Categoría: Política Nación

El presidente Abelardo De La Espriella impartió órdenes a la UNGRD para pedir ayuda internacional a Estados Unidos y Chile, y también mandó que se intensifique la presencia de la Fuerza Pública en los municipios tolimenses de Suárez, Coello y San Luis, que han sido perjudicados por incendios forestales. De acuerdo con el presidente, las dos naciones tienen la capacidad y experiencia para hacer frente a emergencias de gran envergadura. En las tareas de control están colaborando en la actualidad 205 bomberos, alrededor de 20 unidades de ayuda y medios aéreos.

La decisión se toma mientras las autoridades investigan si algunas de las conflagraciones fueron causadas intencionadamente. De La Espriella afirmó que hay señales técnicas que concuerdan con el posible empleo de acelerantes, así como informes acerca de personas en motocicleta que presuntamente están iniciando incendios intencionalmente. Además, se indaga si estas acciones podrían estar vinculadas a esfuerzos por distraer a las autoridades para que otros delitos sean más fáciles de perpetrar. Estas hipótesis son parte de las investigaciones hasta ahora, y no representan una resolución judicial sobre los culpables.

El presidente Abelardo De La Espriella informó que el miércoles 26 de agosto dará inicio la distribución de un subsidio monetario para las familias que fueron golpeadas por el terremoto de 7,4 grados de magnitud que se produjo el 10 del mismo mes. Durante tres meses, se brindará ayuda de $875.452 al mes, lo que equivale a un monto total de $2.626.356 por hogar. Se destinará en primer lugar a las familias cuyos hogares fueron destruidos o se volvieron inhabitables. El anuncio fue hecho en Quibdó, mientras se exponía el comienzo de la etapa de reconstrucción de las áreas dañadas.

La medida se implementa mientras las autoridades están actualizando el informe acerca de una de las emergencias más serias ocurridas recientemente en la nación. En el informe oficial del 24 de agosto, se indican 234 personas desaparecidas, 4.592 heridas y 329 muertas, así como un total de 178.236 viviendas dañadas y 31.519 destruidas. El Gobierno indicó que se evitarán intermediarios y potenciales irregularidades en la distribución de ayudas al hacer llegar los recursos directamente a los hogares, a través de entidades bancarias u operadores.

Después de que el Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 2708 el 20 de agosto de 2026, en la que revocó y anuló 11 circulares publicadas entre 2025 y 2026, las tensiones entre el gobierno de Abelardo De la Espriella y los sindicatos se intensificaron.

Los documentos trataban temas como la jornada laboral, las horas extras, la estabilidad laboral reforzada, la libertad de los sindicatos, el trabajo doméstico, las plataformas digitales y la negociación colectiva.

La resolución afirma que ciertas circulares combinaban disposiciones obligatorias con sugerencias o establecían procedimientos y requisitos que sobrepasaban las facultades administrativas del Ministerio.

La eliminación de estas normas ha causado que las centrales obreras se opongan a la decisión, ya que creen que supone un retroceso en términos de protección laboral. Para manifestar su desacuerdo, han propuesto movilizaciones.

No obstante, la misma Resolución 2708 aclara que la derogación no borra los derechos establecidos en la Constitución, las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia, que siguen en pie; lo que se modifica es que ya no se pueden emplear las 11 circulares como base legal independiente para imponer obligaciones, condiciones, sanciones o estándares de inspección.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa monitoreando los incendios forestales que se han producido en varias zonas del país.

Según el informe proporcionado para el 24 de agosto, en los últimos siete días se registraron 12 incendios activos, tres controlados y 84 extinguidos, lo que causó un daño total de 276 hectáreas. Tolima tiene la mayor cantidad de emergencias activas, con 10 casos; Caldas y Huila tienen uno de cada uno.Las condiciones del tiempo también contribuyen a la persistencia del riesgo.

El IDEAM, a través de las categorías roja, naranja y amarilla, actualiza todos los días el pronóstico de peligro de incendio en la cobertura vegetal considerando factores como las temperaturas más altas y las condiciones de precipitación.

Para poder atender las emergencias de manera más efectiva, las autoridades sugieren no realizar fogatas ni quemas, así como también notificar a tiempo el avistamiento de columnas de humo o incendios.

La Cámara de Comercio de Montería confirmó la participación de los chefs Jorge Rausch y Charlie Otero como los primeros invitados de honor a la próxima edición de Sazón Córdoba 2026.

​Rausch destaca dentro del panorama culinario nacional por su extensa trayectoria y su aporte innovador a la cocina de autor, mientras que Otero se ha consolidado como un embajador de la gastronomía colombiana, dedicando su carrera a la revalorización de los productos, sabores y tradiciones locales.

