jornaleros.

Por medio de un mensaje, a través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro reaccionó este jueves a una publicación del expresidente Iván Duque, en la misma plataforma, en la que destacó el aumento del salario mínimo del 2022, durante su mandato.

Según Duque, ese año se realizó el mayor aumento real del salario mínimo de los últimos 50 años, que el actual Gobierno «no ha podido superar (…) y cual el coincidió con el año de mayor crecimiento en la historia de Colombia».

«En 2022 (fijado en diciembre de 2021), logramos el mayor aumento real del salario mínimo de los últimos 50 años, un aumento que ni siquiera los que se autodenominan «progresistas” han podido superar. Nuestro aumento coincidió con el año de mayor crecimiento en la historia de Colombia», escribió Duque en la red social.

Minutos después, el presidente Petro comentó sobre este mensaje que el «2022 no fue el año de mayor salario mínimo real de la historia sino uno en donde el salario mínimo cayó 3%. Es el año del hambre en Colombia».

Además, Petro cuestionó las cifras entregadas por Duque y lo acusó de mentir y confundir a los colombianos sobre el incremento del salario mínimo del 2022.

«Aquí la gran mentira de Duque, sobre la que es consciente, y que se comen entera algunos analistas. Confundir la norma como se busca establecer un salario mínimo, con el concepto económico de salario mínimo real. En economía no se compara el salario mínimo del año vigente, con la inflación del año pasado, sino con la del año de la vigencia del salario. Si se manejan así los datos, el año 2022 no fue el año de mayor salario mínimo real de la historia sino uno en donde el salario mínimo cayó 3%. Es el año del hambre en Colombia», escribió Petro.

Este cruce de mensajes se da dos días después de que el Gobierno Petro anunciara un incremento del salario mínimo de 9,54% que deja la cifra en 1’423.500 pesos (1’623.500 pesos con auxilio de transporte).

• Gracias a la labor articulada entre la Dirección Territorial Córdoba de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Fuerza Pública, la Procuraduría y organizaciones sociales, comunitarias, étnicas y campesinas, se llevarán a cabo nuevas intervenciones en estos municipios.

A través del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) realizado por la URT, la Policía y el Ejército Nacional dieron su aval para llegar e iniciar procesos en 14 veredas y corregimientos en Tierralta y San José de Uré, en el sur de Córdoba.

La solicitud de intervención fue realizada por Dirección Territorial Córdoba de la entidad, con el fin de atender 66 solicitudes de personas víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado de las siguientes veredas y corregimientos: Alto Juijui, Cumbia, El Mochón, La Chica y Pailitas, ubicadas en Tierralta, así como Bocas de la Cristalina, Versalles, La Cristalina, Santa Lucía, Brazo Izquierdo, Batatal, Batalito, El Cerro y La Primavera, en San José de Uré.

A la habilitación de las nuevas zonas, se suma el respaldo de la Fuerza Pública al levantamiento de la suspensión de dos solicitudes en el corregimiento Pueblo Bujo, en Montería, y de 30 solicitudes en Puerto Libertador.

En el COLR, la Unidad socializó la entrada en vigor e implementación del Decreto 1623 de 2023, el cual busca potenciar el radio de acción de la URT, con la vinculación y acompañamiento de otras entidades civiles y de cooperación internacional al proceso de restitución de tierras.
“Con más fuerza continuamos nuestra labor de llegar a los lugares de difícil acceso del departamento de Córdoba: en este caso 14 nuevas zonas ubicadas en el sur de Tierralta y en San José de Uré.

La restitución no para, porque nuestro deber está con las víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado de tierras, por lo que nos articulamos con la Fuerza Pública y organizaciones sociales, campesinas, étnicas y comunitarias para seguir avanzando en el restablecimiento de los derechos”, afirmó Jaqueline Campos Rincón, directora territorial (e) de la URT Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.

