Categoría: Política Nación

En su cuenta de la red social X, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció su llegada a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para participar en el Debate General de la 81.ª Asamblea General, destacando que asume esta misión «como jefe de la delegación colombiana y en representación del presidente Abelardo De La Espriella».

Desde este escenario internacional, donde líderes globales se congregaron para debatir la agenda global, el funcionario precisó que su participación busca «fortalecer nuestras alianzas, atraer inversión y promover la cooperación en seguridad y crecimiento económico», reiterando además que «Colombia llega con propuestas, confianza y la determinación de trabajar con el mundo».

La ministra de las Culturas, Paola Holguín, defendió la decisión de suspender por este año la evaluación y entrega de los Premios y Reconocimientos del Programa de Estímulos para la vigencia 2026, argumentando que la entidad no contaba con los recursos necesarios. Según explicó la funcionaria, la medida responde a una deuda acumulada que superaba los $185.482 millones al llegar a la cartera el pasado 7 de agosto, de los cuales $75.436 millones corresponden a saldos pendientes con ganadores de convocatorias públicas.

​Holguín indicó que desde febrero se presentó una diferencia entre el Plan Anual de Caja (PAC) solicitado y el asignado, lo que generó una falta de liquidez que imposibilitó el flujo de caja necesario para cumplir con las nuevas obligaciones y garantizar los pagos. En su pronunciamiento detalló que la contratación de los jurados costaba alrededor de $874 millones y los premios sumaban unos $9.000 millones, recursos con los que no disponía la cartera para comprometer en este momento. Asimismo, señaló retrasos administrativos heredados de la convocatoria abierta en febrero, puesto que a su llegada aún no se había expedido la resolución para designar jurados que debió estar lista a mediados de julio.

 Finalmente, la ministra aclaró que esta suspensión aplica exclusivamente para este año para evitar comprometer dineros inexistentes, mientras el pasado 14 de septiembre fueron liberados $40.000 millones adicionales para comenzar a ponerse al día con los pagos pendientes.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan de choque para atender a los 1.069.196 usuarios que tendrían servicios de salud pendientes, según las cifras presentadas por el Gobierno. La estrategia busca agilizar citas, tratamientos, procedimientos y entrega de medicamentos, con especial atención a pacientes diagnosticados con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas y otras patologías de alta complejidad.

El anuncio se realizó al finalizar el Consejo de Ministros y contempla un seguimiento individual a cada paciente hasta verificar que reciba la atención requerida. El principal desafío será convertir las directrices gubernamentales en soluciones efectivas y reducir las demoras que mantienen a miles de usuarios a la espera de servicios médicos.

La Policía Nacional confirmó este lunes un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el departamento del Magdalena, en el que habría sido abatido José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, señalado como segundo al mando de esa estructura.

Las autoridades aún verifican si en el procedimiento hubo más muertos u otros resultados.​

Noticias RCN informó primero que la Policía confirmó la baja de Cholo y precisó que se trata de la misma organización a la que pertenecía alias Bendito Menor.

Minutos después, el medio publicó una ampliación en la que las autoridades adelantan “las verificaciones correspondientes para establecer si durante el procedimiento se registraron más muertos”.

Caracol Radio, por su parte, reportó que Pérez Villanueva habría muerto en el operativo y lo identificó como el segundo cabecilla de las ACSN, por debajo de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.

Según esa cadena, Cholo figuraba en organigramas conocidos por las autoridades como jefe militar de una organización con presencia en Magdalena, La Guajira y Cesar, más de 700 integrantes y operación en 14 municipios.​

En la Cámara de Representantes fue presentado el proyecto de ley denominado “Ley Kevin Acosta”, una iniciativa que busca fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. La propuesta toma como referencia el caso del menor Kevin Acosta y plantea establecer mayores mecanismos de seguimiento a los afiliados del sistema de salud, con el propósito de reforzar la protección de los pacientes.

El proyecto abre nuevamente la discusión sobre los controles institucionales y la atención oportuna que reciben los usuarios del sistema sanitario. Sin embargo, la presentación de la iniciativa no significa que ya sea una ley vigente: deberá avanzar por el trámite legislativo correspondiente, y sus medidas concretas dependerán del texto oficial y de los debates que se desarrollen en el Congreso.

