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La ANDI celebra la derogación de circulares del Ministerio del Trabajo en busca de mayor seguridad jurídica

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha manifestado su respaldo a la decisión del Ministerio del Trabajo de derogar 11 circulares a través de la Resolución 2708. Desde la perspectiva del gremio, esta medida representa un avance significativo hacia la transparencia y la seguridad jurídica, al tiempo que garantiza que tanto las empresas como los empleados operen bajo normativas estables y ajustadas al marco legal y constitucional vigente.

Según el análisis técnico y jurídico del ministerio mencionado por la agremiación, las directrices anuladas excedían su propósito orientador al pretender incorporar obligaciones, multas y procedimientos carentes de un debido respaldo legal. Para la ANDI, rectificar estos lineamientos delimita correctamente el ejercicio administrativo y previene la incertidumbre generada cuando las normativas rebasan los límites establecidos por la ley, un factor que puede debilitar la confianza institucional. Por último, el gremio ratificó su disposición para seguir impulsando un entorno normativo previsible que fomente la inversión, la formalización laboral y el desarrollo sostenible de la nación.

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A través de proyecto de ley se busca acabar con las emboscadas por fotomultas en el país, iniciativa del senador Antonio José Correa Jiménez.

Frente al incremento de cámaras de foto detección y teniendo como ejemplo que el corredor Barranquilla/Cartagena se ha convertido en una pista de obstáculos diseñada no para salvar vidas, sino para golpear el bolsillo ciudadano con cambios absurdos de velocidad y señalización confusa, por tercera vez se radica el proyecto de Ley que busca acabar con este negocio que se ha convertido en el pan de cada día en todas las regiones del país, iniciativa del senador Antonio José Correa Jiménez.

El congresista señaló que desde el Congreso ha dado una ardua pelea contra el abuso de las #Foto Multas, pero que la injerencia de lobistas, fue el factor principal para el hundimiento de la iniciativa pero que en esta ocasión no se rendirá, por lo que nuevamente en esta legislatura radicó nuevamente el proyecto para ponerle orden y garantizar el debido proceso y lograr su verdadera prioridad que sea salvar vidas y no recaudar.

¡No podemos permitir que lo dejen engavetado otra vez! ¡La tercera tiene que ser la vencida! La presión ciudadana es la única herramienta contra el negocio de unos pocos, puntualizó el congresista.

Se espera que, desde su radicación y posterior asignación a la Comisión Sexta, se asignen ponente para su primer debate y que este mismo se convierta en ley de la república para evitar que se sigan presentando injusticia y que se siga golpeando el bolsillo a más de un colombiano.

Aseguró que ciudades como Barranquilla estas cámaras de foto detección se encuentran ubicadas a escondidas y en cada cuadra lo que a su juicio es un claro argumento de negocio más que de proteger vidas.

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Liquidación de MinIgualdad: Gobierno elimina cuatro viceministerios y pone la lupa sobre posibles detrimento patrimonial

El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad avanza con nuevas medidas orientadas a revisar la situación administrativa, financiera y contractual de la entidad. Así lo informó John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio, quien señaló que durante el proceso fueron identificadas diversas situaciones que requieren una revisión inmediata.

De acuerdo con Rodríguez, entre los hallazgos se encuentran la ausencia de estados financieros de cierre, compromisos presupuestales que no contarían con el soporte suficiente y la permanencia de cuatro viceministerios dentro de una estructura institucional que se encuentra en proceso de liquidación.

Ante este panorama, se dispuso la supresión de la estructura viceministerial, así como la terminación de encargos considerados no esenciales. El liquidador también informó sobre la presentación de denuncias ante los organismos de control para que se investiguen posibles afectaciones al patrimonio público.

Rodríguez explicó además que las obligaciones pendientes y las nóminas serán revisadas de manera individual, con el propósito de determinar cuáles compromisos cuentan con el debido respaldo jurídico y presupuestal antes de autorizar cualquier pago.

