Categoría: Política Nación

Luego de valorar los elementos materiales probatorios y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas que estarían implicadas en la defraudación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los demás afectados con la decisión son: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; al asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

Manrique Soacha y los demás señalados involucrados en el tramado de corrupción fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

En el curso del proceso liderado por un equipo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte suprema de Justicia se obtuvieron evidencias que dan cuenta de que el exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos.

En ese sentido, los demás investigados habrian intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados sobrecostos por 13.164 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.

El intenso contrapunteo entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por cuenta del proceso judicial en el que el ex jefe de Estado fue encontrado culpable de dos de tres delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal, continúa abierto. Lo anterior, tras el nuevo pronunciamiento del gobernante frente a lo que debería ser el papel de Uribe Vélez en honor a la verdad que, según él, quieren saber los colombianos.

Petro, al que el expresidente le pidió que sometiera a un examen toxicológico para determinar si se encuentra en condiciones de seguir oficiando como jefe de Estado, le respondió a Uribe: y entre sus propuestas está que ambos establezcan un “pacto de la verdad”, en la que acudan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); como tribunal de cierre propuesto para esclarecer la creación de grupos paramilitares y, del mismo modo, el accionar del mandatario.

No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía, ni de nadie, Ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí: estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso si me torturaron siete días», recordó Petro en la primera parte de su mensaje en la plataforma digital.

Y, en relación con otro de los temas mencionados por Uribe Vélez, el de la recepción de dinero en bolsas a su excolaborador Juan Carlos Montes, hecho que quedó registrado en un video y que se habría producido durante 2006, Petro insistió en que el caso ya fue archivado por la Corte Suprema; motivo por el cual no comprende por qué es sacado a relucir en este momento de la discusión, en la que ha propuesto que el exmandatario comparezca ante la justicia.

“La Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga (Paloma Valencia, que dio a conocer el clip) publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente, que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Así que puede usted proceder ex presidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP», reiteró el presidente.

El jefe de Estado afirmó que la coadministración del Parque Tayrona les permitirá a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta tener acceso directo al mar.

“El Parque Tayrona tiene 573.000 hectáreas, gracias a este Gobierno, que lo amplió en 173.000 hectáreas. Pero ese gran parque, hoy el más grande del Caribe, es administrado por entidades blancas, respetables. Aquí tampoco somos racistas, las razas no existen, existen etnias y culturas», manifestó.

El mandatario hizo la aseveración en el marco del acto de celebración de los 500 Años de Santa Marta, en la Quinta de San Pedro Alejandrino. En ese contexto, le impartió instrucciones a la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada Añokazi, para el trámite del respectivo convenio de coadministración.

“Aquí lo que quiero, ministra, es que el Parque Tayrona sea coadministrado con los pueblos indígenas kogui y otros pueblos del Magdalena», enfatizó.

A renglón seguido, explicó que “la coadministración no solamente es para administrar un turismo, que indudablemente llegará al Parque Tayrona, sino para garantizar el acceso al mar de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin exclusión».

En el mismo contexto, le pidió a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantar el proceso respectivo para entregar a los pueblos indígenas los predios adyacentes a la desembocadura del río Don Diego, porque se trata de un afluente sagrado y porque históricamente les pertenece a estas comunidades nativas.

“Aquí se trata de reconstruir los lazos de la historia, del ser humano y de la naturaleza. Hay que proceder institucionalmente en el Ministerio del Medio Ambiente y en el Ministerio de Agricultura, con la ANT, para que esto se vuelva una realidad», recalcó el jefe de Estado.

Finalmente, el mandatario pidió a la ANT que en esta región del país se desarrolle la Reforma Agraria para que el campesinado, los indígenas y las comunidades afro tengan acceso a la tierra fértil.

“La ANT debe tener un vasto programa de Reforma Agraria en las tierras fértiles del Magdalena, llegando al mar, de tal manera que esto sea un gana-gana y no un pierde-pierde», concluyó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó fuertes acusaciones contra el jefe de Estado, Gustavo Petro, además de involucrar en sus señalamientos al exmandatario Juan Manuel Santos. Esto a casi 24 horas de la decisión proferida por la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que lo halló responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en fallo de primera instancia.

En su cuenta de X, Uribe le dijo a Petro » Pte Petro: cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia», expresó Uribe Vélez en su mensaje, que desató una fuerte reacción en las plataformas digitales, tanto de sus simpatizantes como contradictores.