Unidades de la Fiscalía General de la Nación formalizaron la acusación en contra de Carlos Mario Rodríguez Rosas, exgerente corporativo bancario, por su presunta responsabilidad en el feminicidio agravado de su pareja sentimental, Ana María Meza. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero en un inmueble del norte de Bogotá, donde la víctima perdió la vida tras caer desde el quinto piso de un edificio.

Aunque en un principio el caso se indago bajo la hipótesis de un aparente suicidio con el que el procesado habría pretendido encubrir el crimen, las pesquisas técnicas y forenses adelantadas por el ente acusador permitieron desvirtuar dicha versión. Los investigadores determinaron que la pareja había sostenido una discusión tras regresar de una reunión social, enmarcada en antecedentes de violencia basada en género. Asimismo, los elementos probatorios señalan que el exdirectivo financiero presentaba lesiones defensivas en sus manos y que el suceso mortal obedeció a una agresión física, por lo que afronta un proceso penal en el que podría recibir una condena de hasta 60 años de prisión.

Un contundente golpe propinó la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Registraduría, Migración Colombia, la Fiscalía y autoridades internacionales, al desarticular una red criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. La operación, desarrollada de manera simultánea en Bogotá, Neiva, Barranquilla y Soledad, permitió la captura de 15 personas —tres de nacionalidad dominicana y doce colombianas—, entre las que figuran funcionarios corruptos tanto de la Registraduría como de la Gobernación del Huila.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura delictiva se encargaba de gestionar de manera fraudulenta identidades y documentos colombianos a ciudadanos dominicanos y venezolanos para facilitar su paso irregular hacia Estados Unidos y Europa. Ante estos hechos, el presidente Abelardo se pronunció a través de su cuenta en X, sentenciando que se acabó la corrupción al servicio del crimen transnacional y advirtiendo que, bajo su administración, el que la hace la paga.

Con una producción cercana a 1,93 millones de toneladas, exportaciones por US$996 millones y más de 5,1 millones de hectáreas con aptitud alta dentro de la frontera agrícola, el país cuenta con condiciones para atraer nuevos proyectos de producción, refinación, transformación y biocombustibles.

Colombia cuenta con una cadena de aceite de palma consolidada y con oportunidades para atraer nueva inversión extranjera hacia actividades de mayor productividad, transformación y valor agregado. La escala alcanzada por el sector, su capacidad exportadora, el tejido empresarial desarrollado en los territorios y las condiciones para ampliar la producción de manera sostenible configuran un escenario para nuevos proyectos de capital y tecnología.

Esta oportunidad se articula con la agenda económica del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que ha planteado la necesidad de recuperar el crecimiento mediante mayor inversión privada, nuevos proyectos, generación de empleo y fortalecimiento de la capacidad productiva del país. En esta línea, el Gobierno busca atraer inversión, procesamiento, transferencia tecnológica e industrialización, de manera que una mayor parte del valor generado permanezca en Colombia.

En este contexto, la cadena palmera reúne varios de esos atributos. Colombia es el cuarto productor de aceite de palma del mundo y el primero de América Latina y el Caribe. En 2025 alcanzó una producción de 1.927.707 toneladas, con un rendimiento de 3,66 toneladas por hectárea, superior al promedio mundial estimado de 2,94 toneladas. El cultivo está presente en 172 municipios de 21 departamentos y la cadena cuenta con 75 núcleos palmeros en cuatro zonas productoras.

A esta capacidad se suma una oportunidad de expansión dentro de la frontera agrícola. Colombia cuenta con 5.174.701 hectáreas con aptitud alta para el desarrollo del cultivo, principalmente en las regiones Oriental y Norte. De las 640.967 hectáreas sembradas en 2025, 526 mil se encontraban en producción y 115 mil correspondían a áreas en desarrollo, nuevas siembras o renovación.

Una cadena exportadora con espacio para agregar valor

El sector también ha ganado relevancia en el comercio exterior. En 2025, las exportaciones de aceite de palma y palmiste llegaron a US$996 millones, con un crecimiento anual compuesto de 15 % entre 2021 y 2025. Colombia se ubicó como el sexto exportador mundial de aceite de palma, con una participación de 1,9 % del mercado internacional, y más de 50 empresas exportan desde el país.