Otro de los puntos centrales del proceso es el control de FonIgualdad. Según el liquidador, se busca recuperar cerca de $200.000 millones que permanecen vinculados a este fondo, recursos que, de acuerdo con el Gobierno, podrían ser destinados a atender prioridades nacionales, entre ellas la emergencia económica y la atención de las personas afectadas por el terremoto.

El funcionario aseguró que el proceso de liquidación estará orientado a garantizar el manejo transparente de los recursos públicos y a proteger el patrimonio de los colombianos, bajo la premisa de que cada obligación debe ser revisada y sustentada antes de comprometer recursos del Estado.

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Gobierno anuncia subsidio de 875.452 pesos para damnificados por el terremoto a partir del 26 de agosto

Catorce días después de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el país el pasado 10 de agosto y afectara a más de 400 municipios dejando un saldo parcial de 329 personas fallecidas, el Gobierno nacional comenzó a desplegar ayudas para los damnificados. En este contexto, durante la mañana del lunes 24 de agosto y en medio de su visita al departamento del Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella reveló los detalles del subsidio de arrendamiento destinado a al menos 210.000 personas que se quedaron sin hogar o cuya vivienda quedó inhabitable tras el desastre natural, de acuerdo con el censo adelantado por el Ejecutivo.

​Durante su anuncio, el jefe de Estado especificó que el auxilio económico directo comenzará a entregarse a partir del próximo miércoles 26 de agosto. Este apoyo consistirá en un pago mensual de 875.452 pesos que se otorgará inicialmente por un plazo de tres meses, con la posibilidad de evaluar un respaldo mayor si la situación de las familias afectadas así lo requiere. La medida busca solventar los gastos de vivienda temporal mientras las condiciones económicas de los damnificados mejoran de manera progresiva tras la emergencia.

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Ministerio de Transporte revisará el funcionamiento de las fotomultas en todo el país

El Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y demás autoridades competentes, adelantará de manera inmediata una revisión integral del funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que operan en el territorio nacional.

​La decisión responde a la instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de actuar con contundencia frente a posibles irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no se encuentre debidamente sustentada en criterios técnicos de seguridad vial.

​»La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde», afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

​Dentro de las competencias de cada entidad verificarán que los sistemas estén autorizados y cuenten con sustento técnico y legal, considerando la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de cada corredor.

​Además, el Ministerio revisará la regulación para establecer criterios más exigentes y garantizar que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial. El Gobierno priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control para reducir riesgos y proteger la vida en las vías.

​»La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico», concluyó la ministra.

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Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella exige esclarecer presunta filtración de información de la Defensoría del Pueblo al Eln

El Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la investigación preliminar que adelanta la Fiscalía General de la Nación por una presunta filtración de información reservada desde la Defensoría del Pueblo en Ocaña, Norte de Santander, que habría terminado en manos del Eln.

La información fue revelada por Noticias RCN, que se refirió a una denuncia relacionada con datos confidenciales de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas que se encontraban bajo protección del Estado. La investigación deberá establecer si efectivamente existió una entrega irregular de información y determinar quiénes serían los responsables.

De acuerdo con la investigación de Noticias RCN, el caso involucra al entonces defensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene, contra quien se habría presentado una denuncia que dio origen a las actuaciones preliminares de la Fiscalía.

Uno de los elementos que deberán ser esclarecidos es un mensaje amenazante recibido el 12 de febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos, cuyo contenido habría incluido detalles precisos sobre su actividad humanitaria y jurídica.

Según la denuncia, esa información únicamente habría estado disponible, en tiempo real, para la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional, por lo que las autoridades deberán establecer cómo esos datos pudieron llegar a manos del Eln y si fueron posteriormente utilizados para intimidar o poner en riesgo a defensores y líderes sociales.

La investigación periodística también puso bajo escrutinio los vínculos familiares de Pallares con Luz Amanda Pallares Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’ o ‘Ana María’, señalada por las autoridades como integrante de la estructura del Eln que opera en el Catatumbo.

