Categoría: Política Nación

Una revelación de Caracol Radio ha sacudido a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC): el avión Hércules FAC 1016, que se precipitó a tierra el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, no contaba con póliza de seguro vigente. El siniestro, que dejó un saldo de 69 fallecidos y 57 heridos, es calificado como la peor tragedia aérea reciente de las Fuerzas Militares.

Documentos reservados indican que la FAC había advertido desde enero de 2026 sobre un déficit de $258.000 millones para asegurar la totalidad de sus aeronaves. Debido a esta falta de recursos, el Estado optó por un amparo limitado, dejando fuera de cobertura al C-130 accidentado. Pese a que el Gobierno conocía el riesgo operativo de volar sin respaldo económico, las partidas necesarias nunca fueron asignadas.

En la aeronave viajaban 126 personas, entre militares y policías, cuando se incendió tras el impacto segundos después del despegue. Este hallazgo administrativo pone ahora en el ojo del huracán la gestión de recursos para la defensa y la seguridad de las tropas en misiones de transporte.

En una decisión que altera el rumbo legislativo del país, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en diciembre pasado. Con la Sentencia C-075 de 2026, el alto tribunal frenó en seco las facultades extraordinarias que el Ejecutivo venía utilizando para emitir decretos con fuerza de ley.

La Sala Plena determinó que la declaratoria no cumplía con los requisitos constitucionales de necesidad y excepcionalidad, concluyendo que los hechos invocados por el Gobierno no justificaban el uso de este mecanismo de excepción. Como consecuencia inmediata, normas clave como los Decretos 1474 de 2025 y 044 de 2026, que incluían medidas tributarias para sectores de altos ingresos, han quedado suspendidas y sin efectos jurídicos.

Este fallo representa un significativo obstáculo para la estrategia fiscal del presidente, limitando su margen de maniobra en un momento de alta presión social. Cabe destacar que la decisión no fue unánime; los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron su voto parcialmente, evidenciando una división jurídica interna sobre el alcance de las crisis que motivaron la emergencia.

 El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, reaccionó con entusiasmo al anuncio del senador Antonio Correa de sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda. A través de su cuenta en X, López calificó el movimiento como un acto de dignidad y aprovechó para lanzar duras críticas a la colectividad de la que él mismo formó parte.

López, quien recordó que salió del Partido de la U luego de que se le negara el aval por «pensar diferente», señaló que en dicha colectividad no hubo «valor democrático para defender lo correcto». En su mensaje, felicitó a Correa por despertar a una “rebeldía necesaria” y por haber tomado el que considera es el camino correcto hacia la justicia social.

«Ahí le dejo la idea de la NUEVA U. Lidere, convoque y una a las bases en torno a la Paz y la Justicia Social», destacó

El alto directivo de la Cámara cerró su intervención alentando al senador a liderar las bases que buscan la paz y le dio una efusiva bienvenida a la campaña del candidato de izquierda: “¡CEPEDA PRESIDENTE CARAJO!”, sentenció, consolidando así un bloque de apoyo legislativo en torno a la aspiración de Iván Cepeda.

 El Gobierno Nacional oficializó una mejora sustancial en los ingresos de los miembros de la Fuerza Pública para este 2026. A través del Decreto 0384, se estableció un incremento salarial que, en el caso de los Soldados Profesionales, alcanza el 23%, elevando su asignación mensual de $1.992.900 a $2.451.267.

Este ajuste supera ampliamente la cifra de inflación del año anterior (5,1%), buscando fortalecer el bienestar de quienes patrullan el territorio nacional. El escalafón de suboficiales también registra alzas significativas: un Cabo Tercero pasará a devengar $2.482.834 (un aumento del 25,6%), mientras que los rangos de Cabo Segundo y Primero verán incrementos superiores al 20%.

La medida, que también incluye un reajuste del 7% para la Policía Nacional, representa un esfuerzo fiscal por dignificar la labor de militares y policías. Más allá de las estadísticas, el decreto busca aliviar la carga económica de las familias de la Fuerza Pública, reconociendo el sacrificio de quienes sirven en las fronteras y zonas rurales del país.

El Gobierno nacional ha destinado más de 345.000 millones de pesos para atender a hogares víctimas de desplazamiento forzado, a través del programa Familias en su Tierra, que actualmente beneficia a cerca de 29.560 familias en distintas regiones del país.