La molestia del expresidente de la República radica en lo dicho por Petro, que en un extenso mensaje mencionó su intención de que Uribe Vélez se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que cuente, según él, una verdad que si bien sería “dolorosa”, infiriendo de los supuestos nexos del ex jefe de Estado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ayudaría al país a superar la espiral violenta en la que se encuentra inmerso.

«Siempre he solicitado a la Corte Constitucional cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP, incluso, con el sometimiento de narcotraficantes. A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”, afirmó Petro en uno de los apartes de esta publicación, que desató la furia, una vez más, del veterano político antioqueño, que recibió respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

En su publicación, Petro remarcó que el punto central tras la investigación que se expuso en el Congreso, y que originó el rifirrafe judicial entre Uribe y el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, se relaciona con el surgimiento y la disolución del Bloque Metro: grupo paramilitar que tuvo su origen en San Roque, en la hacienda Guacharacas, ubicada en la región del Magdalena Medio antioqueño, y de la que fue propietaria la familia del expresidente.

«Es un tema de esclarecimiento judicial cuyo juez competente es la Justicia Especial de Paz, tribunal de cierre de la justicia de paz según los acuerdos firmados por el presidente Santos y las Farc, hoy, declaración unilateral de estado ante la ONU”, complementó Petro en su mensaje, en el que valoró la labor que, en su concepto, hizo Cepeda en búsqueda de la verdad y la derrota que sufrió en el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario.

Con información de Infobae.

Durante la madrugada de este miércoles en Cali la comunidad reportó dos explosiones en el sur de la ciudad que dejaron dos cámaras de fotomulta derribadas.

Las explosiones se dieron exactamente en la autopista Simón Bolívar con 67 y otra en la calle 14 con 80, todas al sur de la ciudad

Según testigos del hecho, hombres en moto llegaron hasta los sitios donde están ubicadas las cámaras de fotomulta y dejaron abandonados en bolsas de basura los explosivos que, minutos después, fueron activados, causando la caída de dos cámaras.

La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, informó que el segundo adolescente vinculado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay que se encontraba en un centro de emergencia del ICBF, no está judicializado, ni cumple con medida de privación de la libertad.

Por lo anterior, la entidad precisó que «el menor fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en tanto el adolescente no contaba con redes familiares en la ciudad y por tanto la autoridad administrativa determinó remitirlo al Centro de Emergencia para establecer las acciones necesarias para el restablecimiento de sus derechos».

En este sentido, el ICBF, aclaró que «estos centros de emergencia, así como los centros de protección no son medidas de privación de libertad, por lo tanto, su permanencia en el centro no corresponde a una imposición obligatoria sino a un proceso de atención.  Aun así, existen protocolos regulares de salida y de acompañamiento institucional para garantizar que siempre cuenten con adultos responsables que puedan acompañarlos. El joven adolescente prescindió de estos protocolos y no contó con voluntad de permanencia en el centro de emergencia»

Y añadieron «Una vez se reporta la situación, se activa la búsqueda del adolescente, en articulación con las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de restablecimiento de derechos. Estos protocolos se mantienen activos de manera permanente en colaboración con diferentes autoridades en todo el país».

La entidad reiteró que los procesos de restablecimiento de derechos son llevados por autoridades administrativas profesionales, autónomas y responsables,  cuyos equipos defensoriales determinan las actuaciones necesarias para el restablecimiento de derechos los niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación del Código de Infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) y toda información relacionada con sus procesos tiene una reserva legal.

Finalmente el Bienestar familiar hace un llamado a los medios de comunicación y a los periodistas a ejercer su labor con responsabilidad, recordando que la protección integral de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés informativo. Esto implica abstenerse de difundir información que pueda vulnerar su intimidad, dignidad o derechos fundamentales.

Ante un juez de la República, Silvana Torres, la mujer de 20 años capturada por el asesinato de su hija, de 2 años, negó los cargos imputados por homicidio agravado.

Los hechos ocurrieron el 26 de julio en un apartamento ubicado en el barrio San Sebastián, en Manizales (Caldas), donde la niña fue atacada con un arma blanca a la altura del cuello.

Gravemente herida, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Caldas, donde murió minutos después, a pesar del esfuerzo de los médicos.

Posteriormente, tras atacar con el arma blanca a su hija, Silvana Torres trató de quitarse la vida, autolesionándose con el mismo cuchillo. Al igual que la niña, fue llevada al Hospital Universitario de Caldas, donde la pusieron a salvo.
Desde ese momento, se han tejido diferentes hipótesis al respecto. Por ejemplo, que Silvana habría cometido el crimen en medio de un ataque de rabia, luego de supuestamente haber terminado la relación sentimental que mantenía con el padre de la niña.