La oportunidad para nuevos inversionistas está especialmente relacionada con la transformación. En 2025, Colombia exportó 614.260 toneladas de aceite de palma crudo y 81.005 toneladas de aceite refinado, cerca del 88 % y 12 %, respectivamente. Esta estructura muestra espacio para ampliar la capacidad de refinación y avanzar hacia productos de mayor valor agregado antes de su llegada a los mercados internacionales.

Entre las oportunidades identificadas se encuentran la optimización y ampliación de plantas extractoras, nuevos proyectos productivos en alianza con núcleos palmeros, joint ventures para refinación con empresas colombianas, producción de derivados mediante el fraccionamiento del aceite y el aprovechamiento del mercado de biocombustibles.

Crecimiento productivo con sostenibilidad

La expansión de la cadena está vinculada a una condición central: el uso sostenible del territorio. Colombia fue el primer sector agrícola del país en suscribir, en 2017, el Acuerdo de Voluntades para la Cero Deforestación en la cadena de aceite de palma. El sector reporta que 99 % del área sembrada es libre de deforestación y que cerca del 32 % de la producción nacional está certificada bajo estándares de sostenibilidad.

Este enfoque se articula con la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades) del Gobierno Nacional y con el trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, orientado a fortalecer la protección de los territorios, el uso responsable del suelo y la compatibilidad entre actividad productiva y conservación ambiental.

Para la cadena palmera, esta articulación permite vincular el crecimiento con criterios de ordenamiento territorial, trazabilidad, cero deforestación y certificación, al tiempo que genera oportunidades económicas en las regiones.

El sector cuenta actualmente con 9.281 productores, 74 % de ellos de pequeña escala, y genera aproximadamente 261 mil empleos directos e indirectos. Además, tiene presencia en 45 municipios PDET y 72 municipios ZOMAC, conectando esta actividad con territorios donde la generación de empleo y nuevas alternativas productivas tiene especial importancia.

De esta manera, el aceite de palma se suma a las oportunidades de inversión que Colombia busca promover bajo la agenda de crecimiento, industrialización y generación de empleo del Gobierno Nacional: una cadena con capacidad para producir más, transformar más y exportar productos de mayor valor agregado, con la sostenibilidad como parte integral de su desarrollo.

Un grupo de artistas, gestores y trabajadores culturales protagonizó un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en la ciudad de Bogotá. La movilización se convocó como una muestra de rechazo absoluto ante la reciente suspensión de los Premios y Reconocimientos que hacen parte del Programa Nacional de Estímulos.

​Durante la protesta, los asistentes corearon consignas en favor de las expresiones artísticas y exigieron soluciones inmediatas por parte de la cartera ministerial. Entre las principales demandas del sector figuran la garantía de condiciones dignas para el ejercicio laboral de los creadores, el respeto por los acuerdos adquiridos y la agilización en el pago oportuno de los desembolsos económicos destinados a los proyectos ganadores de las convocatorias y estímulos ya aprobados.

Durante la instalación de la audiencia preparatoria en el caso de corrupción de la UNGRD, la defensa de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco denunció graves irregularidades en el proceso de descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía.

Los abogados señalaron la entrega de carpetas vacías, documentos ilegibles y archivos digitales protegidos con contraseña que resultan imposibles de abrir, lo cual, a su juicio, busca limitar el derecho a la defensa y abrumarlos con información inútil para restarles capacidad de acción.

Por su parte, el exministro Bonilla calificó esta actuación como una estrategia para inundarlos de datos sin sentido, mientras que el exministro Velasco aseveró que se le está utilizando como «cortina de humo» al negarle chats completos de implicados clave como Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En respuesta a los señalamientos, la Fiscalía aclaró ante el estrado que no ha existido un ocultamiento deliberado de información, sino una imposibilidad material de acceso a determinados archivos cifrados cuyas claves ni el propio ente acusador posee, insistiendo en que se ha compartido la totalidad del expediente disponible.