Noticias RCN reportó que existen fotografías en las que aparece el entonces funcionario junto a la mujer en actos relacionados con la entrega de personas secuestradas. Pallares, por su parte, ha rechazado que se trate de una relación de parentesco en los términos señalados públicamente y ha sostenido que se trata de una prima que tomó las armas hace más de tres décadas.

El Gobierno Nacional considera fundamental que estos elementos sean examinados exclusivamente por las autoridades competentes y dentro del debido proceso.

El parentesco, por sí mismo, no constituye prueba de participación en actividades ilícitas, y será la investigación judicial la que determine si existió alguna relación adicional con la organización armada.

La gravedad del caso radica en que la eventual utilización de información institucional para poner en riesgo a líderes sociales, defensores de derechos humanos o personas amenazadas comprometería directamente la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones encargadas de protegerlos.

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo e independiente, pero esa autonomía no puede convertirse en un obstáculo para el esclarecimiento de hechos que puedan afectar la vida y la seguridad de ciudadanos bajo protección institucional.

Por ello, el Gobierno Nacional respeta plenamente las competencias de la Defensoría y de la Fiscalía, pero considera indispensable que la investigación avance con máxima celeridad, rigor y transparencia.

En medio de la controversia, la Defensoría del Pueblo confirmó la salida de Pallares de su cargo y señaló que su renuncia busca preservar la confianza institucional y permitir que las actuaciones de las autoridades avancen sin interferencias.

Posteriormente, Pepe Ruiz Paredes, defensor regional de Norte de Santander y superior de Pallares, también presentó su renuncia. La salida de ambos funcionarios se produjo en el contexto de las revelaciones sobre la investigación y las denuncias de presunta filtración de información.

El Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella considera que la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos amenazados debe estar por encima de cualquier consideración política o institucional.

Por esta razón, solicita a la Fiscalía General de la Nación esclarecer de manera integral el origen de la información presuntamente filtrada, determinar si esta llegó al ELN, establecer si fue utilizada para amenazar o afectar a ciudadanos y, de comprobarse conductas delictivas, llevar ante la justicia a todos los responsables, sin excepciones.

La defensa de los ciudadanos y la seguridad de quienes confían en el Estado no pueden ser objeto de negociaciones.

«En la Patria Milagro, ninguna institución puede convertirse en fuente de información para las organizaciones armadas ilegales. Quien utilice información pública o reservada para favorecer al terrorismo o poner en riesgo la vida de los colombianos tendrá que responder ante la justicia, con pleno respeto por la Constitución, la ley y el debido proceso», se lee en el comunicado

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Terrorismo, narcotráfico, homicidio, hurto, extorsión, migración ilegal y respaldo a la Fuerza Pública, claves en política de Seguridad del Presidente De La Espriella

Durante el Consejo de Seguridad realizado este domingo en Barranquilla, el Presidente Abelardo De La Espriella dejó claro que la seguridad es “el eje fundamental de nuestro Gobierno y la política de Estado más contundente».

Para el Mandatario, es claro que, tal y como lo ha reiterado, su compromiso es devolverle la tranquilidad a todo el país y, por ello, “nuestros soldados y policías cuentan con el respaldo estricto y absoluto de este Gobierno. Nunca más serán maltratados ni arrodillados ante el crimen; cumplirán su labor con apego a la Constitución y la ley».

Con base en lo anterior, el Presidente De La Espriella adelantó un Consejo de Seguridad en Barranquilla, donde dejó claro cuáles son los ejes principales en los que el Gobierno y las autoridades deben trabajar para devolverles la tranquilidad a los colombianos.

Terrorismo y narco​​tráfico

Un primer aspecto que trajo a colación el Mandatario de los colombianos es que se debe acabar la práctica de ponerles rótulos diferentes a los bandidos, porque “al final estos son ecosistemas criminales que están todos conectados y que los llevan a un lugar común, que es el terrorismo, sea urbano o sea rural».