De hecho, se alcanzó a mencionar un supuesto caso de violencia intrafamiliar.
En medio de las versiones que han surgido alrededor de este caso, habló Paula Sánchez, secretaria de Gobierno de Manizales.

La funcionaria de la Alcaldía de Manizales entregó unas declaraciones que, sin duda, podrían cambiar el rumbo de la investigación.

“Dentro de las hipótesis se ha descartado, en un primer momento, un caso de violencia intrafamiliar o de violencia de género, contra la mujer, o contra la niña, de manera previa, porque no hay una denuncia”, dijo Sánchez a través de un video compartido por Noticias RCN.

También se conoció una declaración que Silvana entregó en la Clínica San Juan de Dios, donde era atendida antes de ser enviada a prisión.

La joven habría entregado una declaración a los profesionales de salud mental que ahora forma parte del proceso judicial. “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, afirmó. En el informe clínico también se consigna que la joven manifestó tener “muchas cosas en su cabeza” y reconoció que su hija no era culpable de nada.

Este lunes 28 de julio, continuaron las diligencias judiciales, con la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Aunque la joven no tiene antecedentes penales ni se tienen registros de tratamientos psiquiátricos previos, su defensa anunció que alegará inimputabilidad, es decir, que al momento del hecho no era consciente de sus actos.

Vía: semana.com

En su cuenta de X el jefe de Estado manifestó, en alusión a una declaración hecha por representantes del gobierno estadounidense sobre el sentido de fallo judicial emitido en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que “cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje, que no permitimos».

En su mensaje enfatizó que “este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del gobierno».

Respecto a la decisión de la Jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, expresó que “ha actuado libremente». Y destacó que “es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia. Por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia».

Hizo un llamado a los “simpatizantes o no del expresidente Uribe (que) deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabia».

Y también criticó a un sector de la prensa por “presionar a la juez para obtener un resultado político y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez, como hacen las mafias».

La Unidad Nacional de Protección reforzará el esquema de seguridad de la jueza Sandra Heredia tras su decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe. La Policía apoyará el fortalecimiento del esquema, que se materializaría hoy, tras una petición verbal de la jueza a la entidad, argumentando que ha recibido amenazas a través de redes sociales.

“En este momento hay una nueva solicitud que se había hecho de manera verbal, pero que ahora se está consolidando documentalmente. De esa manera, la Unidad Nacional de Protección reforzará las medidas de protección para ella, analizando la situación y los hechos sobrevenidos relacionados con él. El mismo proceso judicial acaba de terminar una fase, y por lo tanto hemos conversado con la Policía para que también nos apoye”, dijo el director.

La jueza tiene un nivel de riesgo extraordinario, según la evaluación de la UNP.

Cabe mencionar que los jueces penales del circuito con función de conocimiento de Bogotá respaldaron a la jueza. Carlos Chaparro, juez de Bogotá, hizo ayer un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que se refuerce su esquema de seguridad.

En respuesta, la UNP, a través de un comunicado, informó que Heredia ya cuenta con protección. Sin embargo, debido a una solicitud hecha por ella el 11 de febrero de este año, la entidad evaluará los hechos sobrevenidos para tomar una decisión.

¿Por qué la jueza Sandra Heredia considera que el papel de Álvaro Uribe habría sido de determinador?

Fuente: bluradio.com

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con la alcaldía de Tierralta, el Ejército Nacional y con el apoyo de la comunidad, instaló un puente metálico modular semipermanente en la vereda San Clemente, en el departamento de Córdoba.

Esta acción responde a la emergencia que se registró el 26 de abril de 2025, cuando el puente de concreto que cruzaba la quebrada Tay colapsó por socavación, producto de una creciente súbita derivada de las fuertes lluvias.

La caída del puente dejó incomunicadas a más de 39.000 personas, pertenecientes a cerca de 90 comunidades rurales del municipio de Tierralta, generando afectación en la movilidad local.

El nuevo puente modular, que tiene una longitud de 51,81 metros, permitió recuperar la conexión entre la zona urbana del municipio y la vereda San Clemente, garantizando el paso seguro de personas, insumos, vehículos y servicios esenciales. Además, restableció la economía agrícola y ganadera de la región.

Esta intervención no solo restablece una infraestructura crítica para las comunidades rurales del sur de Córdoba, sino que representa el compromiso institucional por actuar con eficiencia frente a las emergencias.