En los municipios mencionados, y tras el aval de la Fuerza Pública, la entidad adelantará el trámite administrativo contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, para dar respuesta a todas las solicitudes de restitución presentadas por los campesinos, en aras de la inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La intervención en estas áreas se llevará a cabo con la realización de jornadas sociales, de georreferenciación y comunicación sobre predios, tal como los demás escenarios de operación, que son la base para un proceso de reparación efectivo.

“Con estas nuevas zonas habilitadas, hacemos un llamado a todas las personas víctimas de despojo y/o abandono forzado a causa del conflicto armado, y que sufrieron hechos de violencia después del 1 de enero de 1991, para que presenten sus solicitudes de restitución en la oficina de la Dirección Territorial Córdoba: en la calle 66 # 5- 55, Edificio Betel, barrio El Recreo. En los horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m”, concluyó Campos.

La Dirección Territorial Córdoba de la URT también informa a las personas que tengan dudas o consultas sobre el proceso, que tienen a su disposición los canales virtuales de atención, como la línea telefónica 314 438 1078 y los correos monteria.restitucion@urt.gov.co y atencionalciudadano@urt.gov.co.

El presidente Gustavo Petro decretó en 9,5% el alza del salario mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2025, es decir un aumento de $123.500, lo que significa que la nueva asignación será de $1’423.500.

Además, el subsidio del transporte fue incrementado en $38.000, y pasó de $162.000 a $200.000, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el subsidio de transporte, queda en $1’623.500.

El anuncio fue hecho este martes por el jefe de Estado desde el Poliderpotivo del barrio Bolívar 83, de Zipaquirá, donde el mandatario participó en la Novena de Navidad con la comunidad de este municipio.

La decisión del jefe de Estado la adoptó tras agotarse la etapa de negociación directa entre las centrales obreras y los gremios de la producción, sin lograrse ningún acuerdo.

El salario mínimo que ha regido este año también fue decretado por el Presidente de la República ante la falta de consenso en la comisión tripartita de negociación, y se estableció en 12%: pasó a $1’300.000, con un auxilio de transporte de 162.000, para un pago nominal de $1’462.000.

En cambio, en las partes habían logrado acuerdos de incremento del salario mínimo en 2022 en 10%, y en 2023 de 16%, la cifra de aumento más alta en la historia de este tipo de negociaciones.

Con el nuevo incremento se benefician algo más de 2,2 millones de trabajadores en Colombia que reciben una remuneración básica, y corresponden a cerca de 10% de las personas ocupadas laboralmente en el país.

El vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas Rodríguez, afirmó en Noticias Caracol que el gobierno de Colombia sí enviará un representante a la posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero en Venezuela. También se refirió a lo que pasará con Edmundo González y la oposición venezolana.

“El gobierno de Colombia (y) muchos gobiernos de la región van a enviar a algún representante al acto de posesión del presidente Maduro. En el caso nuestro – inicialmente – está previsto que asista el señor embajador de Colombia en Venezuela Milton Rengifo”, señaló el vicecanciller.

Asimismo, Rojas señaló que el presidente Gustavo Petro está “evaluando la situación” para saber si toma la decisión de enviar algún otro funcionario.

¿Qué pasará con la posesión de Edmundo González?
Sobre la solicitud que realizó la oposición de Venezuela, en cabeza de María Corina Machado, al presidente de Colombia para que asista a la posesión de Edmundo González, el vicecanciller afirmó que esto no está previsto.

“No se ha contemplado», aunque «nosotros tenemos diálogo con la oposición venezolana, con toda la oposición también”. Sin embargo, Jorge Rojas hizo énfasis en que “Colombia quiere el diálogo para la paz política en Venezuela y el 10 de enero va a haber una posesión y estamos valorando, desde el gobierno nacional, la situación”.

En una reciente entrevista, María Corina Machado señaló que la oposición de Venezuela tiene «dudas» sobre la posición del presidente Gustavo Petro respecto a lo que sucede en el vecino país.