“Aquí tenemos que dejar de tratar a estos bandidos de una manera diferente. Hay que tratarlos a todos bajo una sola denominación, que es la de grupos terroristas, porque pirámide criminal que tenemos en Colombia, cuya base es el narcotráfico y luego vienen la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, todo eso está perfectamente conectado. La base de todo el crimen y la fuente primigenia de todas las formas de violencia es el narcotráfico», dijo.

Para el Presidente, es claro que el narcotráfico es el combustible del terrorismo, por lo que, a su juicio, el Estado no puede tener “un tratamiento diferencial frente a los bandidos que participan en la cadena de mando y de ejecución de conductas que terminan arribando al mismo objetivo, que es el terrorismo, llámese urbano, llámese rural, como quiera llamarse».

“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado y, mucho menos, en una categorización que se les quiere dar a los bandidos, que, dicho de otra manera, ha sido inventado por sectores de la sociedad que lo que buscan es proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la acción punitiva y la fuerza legítima del Estado, como corresponde», manifestó al enfatizar: “Eso en este Gobierno se acabó. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal, pase lo que pase».

Un​​idad del Estado

Uno de los elementos que destacó el Presidente De La Espriella es la necesidad de que haya unidad institucional, en la medida en que la división entre el Estado y la Fuerza Pública “es la ganancia de los delincuentes».

Por ello, aseguró que es el momento de “actuar como un cuerpo unificado, sólido, monolítico, que mande un mensaje claro: aquí no hay divisiones; por tanto, no habrá hendiduras por las cuales el crimen pueda meterse y atravesarse».

“Aquí tenemos que actuar como un gigante con mano de hierro, la mano de hierro del Estado. Y esa posibilidad de transmitir esa cohesión es lo que afecta psicológicamente al crimen y lo que le transmite al ciudadano un mensaje claro: aquí estamos para protegerlos, para cuidarlos, pero también para hacer cumplir la ley», explicó.

En este sentido, el Mandatario les dijo a los asistentes al Consejo de Seguridad que “no voy a aceptar rivalidad ni voy a aceptar intrigas entre una fuerza y otra. Aquí somos un solo cuerpo. La Fuerza Pública colombiana actuando en defensa de los intereses del pueblo, que ha sido azotado por la criminalidad, y que ha crecido esa criminalidad exponencialmente por cuenta de la complicidad del anterior gobierno con el crimen organizado y con el terrorismo».

Cuerpos ​​élites

Otro elemento clave en la política de seguridad del Gobierno del Presidente De la Espriella es la coordinación entre fiscales, jueces y Fuerza Pública –dijo–, al recordar su reciente reunión con la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y anunciar que “vamos a disponer para cada ciudad de un cuerpo élite de fiscales».

Este anuncio lo comparó el Presidente con la pandemia del coronavirus, sobre la que aseguró: “No se pudo combatir con los medicamentos que había, así que tuvieron que inventarse una vacuna para combatirla».

Al respecto, el Mandatario dijo que “nosotros tenemos que hacer una vacuna de seguridad destructiva, un cuerpo de fiscales, un cuerpo de jueces, un cuerpo de élite del Ejército, un cuerpo élite de la Policía, un cuerpo de élite de la Armada, y actuar en consecuencia».

“Esta pandemia de inseguridad no la vamos a combatir con la receta que no ha funcionado. Por eso aquí se ha diseñado una estrategia completamente diferente», anotó, al complementar que “esa coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y los jueces es fundamental y, para eso, tenemos que destacar un equipo especial de fiscales y jueces».

Se refirió también a las amenazas que tienen los jueces, por lo que propuso que pueden ser itinerantes, es decir, “traer jueces de afuera. Eso tiene que ser un grupo especial que nos permita combatir el crimen con la determinación que hay que combatir».

Lucha contra la exto​​rsión

De la misma manera, el Presidente Abelardo De La Espriella reiteró su propuesta de campaña de implementar un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión.

