Burbuja Política
El exsecretario Luis Carlos Gutiérrez Martínez pidió perdón por haber autorizado la expedición de diplomas y actas académicas falsas a favor de Juliana Guerrero en la Fundación Universitaria San José.
“Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”, señaló ante el juez.
Tras llegar a una negociación con la Fiscalía, Gutiérrez, reconoció entregar títulos falsos a Juliana Guerrero, y fue condenados a 3 años de prisión.
El Presidente Abelardo De La Espriella, en compañía del gabinete ministerial, firmó ayer el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la grave calamidad pública que dejó el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026. El Decreto tendrá una vigencia de 30 días calendario.
El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y dejó afectaciones en viviendas, infraestructura, establecimientos educativos y de salud, vías, servicios públicos y otras instalaciones esenciales en catorce departamentos: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
El Decreto precisa que el ámbito territorial cobija también a los municipios en los que «posteriormente pueda demostrarse una afectación concreta derivada del fenómeno».
El Gobierno Nacional sostiene que, pese a haber activado los mecanismos ordinarios de respuesta, «la magnitud, simultaneidad, dispersión territorial y complejidad de los daños» hacen necesario recurrir a herramientas extraordinarias, ya que dichos mecanismos «resultan insuficientes» para conjurar la crisis.
Por esa razón, el Ejecutivo acudió a las facultades del artículo 215 de la Constitución Política, que le permiten expedir decretos con fuerza de ley «directa y específicamente» relacionados con la emergencia. El propio decreto aclara que las medidas que se adopten deberán ser «proporcionales, temporales y necesarias».
Recursos extraordinarios
La declaratoria habilita al Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella para adoptar medidas extraordinarias en materia presupuestal, contractual, crediticia, tributaria y financiera, así como para crear fondos especiales y reorientar recursos de fondos que no estén comprometidos. No obstante, el decreto es enfático en que estas herramientas no tienen como propósito «solucionar el desequilibrio estructural de las finanzas públicas», sino habilitar temporalmente recursos y alivios «vinculados de manera directa a la atención del desastre, la asistencia humanitaria y la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas».
Vivienda para las familias damnificadas
Uno de los ejes centrales de la respuesta es la recuperación habitacional. El Gobierno, con el Decreto de Emergencia, podrá flexibilizar y ampliar los subsidios de vivienda, facilitar el reasentamiento y el alojamiento transitorio de las familias afectadas, y proteger a los hogares «frente a posibles distorsiones en los mercados de arrendamiento y materiales de construcción». También se contemplan medidas extraordinarias en licenciamiento, habilitación urbanística, uso del suelo y modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre «respetando la autonomía de las entidades territoriales».
El Decreto se firmó durante el Consejo de Ministros del 19 de agosto.El Decreto se firmó durante el Consejo de Ministros del 19 de agosto.
Salud, educación y protección social
La emergencia busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en los territorios afectados y garantizar la continuidad de la atención a la población damnificada, así como la continuidad de la afiliación y las prestaciones del Sistema de Seguridad Social. En educación, se podrán contratar servicios de acompañamiento pedagógico y psicosocial itinerante y adquirir dotación tecnológica y mobiliario, además de garantizar la alimentación escolar cuando los establecimientos educativos «hayan sido destruidos o hayan quedado inhabilitados».
Transporte, infraestructura y conectividad
El Gobierno podrá intervenir infraestructura de competencia territorial «cuando las entidades responsables no tengan capacidad suficiente para hacerlo», y superar temporalmente restricciones contractuales cuando la magnitud de las obras lo requiera. En telecomunicaciones, se buscará «la continuidad y recuperación de los servicios de comunicaciones» mediante el uso temporal de infraestructura disponible y la flexibilización de procedimientos de despliegue de redes.
Crédito y reactivación económica
El decreto contempla mecanismos de compensación de tasas, coberturas, subsidios de comisiones, períodos de gracia y garantías a través de entidades del Grupo Bicentenario. Además, habilita temporalmente a determinadas cooperativas del sector financiero para ampliar sus operaciones hacia población afectada que no sea actualmente asociada, «bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad».