«(Antes) veíamos (una interlocución). Hoy en día, la verdad es que tenemos algunas dudas. Eso implica, en todo caso, partir siempre de la verdad. Para poder hacer algún tipo de interlocución, tiene que haber entendimiento de aquellos aspectos que son incontrovertibles. Uno de ellos, desde luego, es la verdad, la soberanía popular y la decisión de Venezuela de avanzar hacia la libertad. Si hay un país que se ve afectado por el desenlace y el momento del desenlace de este conflicto es precisamente Colombia», subrayó la líder venezolana.

Y, en la misma línea, invitó al presidente Petro a dar «demostraciones en criterio (…) del respeto de la soberanía popular» reconociendo a González como presidente electo de Venezuela.

México también enviará representante
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reveló este lunes que enviará una representación de su Gobierno a la investidura de Nicolás Maduro de Venezuela el 10 de enero, lo que marca la primera vez que reconoce la reelección del mandatario, rechazada por distintos gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.

La gobernante mexicana hizo este anuncio en su conferencia matutina, sin dar más detalles, cuestionada por una periodista de Telesur sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posesión de Maduro, en Venezuela, y de Donald Trump, en Estados Unidos.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general», declaró Sheinbaum en el Palacio Nacional.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), anunció la recuperación del predio San Martín, un baldío reservado de la Nación de 428 hectáreas ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Este terreno, declarado en extinción de dominio en 1994 por el antiguo Incora, había sido ocupado y comercializado de manera irregular durante tres décadas. Ahora, las autoridades trabajan para legalizar la situación y garantizar derechos a las familias campesinas que han habitado y cultivado estas tierras.

En una reunión con los actuales ocupantes del predio, liderada por el Subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, Ricardo Arturo Romero Cabezas, se notificó a la comunidad sobre la recuperación material del terreno y el inicio de un proceso para adjudicar los títulos de propiedad a quienes cumplan con los requisitos legales.

Romero aseguró: “La tranquilidad de los ocupantes del predio San Martín no fue ni será alterada. Frente a las familias vinculadas al proceso, se firmó un acta de entrega provisional con la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manizales Alto, para la custodia, conservación y explotación del predio, hasta que se titule este baldío reservado a quienes lo han venido explotando y son sujetos de reforma rural integral».

El predio San Martín está situado a 50 minutos del casco urbano de La Jagua de Ibirico, en una pendiente montañosa atravesada por las veredas Manizales Bajo y Manizales Alto. Durante años, las nueve familias campesinas que residen allí han basado su sustento en la explotación agrícola del terreno, utilizando documentos irregulares como cartas de venta y escrituras, sin saber que se trataba de un bien baldío de la Nación, cuyo destino está reservado para campesinos sin tierra.

Belkys Claro, presidenta de la JAC de Manizales Alto, celebró la intervención del Gobierno y expresó: “Gracias al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Tierras, hoy sabemos que podemos ser dueños legales de estas fincas que han sido nuestro sustento. Esto es posible por el compromiso del presidente Petro con los derechos de los campesinos».

​Con esta acción, la ANT avanza en su objetivo de fortalecer la Reforma Agraria y garantizar que las tierras baldías de la Nación sean utilizadas para beneficiar a las familias campesinas que las necesitan.

El presidente Gustavo Petro aseguró que defendería la soberanía del vecino país tras los comentarios del mandatario estadounidense electo, Donald Trump, sobre tomarse el Canal de Panamá.

Volvió a calentarse la relación entre el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro tras su amenaza sobre “recuperar” el Canal de Panamá cuando ascienda al poder. Mientras Trump aseveró que las tarifas en el paso marítimo eran “ridículas” y “exorbitantes”, el jefe del Estado colombiano defendió la soberanía panameña.

“Hasta las últimas consecuencias estaré al lado de Panamá y la defensa de su soberanía”, aseguró. Y agregó que “el presidente Trump se ha equivocado y contradicho”.

Horas antes, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, con el que el Gobierno Petro trató de afinar las relaciones después de que este dijera que cerraría el paso por el Tapón del Darién, ya había respondido a las declaraciones. A través de sus redes, afirmó que “la soberanía e independencia de [su] país no son negociables”.