Categoría: Política Nación

«La plenaria del Senado le abrió paso para sanción presidencial al proyecto de ley que endurece la legislación para bajarle el tono a los abusadores del ruido».

Con ponencia favorable de la senadora Andrea Padilla Vargas se establece una normativa que combate a quienes abusan del ruido afectando el bienestar de los ciudadanos y los ecosistemas.

Las multas serán el castigo a los abusadores del ruido. Al ser sancionada la ley al respecto, la legislación tendrá las herramientas para atender un problema de salud pública y que genera a diario quejas de residentes en las urbes del país.

La nueva legislación pretende establecer herramientas y lineamientos para la formulación de una Política de Calidad Acústica en el país, garantizando un ambiente libre de los impactos nocivos del ruido.

El articulado del proyecto establece la importancia de proteger a la flora y fauna, especialmente a las aves que habitan en las zonas verdes de las ciudades y municipios, de los efectos adversos del ruido excesivo. La exposición de motivos del proyecto detalla que las ciudades más ruidosas de Colombia son las que más se beneficiarían de esta regulación.

En zonas residenciales, para ilustrar, está prohibido sobrepasar los 65 dbA durante el día, y 55 en la noche (decibelios ponderados A). Pero en ciertas zonas, aunque residenciales, el tráfico, las motocicletas con escapes modificados y las festividades son algunas de las fuentes de ruido que contribuyen a esta problemática.

El proyecto de ley, liderado por el representante a la Cámara Daniel Carvalho, del partido Verde Oxígeno, fue el resultado de más de dos años de trabajo en colaboración con ciudadanos, expertos e instituciones, de acuerdo a lo que informó el mismo congresista.

Según Carvalho, en el país resultaba necesario reorganizar las 17 leyes nacionales que actualmente regulan el ruido, las cuales estarían dispersas y eran confusas.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio al representante a la Cámara por la circunscripción especial afro, Miguel Polo Polo, tras ser denunciado por injuria por el exsenador Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social ( DPS).

El proceso judicial, liderado por el magistrado Marco Antonio Rueda, se originó a raíz de una denuncia presentada por Bolívar, quien denunció a Polo Polo por comentarios publicados en sus redes sociales. En dichos mensajes, el congresista dijo que Bolívar es responsable de los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos, y de financiar a la denominada ‘primera línea’, grupo señalado por el congresista de haber cometido delitos durante el paro nacional de 2021.

Aunque la Corte los llamó a conciliar, no fue posible y por eso el proceso contra Polo avanzó. Y ahora, la Sala de Instrucción lo llamó a juicio por injuria, haciendo énfasis en que el congresista está usando medios masivos para hacer afirmaciones falsas y que afectan la honra de Bolívar.

La Corte Suprema asignó a la magistrada Cristina Lombana como ponente en el proceso contra el senador por Córdoba, Julio Elías Chagüi por presunto direccionamiento de contratos en Sahagún, un caso que se desprende de la investigación por el escándalo de la UNGRD.

Entre las pruebas allegadas a la Corte se encuentran chats entre Julio Elías Chagüi y Sneyder Pinilla, que sugieren un presunto direccionamiento de contratos. En particular, se menciona uno por un monto de hasta 28.000 millones de pesos para la ejecución de obras en Sahagún, Córdoba. Además, se destaca una reunión en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en la que habría participado el exministro Luis Fernando Velasco.

De acuerdo con la investigación, los señalamientos contra Chagüi Flórez, basados en los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, involucran reuniones con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en las que se habrían discutido votos a cambio de contratos. La investigación también apunta a una reunión entre Chagüi y López en el Café Vienés del Hotel Tequendama en Bogotá, donde se habría acordado que el senador recomendaría contratistas para un proyecto en Sahagún, relacionado con obras de protección contra inundaciones en la zona, y en donde López le habría presentado a Sneyder Pinilla, quien, al parecer, siguió en contacto con el congresista de Córdoba

Según testimonios, anexos en el proceso de la Corte, el 4 de diciembre de 2023, el congresista Julio Elías Chagüi Flórez habría sostenido una reunión en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde estuvo presente el exministro Luis Fernando Velasco. En este encuentro, se habría discutido un presunto acuerdo relacionado con votos a cambio de contratos, en el cual Chagüi Flórez sería señalado como el vocero de un grupo de congresistas de la Comisión Primera del Senado. Durante la conversación, también se habría abordado la disposición de recursos por cerca de 30.000 millones de pesos, provenientes de Invías, para ser gestionados por el senador Chagüi Flórez en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de definir qué proyectos recibirían los fondos.

Aunque la Corte no encontró mérito en las pruebas para vincular a Chagüi con la presunta comisión de cohecho impropio en esta fase del proceso, es decir, con el proceso que se encuentra en curso contra los otros seis congresistas frente a la Comisión de Crédito Público, las investigaciones continúan en otro radicado diferente al de los seis congresistas salpicados por el escándalo de la UNGRD, quienes en las últimas dos semanas han asistido a la Corte.