La estrategia, liderada por Prosperidad Social, se desarrolla en 74 municipios de 19 departamentos y busca mejorar las condiciones de vida de la población afectada, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

El programa está enfocado en fortalecer las condiciones socioeconómicas de los hogares mediante una intervención integral que incluye acompañamiento social, acceso a alimentos para autoconsumo, mejoramiento de vivienda rural y apoyo a proyectos productivos.

Para lograrlo, la iniciativa se organiza en cuatro líneas de acción. La primera está orientada al fortalecimiento social y comunitario, promoviendo la organización, el liderazgo y las redes de apoyo.

La segunda, ‘Cosechando mi huerta’, impulsa la implementación de huertas para autoconsumo y prácticas sostenibles.

La tercera, ‘Vivir mi casa’, busca mejorar las condiciones de habitabilidad en viviendas rurales.

Y la cuarta, ‘Produciendo para mi hogar’, apoya la creación o fortalecimiento de iniciativas productivas que generen ingresos.

Cada familia recibe acompañamiento técnico, tanto individual como grupal, a través de visitas, talleres y seguimiento continuo, con el fin de adaptar la atención a las necesidades de cada territorio.

En su décima fase de implementación, el programa atiende a población víctima del desplazamiento que ha retornado o ha sido reubicada, con presencia en departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Vichada y Sucre.

Desde Prosperidad Social señalaron que la estrategia busca que las familias puedan permanecer en sus territorios en mejores condiciones, con herramientas sostenibles que les permitan avanzar en su estabilización económica.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información recogida por medios de comunicación, servidores de esa entidad habrían generado «informes de inteligencia sobre una conversación de Abelardo De La Espriella con los hermanos Bautista, máximos accionistas de Thomas Greg & Sons, empresa que apoya en la logística de las elecciones».

En el mismo sentido se dispuso escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien según la noticia disciplinaria aseguró que “sí existieron las famosas chuzadas», aunque fueron «realizadas bajo orden judicial». A su vez se dispuso con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales establecer si se emitió una orden judicial con ese propósito.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca delimitar los hechos y determinar presuntos responsables para valorar la posible incidencia disciplinaria, para lo que decretó la práctica de pruebas.

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas, el Senador de la República ANTONIO JOSÉ CORREA JIMENEZ, señaló que hay que reconocer que el estado tiene una deuda histórica con millones de colombianos victimas de la violencia, insistió en que la PAZ no es un discurso, es una responsabilidad que empieza por colocar a las víctimas en el centro.

Durante su intervención, el congresista destacó que este no es un acto simbólico, sino un momento de reconocimiento y compromiso real, “No vinimos simplemente a recordar, vinimos a reconocer una deuda histórica con quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia” añadió.

Correa Jiménez, enfatizó que hablar de memoria implica asumir la verdad, incluso aquella que ha sido silenciada durante años, y subrayó que sin verdad no puede existir una paz duradera.

En su calidad de integrante de la Comisión de Paz del Senado, Correa reiteró que la construcción de paz debe partir de un principio fundamental: poner a las víctimas en el centro de todas las decisiones.

Resaltó además el papel de la Comisión de Paz, como un espacio de diálogo, incluso en medio de diferencias políticas, donde se han logrado consensos en torno a la defensa de la vida, la dignidad humana y la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz.

El senador Antonio Correa cerró su intervención reiterando que la paz en Colombia no puede seguir siendo una promesa aplazada, sino una responsabilidad concreta del Estado, con acciones reales que dignifiquen a las víctimas y garanticen verdad, justicia y reparación, cuestionó el alcance del acto legislativo que otorgó representación política a las víctimas, señalando que se limitó injustamente la participación al ámbito rural, dejando por fuera a un amplio sector:

“El Congreso deberá evaluar si realmente se cumplió el objetivo de representar a las víctimas o si es necesario corregir el rumbo”.

«He decidido, como senador del partido de la U unirme a la campaña del candidato Iván Cepeda» Antonio Correa.

El partido de la U había anunciado que no respaldaría a Iván Cepeda. Pero la primera rebelión de esa colectividad la acaba de encabezar el senador Antonio Correa, tras anunciar su respaldo al candidato Iván Cepeda.

Este es el comunicado del senador 👇🏾

«He decidido, como senador del partido de la U, unirme a la campaña del candidato Iván Cepeda a la Presidencia de la República.