“Hay que armar una fuerza combinada entre las distintas fuerzas para armar un Bloque de Búsqueda Nacional contra la Extorsión que nos entregue, que ponga a buen recaudo de la justicia, o que se les dé de baja cuando no se quieran someter, a los jefes principales de la extorsión en Colombia, que no son los que están en la cárcel, son articuladores, pero hay gente afuera que tiene más poder, y aquí todos lo sabemos», dijo.

Más control migra​​torio

Durante el Consejo de Seguridad, el Mandatario de los colombianos se refirió al tema de la migración ilegal en Colombia.

“La orden a Migración es clara, y ahorita lo llamamos, y será que empiecen los operativos coordinados con la Policía. ¿Para qué? Para dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos; segundo, los que no, los que no tienen regularizada su situación, y en el término de la distancia tendrán que ser deportados. Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana», enfatizó.

Añadió que “no voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos. Es una decisión política, y yo lo asumo y es una decisión administrativa. Yo lo asumo».

Recordó que “esta es una posición que he tenido en campaña y que voy a implementar desde la Presidencia de la República. No solamente los extranjeros que están cometiendo ilegalidades, crímenes, sino también los que han violado la norma, y aquí no voy a aceptar migración ilegal», por lo que reiteró el principio que maneja como política: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos. Que les quede claro».

Persecución a finanzas cri​​minales

Otro elemento clave en la política de seguridad tiene que ver con las finanzas criminales de los grupos narcotraficantes y narcoterroristas del país.

En este sentido, el Presidente recordó que no se trata únicamente de capturar a un cabecilla sino de desarticular toda la organización, y recordó el adagio: “Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental».

“Las finanzas, que es lo que más les duele a los bandidos: meterles la mano al bolsillo. Y eso se hace también en coordinación, señores generales, con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), que ha sido y fue desmantelada en el gobierno pasado», sostuvo.

Para el Jefe de Estado, es importante reactivar esta Unidad, para que trabaje coordinadamente con la Policía Nacional, la Fiscalía y los bancos, con miras a que entreguen “la información bancaria de los últimos cuatro años, que se perdió, nunca tuvieron, y que, por tanto, hoy se desconoce».

Tierras, que caiga el que ca​​​iga

El Presidente también se refirió al tema del cartel de tierras: “Ese tema no se ha resuelto porque hay muchos intereses», dijo y sentenció: “Pues conmigo se va a resolver, porque los únicos intereses que tengo yo son los altos intereses de la República, de la salud de la República, como decían los antiguos romanos, y lo que le conviene a la sociedad».

“El Superintendente de Notariado y Registro y el Ministerio de Defensa, para que en una acción coordinada se ataque de raíz y se incorpore en esa comisión a la Fiscalía General de la Nación para que se judicialice como corresponde», aseguró y comentó que parte de los problemas de orden público son por causa de la tierra, razón por la cual insistió: “Estamos en la obligación de atenderlo con prudencia y que caiga el que caiga».

“El cartel de tierras: yo aquí no vine a taparle nada a nadie, absolutamente nada», recalcó.

Enfrentar el hurto y ​​el homicidio

Otro de los temas sobre el que manifestó preocupación son el hurto y el homicidio.

“La gente no está pensando en las grandes incautaciones de droga. Nosotros sabemos lo que eso implica. La gente quiere salir en su barrio, tranquila, sin que la roben o los maten por quitarle una bicicleta», comentó el Mandatario e instruyó: “Ese tema del hurto y del homicidio hay que atacarlo especialmente, señores generales, porque no solamente causa una gran afectación a la sociedad, sino que, además, es lo que más decepción causa entre la gente».

En su intervención, hizo observaciones respetuosas a la labor de la Fiscalía y, de hecho, reconoció que “tiene unas limitaciones».

Sin embargo, le reiteró que hoy “ya tiene un Gobierno con el que se va a articular», pero dejó en evidencia su preocupación, como Jefe de Estado, respecto a que “la Fiscalía y los jueces no funcionen».