A través de su cuenta de Twitter, el senador del partido de la U , Antonio Correa hizo un llamado a la Plenaria del Senado para que no se dilate más la discusión del proyecto de ley 220 que busca sacar de la facturación de energía el cobro del alumbrado público y de aseo en la Costa Caribe.

«Muchos diciendo que están preocupados por la Costa Caribe, pero a la hora de llevar soluciones reales no están para completar el quórum», expresó el congresista al término de la sesión plenaria en la que se discutía sobre este proyecto de ley, el pasado 10 de diciembre en el Senado de la República.

Y añadió, Será por lo que propone mi proyecto de ley que algunos no lo quieren votar? ¿Toca muchos intereses este proyecto de ley?.

De acuerdo con la exposición de motivos, la ley busca :
* No al cobro del alumbrado público, aseo y otros en la facturación de energía.

* No al cobro de alumbrado público, aseo y otros en la facturación de energía, ni en ninguna factura para los estratos 1 y 2.

* Existirá una tarifa unificada, reglamentada por el Ministerio de Energía y regulada y estandarizada por la CREG.

* Además que las operaciones privadas de servicios públicos tengan una excelente atención para generar una cultura de pago.

* No más arandelas en la factura de energía para obligar a los ciudadanos a pagar por un pésimo servicio.

* La facturación alterna deberá ser asumida por la empresa privada, demostrando un excelente servicio.

Con el voto de 17 senadores y de 30 representantes a la Cámara el proyecto de Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria, presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, fue aprobado este martes en primer debate por las comisiones primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

“Pese a las diferencias y a las perspectivas opuestas que podamos tener, encontramos un camino que nos acerca a un acuerdo, que es recuperar ese campo productivo y en paz que nos permita hacer de la agricultura en Colombia un motor de la economía», enfatizó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, al conocer el resultado de la votación de la iniciativa.

En el mismo contexto, la titular de la cartera del agro destacó que con esta decisión “el Congreso ha reconstruido el derecho agrario y nos permite decirles a los colombianos que se va a administrar justicia con la posibilidad de entender el campo más allá de la guerra, como un campo productivo, de suelo fértil que puede producir alimentos para el país y para el mundo».

Sobre el particular, la senadora Paloma Valencia reconoció el esfuerzo de la ministra Carvajalino y de los coordinadores ponentes por construir el proyecto de Jurisdicción Agraria Ya, con el apoyo de todas las fuerzas del Congreso.

«Permitieron un diálogo franco y la creación de un proyecto conjunto. Este es un ejemplo de lo que se puede lograr por un país. Es mejor un proyecto en el que todos quedamos tranquilos», dijo la congresista.

La Jurisdicción Agraria salda una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana y ratifica la voluntad del Gobierno por cumplir los mandatos del Acuerdo Final de Paz. Además, es un logro del campesinado colombiano y se suma al conjunto de reformas que se adelantan en favor de las comunidades campesinas y rurales del país.

Esta jurisdicción les otorga poder a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país.

De igual manera, ayudará a  resolver conflictos relacionados con la definición de derechos sobre predios agrarios, servidumbres agrarias, acciones de nulidad agraria sobre los actos de la Agencia Nacional de Tierras, lanzamientos por ocupaciones de hecho de predios agrarios, uso de recursos comunales en predios agrarios, uso del suelo rural y contratos agrarios, entre otros.

Con la aprobación en las comisiones conjuntas, el proyecto ahora debe pasar a debate en las plenarias de Senado y Cámara para completar su trámite.

Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, jefe del frente de mayor facción disidente del Estado Mayor Central (EMC); Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, jefe del frente de guerra oriental del ELN; José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, segundo al mando del Clan del Golfo; y otros 75 cabecillas de organizaciones criminales son el objetivo de la Operación Themis 2.0, puesta en marcha por el Gobierno nacional para llevarlos ante la justicia.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al presentar la estrategia desplegada por la Fuerza Pública para defender a la ciudadanía, proteger los derechos humanos y prevenir actos que atenten contra el bienestar público o interfieran en los esfuerzos de paz en todo el territorio nacional por parte de grupos armados criminales.

La Operación Themis 2.0 es la continuación de un plan implementado hace nueve meses con el objetivo de capturar a 363 miembros de organizaciones criminales responsables de asesinatos de líderes comunales, defensores de derechos humanos, desmovilizados y firmantes de paz. Hasta la fecha, se han detenido a 119 de las personas priorizadas en 270 días, logrando un promedio de un capturado cada 48 horas.

Entre los detenidos, hay 30 miembros de las disidencias y 27 del Clan del Golfo, lo que ha contribuido a una reducción del 6,4 % en los homicidios de defensores de derechos humanos y del 28,6 % en los asesinatos de firmantes de paz en lo que va de 2024.