Movilización de recursos para la reconstrucción
Se facilitará el uso de recursos del Sistema General de Regalías y, bajo la modalidad de préstamo, del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), para atender las consecuencias económicas y sociales del desastre. También se ampliará temporalmente el mecanismo de Obras por Impuestos, y bienes administrados por el Fondo la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra Crimen Organizado (FRISCO) podrán destinarse a «albergues temporales, centros de acopio, reasentamiento de familias vulnerables y obras de infraestructura».
El presidente Abelardo de la Espriella llevó a cabo el anuncio oficial de la nueva cúpula que liderará las Fuerzas Militares del país y, durante la presentación de los nuevos comandantes, confirmó una modificación en el nombre de una de las instituciones castrenses.
El mandatario señaló que la Fuerza Aeroespacial Colombiana volverá a llamarse Fuerza Aérea, recuperando la denominación que tuvo durante décadas.
“La Fuerza Aeroespacial, que desde ya les informo volverá a tener su nombre original: Fuerza Aérea”, afirmó el presidente durante el anuncio de la nueva cúpula militar.
El presidente Abelardo de la Espriella realizó desde Barranquilla el anuncio oficial de la nueva cúpula que liderará las Fuerzas Militares de Colombia, definiendo así la estructura de mando para su administración.
En los cargos más relevantes, el general Erick Rodríguez Aparicio fue designado como el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, marcando su regreso al servicio activo. Rodríguez Aparicio cuenta con una amplia trayectoria en la que se incluyen responsabilidades como segundo comandante del Ejército y jefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, además de haber comandado unidades como la Primera División, la Séptima Brigada y diversas fuerzas de tarea.
Por su parte, el general Carlos Carrasquilla asume como jefe de Estado Mayor Conjunto, aportando su experiencia previa en cargos como la Comandancia de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional y la jefatura de la Fuerza de Tarea Dragon, entre otras funciones estratégicas.
En cuanto a la cúpula del Ejército Nacional, el primer mandatario confirmó al general José Bertulfo Soto como el nuevo comandante de la institución, quien trabajará junto al general Rodolfo Morales, designado como segundo comandante. Morales, quien previamente lideró la Décima Tercera Brigada, completa este bloque de mando para el componente terrestre.
Finalmente, el general Óscar Leonel Murillo fue llamado nuevamente al servicio activo para asumir la dirección de la Escuela Superior de Guerra. Murillo trae consigo una vasta experiencia operativa y administrativa, tras haber ejercido como comandante de la Séptima División y de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Chocó, además de haber pasado por la jefatura del Departamento de Planeación del Ejército y la dirección de la Décima Primera Brigada en el departamento de Córdoba.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exmagistrado de la Corte Constitucional, se encuentra a pocas horas de recuperar su libertad tras haber estado cumpliendo una condena por el delito de concusión en el emblemático caso Fidupetrol. La liberación se haría efectiva este jueves, una vez que el establecimiento penitenciario de Montería finalice los trámites administrativos de rigor tras haber recibido la boleta de libertad.
Pretelt, quien fungió como magistrado entre 2009 y 2015, se encontraba bajo la modalidad de prisión domiciliaria, medida que estaba siendo vigilada por las autoridades penitenciarias de la capital de Córdoba. Ahora, tras la recepción del documento judicial, los funcionarios avanzan en las verificaciones finales para proceder con la notificación formal y permitir que el exfuncionario deje de estar privado de la libertad.
El origen de este proceso penal se remonta a la época en la que el condenado ejercía sus funciones en la alta corte. Según las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, Pretelt solicitó la suma de 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco, quien representaba los intereses de Fidupetrol en una tutela que buscaba favorecer a la fiduciaria frente a una millonaria condena a favor de la Gobernación de Casanare. La justicia determinó que el exmagistrado abusó de su investidura para pedir dicho dinero a cambio de intervenir en el fallo, lo cual configuró el delito de concusión.
Por estos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema lo condenó en diciembre de 2019 a una pena de 78 meses de prisión, además de imponerle una multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Dicha sentencia fue ratificada por la Sala de Casación Penal en mayo de 2023, momento en el cual se ordenó la captura efectiva del exmagistrado, quien hasta el día de hoy cumplía su pena bajo detención en casa.
El influenciador Yeferson Cossio rompió el silencio respecto a la polémica generada tras la difusión de un video en el que aparece manipulando un arma de dotación oficial de la Policía Nacional durante su labor humanitaria en el departamento del Chocó.