“Como Jefe de Estado, tengo que ayudar a que eso se resuelva y a que la percepción y la realidad ​sean iguales, para que le podamos dar una res​puesta a la ciudadanía” en materia de lucha contra el crimen, subrayó.​

Medidas para Barran​​quilla

Durante el Consejo, se decidió que se reactivarán en Barranquilla el sistema de recompensas, los operativos, las redadas y la red de cooperantes.

Estas decisiones, según el Presidente, servirán para “dar una batalla sin cuartel contra el microtráfico, que está envenenando a nuestra infancia, a nuestra juventud».

“Para eso tenemos que tener espacios públicos libres de droga y tenemos el mecanismo legal para hacerlo», indicó, al plantear que “podemos hacer de Barranquilla el laboratorio del deber ser de la seguridad y de la convivencia ciudadana. Lo podemos hacer en el área metropolitana. Más inteligencia, por supuesto».

De la misma manera, aseguró que otros temas claves son: “Más cuadrantes, más pie de fuerza, porque aquí no es solamente un tema de tecnología», sino también de cuadrantes, de articular todo lo anterior para que la estrategia pueda funcionar; vamos a ver cómo hacemos el esfuerzo para lograrlo».

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Defensoría del Pueblo pide mantener las 20 Emisoras de Paz, pronunciándose a la orden de suspensión por parte de la nueva gerente de Inravisión

La Defensoría del Pueblo se pronunció frente a la suspensión de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz y pidió al Gobierno reevaluar de manera prioritaria la decisión.

La suspensión fue ordenada por Inravisión, por instrucción de su nueva gerente, Ángela María Mora Soto. Desde el 18 de agosto, las emisoras dejaron de emitir su programación informativa y territorial y pasaron a transmitir música y programación centralizada desde Bogotá.

La Defensoría recordó que estas emisoras no son medios públicos ordinarios: fueron creadas en cumplimiento del punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz para contribuir a la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la reconstrucción del tejido social en los territorios más afectados por el conflicto.

Por eso, la entidad solicitó al Ministerio TIC y a Inravisión adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su programación y respetar su naturaleza informativa, territorial y diferencial.

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Senador Antonio Correa, exige claridad al Gobierno sobre operaciones y presencia militar extranjera en Colombia

​El senador Antonio Correa solicitó la realización de un debate de control político para que el Ejecutivo y las autoridades competentes respondan por la presencia de personal extranjero, el uso de capacidades aéreas y los alcances de la cooperación internacional en el país.

​El congresista advirtió que la soberanía nacional no es negociable y que es indispensable conocer detalles precisos sobre la nacionalidad, ubicación, funciones y el tiempo de permanencia de personal foráneo. Asimismo, la citación busca esclarecer las autorizaciones constitucionales para el tránsito de tropas, los protocolos vigentes para la protección de la población civil y de menores de edad, así como una rendición de cuentas sobre eventuales labores de inteligencia, logística y la posible reactivación de la aspersión de cultivos ilícitos.

​Desde el legislativo se enfatizó que, si bien la cooperación internacional es fundamental para la seguridad, esta debe subordinarse estrictamente a la Constitución y garantizar la transparencia en la defensa del territorio colombiano.

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Iván Cepeda lanza críticas contra la ministra de educación por su actuación frente al magisterio

El senador Iván Cepeda cuestionó a la ministra de Educación, Viviane Morales, por lo que calificó como una “persecución” contra el magisterio en medio de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según cifras oficiales citadas por Cepeda, 3.470 centros educativos en 471 municipios de 15 departamentos resultaron afectados por el sismo, dejando a miles de niños y niñas sin sus planteles educativos.

El congresista aseguró que las maestras y los maestros también enfrentan las consecuencias de la tragedia y cuestionó que, en medio de esta situación, la ministra haya iniciado una “cruzada fundamentalista” contra el magisterio.

Cepeda expresó su respaldo a los docentes y llamó a la ciudadanía a reconocer y apoyar su labor, que calificó como fundamental para la construcción de la democracia en Colombia.

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