Esta nueva fase de la Operación Themis se extiende a miembros de nuevos carteles. Las listas de los más buscados se ampliaron con más nombres, aunque se han priorizado 78 cabecillas de estas organizaciones criminales, por quienes se ofrecen recompensas de hasta 3.328 millones de pesos (equivalentes a 2.560 salarios mínimos mensuales legales).

‘Iván Mordisco’, quien encabeza las nuevas listas, es uno de los tres máximos cabecillas por quienes se ofrecen más de $3.000 millones. El jefe del EMC tiene siete órdenes de captura por los asesinatos de 16 líderes indígenas, un líder campesino y diez firmantes de paz.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando no solo en la prevención del homicidio, sino también en que las investigaciones permitan identificar a los autores intelectuales de estos delitos», manifestó el ministro Velásquez en el lanzamiento de la Operación Themis 2.0.

“En 1972 hubo un pacto político en Chicoral, Tolima, para impedir que se hiciera la Reforma Agraria. Hoy, que tenemos el primer gobierno progresista y de izquierda al frente, queremos volver a hacer un pacto, pero esta vez para decirle al país que nadie puede volver a frenar la Reforma Agraria».

Con estas palabras la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que entre el 21 y 22 de febrero del 2025 el campesinado de Colombia se dará cita en el corregimiento de Chicoral (Tolima) para firmar el Pacto por la Tierra y por la Vida con el fin de impulsar la Reforma Agraria liderada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Por eso nos queremos encontrar en Chicoral. Queremos encontrarnos con el campesinado y el conjunto de las fuerzas políticas de la nación con las fuerzas vivas, con el movimiento urbano que entiende la importancia del campo», dijo la ministra, quien agregó: “La revolución por la vida la haremos con todo el campesinado colombiano».

Agregó que el encuentro en tierra tolimense tiene relación con la celebración en el 2025 del Año de la Agricultura Familiar, Campesina, Étnica y Comunitaria.

“Construimos juntos la posibilidad de transformar a Colombia y nos permitimos dialogar y concertar esas rutas de transformación. El 2025 será para el Ministerio de Agricultura el año de la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria. Nos reuniremos en junio en el Foro Mundial por la Tierra y estaremos preparando la II Conferencia Internacional de la Reforma Agraria en la última semana de febrero del 2026 que nos ha aprobado Naciones Unidas», manifestó.

Destacó que con el fortalecimiento del movimiento campesino el Gobierno del presidente Petro apuesta por la constitución de que Colombia sea una potencia agroalimentaria.

“Esta lucha por la Reforma Agraria es una apuesta que tiene que entender el país entero y que debe consolidarse como una política de Estado. Y en eso también quiero decir, valoremos lo que este Gobierno ha hecho para poder empujar el proceso hacia adelante. De las 19 Zonas de Reserva Campesina que hoy tenemos 11 las ha declarado este Gobierno», concluyó.

Un nuevo encuentro tuvieron las y los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en el que se recibieron las presentaciones técnicas del DANE, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda.

En la sesión presidida por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos y su equipo directivo, el DANE informó que el IPC tuvo una variación anual de 5,2 %, “lo que significa una inflación con tendencia decreciente, gran noticia para todas las y los empresarios, las y los trabajadores y en general para toda la población colombiana”, señaló.

Así mismo, se conoció que la contribución de los salarios al ingreso nacional en el 2024 ha sido del 2 %.

El Banco de la República coincidió con el DANE, en una inflación en el 2024 del 5,2 %, y la proyectada para 2025 de 3 %.

La titular de la cartera laboral dijo: “Vamos a continuar analizando estos insumos técnicos que nos van a permitir dinamizar y fluir este diálogo tripartito. Los datos demuestran que es el menor nivel de inflación desde octubre de 2021, cuando la inflación continuaba su tendencia alcista. Si tenemos menores precios habrá un menor costo de vida para los hogares colombianos”.

Agregó: “Esto acompañado de las medidas que vamos a seguir revisando para que algunos bienes, servicios y artículos se desindexen, que para nosotros es fundamental. Hay preocupación en casos como vivienda y lo que está pasando con los microcréditos que han tenido una caída”.

“Lo que se busca es que fluya ese diálogo y podamos construir de una manera dinámica la cifra para el incremento del salario mínimo para 2025”, concluyó Ramírez Ríos.

En el contexto del diálogo tripartito, se resaltó que el mantener el poder adquisitivo es un impulso para mejorar los ingresos en términos reales de la población trabajadora, lo cual brinda un mayor impulso a la demanda, más ventas para los empresarios y se fortalece la reactivación económica.

Es de destacar que la inflación para ingresos pobres y vulnerables se sitúa en 4.3 %, esto permite que los aumentos del salario mínimo tengan un impacto en la reducción de la pobreza monetaria.