​Ambos reconocidos cocineros formarán parte central de este encuentro gastronómico, programado para llevarse a cabo los días 11 y 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de Montería. Desde la entidad organizadora indicaron que próximamente se anunciarán nuevos nombres de chefs, experiencias y sorpresas que enriquecerán la programación. La ciudadanía interesada ya puede formalizar su inscripción gratuita ingresando al sitio web oficial ccmonteria.org.co.

Otras tres mujeres habrían sufrido secuelas graves y afectaciones en su salud. La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Gabriel Fernando Cubillos Valencia por su posible responsabilidad en la muerte de cuatro pacientes y las afectaciones causadas a otras tres personas luego de practicarse procedimientos estéticos en Bogotá.La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió conocer que desde 2022 el galeno ofrecía servicios de cirugía plástica y reconstructiva a través de redes sociales.

Las publicaciones también ofertaban paquetes quirúrgicos que podían ascender en valor a los 80 millones de pesos, con la posibilidad de acceder a descuentos de hasta el 50%.El profesional presuntamente solicitaba anticipos de tres millones de pesos para programar las intervenciones en diferentes centros médicos. Algunas pacientes eran trasladadas posteriormente a inmuebles que, al parecer, no contaban con las adecuaciones y protocolos necesarios para el desarrollo de las actividades médicas.En cuatro casos, las pacientes fallecieron por complicaciones posteriores a las cirugías. Los dictámenes medicolegales determinaron diferentes causas de muerte relacionadas con afectaciones derivadas de los procedimientos.

Además, fueron documentados casos en los que tres mujeres habrían sufrido secuelas graves en los cuerpos producto de malas prácticas.Los elementos materiales probatorios también dan cuenta de consentimientos informados suscritos en blanco y de la inclusión, en algunas historias clínicas, de firmas de médicos especialistas que no habrían tenido contacto con las personas atendidas.Por estos hechos, la Fiscalía imputó al médico los delitos de homicidio en la modalidad de dolo eventual y lesiones personales. El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso penal.

En julio pasado, como parte de las labores de policía judicial definidas en el curso de esta investigación, personal del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) realizó 10 diligencias de registro y allanamiento en consultorios ubicados en Bogotá, donde Gabriel Fernando Cubillos Valencia prestaba sus servicios. En los procedimientos se recopiló evidencia de relevancia para el avance del proceso.

La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, comunicó que Deisy Dorelly Guanaro asumirá la Dirección General de la institución, donde tendrá a su cargo asuntos vinculados con el reclutamiento forzado, la violencia y la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Su nombramiento tiene un componente simbólico, ya que Guanaro experimentó en carne propia las repercusiones de la violencia y el reclutamiento tras haber sido víctima de diversas formas de violencia en su infancia.

Guanaro rememoró que ingresó al ICBF cuando era menor de edad y bajo la protección de dicha entidad. Luego de 20 años, asegura volver en una situación distinta: como defensora de los derechos de la infancia y sobreviviente. Su experiencia se utilizará para abordar uno de los mayores desafíos que enfrenta el país, mientras que el ICBF trabaja para mejorar las medidas destinadas a prevenir el reclutamiento forzado y asegurar la protección de los menores víctimas de violencia.

Con el propósito de frenar el uso ilegal de teléfonos móviles al interior de los centros penitenciarios, desde donde se coordinan actividades delictivas como la extorsión, los jefes de las carteras de Justicia, Iván Cancino, y de las TIC, Alexandra Falla, sostuvieron un encuentro estratégico con diversos operadores de telefonía celular.

Durante la reunión se evaluaron diferentes mecanismos técnicos para bloquear las señales y las comunicaciones no autorizadas que operan tras las rejas. Las nuevas disposiciones gubernamentales continúan en fase de análisis técnico y operativo, por lo que sus lineamientos definitivos serán socializados ante la opinión pública en el transcurso de los próximos días.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha manifestado su respaldo a la decisión del Ministerio del Trabajo de derogar 11 circulares a través de la Resolución 2708. Desde la perspectiva del gremio, esta medida representa un avance significativo hacia la transparencia y la seguridad jurídica, al tiempo que garantiza que tanto las empresas como los empleados operen bajo normativas estables y ajustadas al marco legal y constitucional vigente.

Según el análisis técnico y jurídico del ministerio mencionado por la agremiación, las directrices anuladas excedían su propósito orientador al pretender incorporar obligaciones, multas y procedimientos carentes de un debido respaldo legal. Para la ANDI, rectificar estos lineamientos delimita correctamente el ejercicio administrativo y previene la incertidumbre generada cuando las normativas rebasan los límites establecidos por la ley, un factor que puede debilitar la confianza institucional. Por último, el gremio ratificó su disposición para seguir impulsando un entorno normativo previsible que fomente la inversión, la formalización laboral y el desarrollo sostenible de la nación.