Durante su pronunciamiento, el creador de contenido ofreció disculpas públicas al país y a quienes pudieron sentirse afectados, al tiempo que reconoció haber actuado de manera irresponsable por desconocer la normativa que rige el manejo de este tipo de armamento, aunque recalcó que nunca tuvo la mala intención de perjudicar a nadie.
Cossio contextualizó el incidente al señalar que se originó en medio de una situación tensa provocada por una persona que llegó alterada al lugar de la entrega de ayudas. Asimismo, lamentó que la discusión nacional se desviara hacia este episodio, restando protagonismo a las 40 toneladas de asistencia humanitaria que movilizó para apoyar a las comunidades más vulnerables de la región.
Uno de los anuncios más destacados de su declaración fue el respaldo jurídico y laboral ofrecido a los dos patrulleros implicados en el caso. El influenciador aseguró que pondrá a su disposición a todo su equipo de abogados para enfrentar las posibles consecuencias disciplinarias o legales y prometió que, en caso de que pierdan sus cargos institucionales, les ayudará a conseguir nuevas oportunidades laborales con mejores remuneraciones.
Mientras las autoridades competentes continúan adelantando las investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer cómo el arma terminó en manos del civil, el caso sigue abierto y bajo la lupa de los entes de control.
En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y el propio Ejército Nacional, fue capturado este jueves en el Cantón Norte de Bogotá el coronel activo Carlos Didier Pérez Amorocho. La detención, que incluyó el allanamiento de un inmueble dentro de las instalaciones castrenses, responde a una rigurosa investigación de varios años que busca esclarecer los presuntos nexos del oficial con estructuras dedicadas al narcotráfico y al terrorismo.
El alto oficial enfrenta graves señalamientos por delitos como concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con las indagaciones preliminares, el uniformado habría aprovechado sus cargos de mando para filtrar información operacional y facilitar el transporte clandestino de armamento a cambio de beneficios económicos, conductas que ahora son materia de verificación por parte de las autoridades competentes.
Como muestra de la cooperación internacional ante la emergencia, un total de 3,6 toneladas de asistencia humanitaria enviadas por el Gobierno de Turquía arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado para respaldar a las familias damnificadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto.
El cargamento, gestionado a través de la embajada turca en el país, consta de 1.050 mantas, 1.440 kilogramos de alimentos y 416 kilogramos de medicamentos esenciales. Estos insumos fueron recibidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar su posterior distribución en las zonas que sufrieron los mayores impactos a causa del movimiento telúrico.
Desde el Gobierno nacional se destacó el respaldo de la nación euroasiática, subrayando que este gesto solidario fortalece los lazos históricos de amistad y cooperación bilateral en momentos en que las comunidades afectadas continúan con las labores de recuperación y normalización de sus territorios.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance oficial sobre la tragedia ocasionada por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, el cual tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. De acuerdo con el reporte consolidado con corte a las 6:30 a. m. de este 20 de agosto, la cifra de víctimas fatales aumentó a 319 personas.
Las labores de búsqueda, rescate y evaluación que lideran las autoridades en las zonas impactadas también confirman un total de 4.506 personas heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas tras la emergencia.
El impacto en materia habitacional y de infraestructura sigue siendo crítico, con 163.492 viviendas averiadas, 31.461 destruidas y 302 edificaciones colapsadas en 15 departamentos y 476 municipios afectados.
Organismos de socorro y entidades del Gobierno continúan desplegados en las regiones para atender las necesidades prioritarias de las familias damnificadas.
En su cuenta de x el presidente señaló que en
operaciones en Putumayo y Norte de Santander, «nuestra Fuerza Pública golpeó las estructuras del ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comandos de Frontera».
Aseguró que fueron incautadas o destruidas más de 4,5 toneladas de cocaína, además de 300 kilos y 220 galones de base de coca.
«Evitamos que 7,7 millones de dosis llegaran a las calles y golpeamos las finanzas criminales en al menos USD 85 millones
Sin cocaína no hay dinero. Sin dinero no hay armas ni terrorismo. Vamos a destruirles el negocio» acotó.
«En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo» concluyó el presidente Abelardo De La Espriella.