Lo hago por convicción política, por coherencia con las causas que he defendido durante años y por la certeza de que Colombia no puede retroceder.

Aunque mi partido ha tomado otro camino, el cual respeto, mi compromiso es con el país, con la justicia social y con las reformas que buscan dignificar la vida de millones de colombianos.

Hoy más que nunca debemos defender lo que se ha conquistado: el avance de los derechos sociales, la recuperación del salario y la economía al servicio de la gente, las reformas que buscan un país más justo y la esperanza que millones depositaron en el cambio.

No podemos permitir que Colombia vuelva al pasado, a las épocas donde unos pocos decidían por todos y donde los derechos eran privilegios.

Por eso hoy doy este paso con claridad y convicción: para sumar fuerzas, para ampliar el frente democrático y para acompañar el proyecto que lidera Iván Cepeda, un hombre íntegro, valiente y profundamente comprometido con la paz, la democracia y la dignidad del pueblo colombiano.

Esta no es una decisión personal, es una decisión histórica.

Vamos a ganar en primera vuelta.Vamos a consolidar el cambio. Y vamos a demostrar que Colombia eligió avanzar y no retroceder.

El futuro se defiende con valentía. Y hoy damos un paso más para garantizarlo» Antonio Correa

El Gobierno Nacional oficializó el nombramiento de Wilmar de Jesús Mejía como nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), mediante el Decreto 0367 del 7 de abril de 2026. Mejía llega a ocupar la vacante dejada por Jorge Arturo Lemus Montañez, cuya renuncia fue aceptada en el mismo acto administrativo. Este movimiento se produce tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de la entidad técnica encargada de detectar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo en el país.

La designación de Mejía ocurre en un contexto de fuerte controversia, debido a su reciente salida de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Su renuncia a dicha entidad se dio tras revelarse presuntos chats y documentos que lo vinculan con alias ‘Calarcá’, cabecilla de una de las principales disidencias de las Farc. Aunque Mejía ha negado rotundamente cualquier relación ilegal y ha puesto sus equipos a disposición de la Fiscalía, sectores de la oposición y expertos técnicos han cuestionado su idoneidad para liderar la inteligencia financiera colombiana mientras avanzan las investigaciones.

Con la firma de este decreto por parte del Ministerio de Hacienda y el presidente Gustavo Petro, Mejía asume el reto de blindar la institucionalidad de la UIAF y mantener la cooperación internacional en materia financiera. No obstante, el nombramiento ya genera un intenso debate político en el Congreso, donde se cuestiona si el perfil del funcionario, sumado al escándalo vigente, afecta la confianza de los mercados y de los organismos multilaterales en el sistema de control de capitales de Colombia.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado este 9 de abril, las cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas revelan la magnitud de la tragedia humanitaria que persiste en el país. A la fecha, Colombia registra un total de 10.216.759 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), un censo que evidencia el impacto intergeneracional de la violencia y la urgencia de avanzar en procesos de reparación integral y justicia social en los territorios más afectados.

​El panorama estadístico detalla que hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el homicidio, las amenazas, la desaparición forzada y el confinamiento continúan siendo las agresiones más reportadas por la población. Según los datos analizados, existe una afectación diferencial que golpea con especial rigor a mujeres y comunidades étnicas, mientras que el ciclo vital de los afectados muestra que una parte significativa de las víctimas son adultos jóvenes y adultos mayores que han visto fracturados sus proyectos de vida por décadas de confrontación armada.

Durante esta jornada de reflexión nacional, la institucionalidad y las organizaciones sociales recalcan que la memoria no es solo un ejercicio de recordación, sino una herramienta de lucha contra la impunidad. El desafío actual para el Estado colombiano radica en agilizar la entrega de indemnizaciones y garantizar el retorno seguro de las poblaciones desplazadas, en un contexto donde el confinamiento y las nuevas dinámicas de control territorial por grupos al margen de la ley siguen sumando nombres a una lista que ya supera la décima parte de la población total del país.

Este 9 de abril se convierte así en un llamado a la solidaridad ciudadana y al cumplimiento de los acuerdos de paz, subrayando que la reconciliación nacional depende directamente del reconocimiento y la dignificación de quienes han padecido el rigor de la guerra. Las cifras, más allá de los números, representan millones de historias de resiliencia que hoy demandan del Gobierno Nacional y la sociedad civil un compromiso inquebrantable para que los hechos aquí registrados no se repitan nunca más en la historia de Colombia.