Categoría: Política Nación

El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Santiago Castro (Centro Democrático), salió este domingo a pronunciarse sobre las tensiones internas en la derecha colombiana, luego de que el senador Rafael Nieto Loaiza afirmara en una entrevista que el uribismo “le va a ganar la guerra” al presidente electo Abelardo de la Espriella en la disputa por el liderazgo del sector.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Castro señaló tres puntos clave:“Admiro a Rafael Nieto y lo creo un miembro valioso de nuestra bancada”.

“Tengo el deseo de trabajar con el Presidente Electo Abelardo de La Espriella y su gobierno en todos los proyectos que beneficien a Colombia”.

“El Centro Democrático no está en guerra con ningún gobierno o colectividad, salvo con la izquierda radical corrupta, violenta y antidemocrática.

Las declaraciones de Nieto, publicadas este domingo por la revista Cambio, se enmarcan en el debate por el lugar de la posesión presidencial (el senador se opuso a que se realice en una guarnición militar) y en la creciente disputa entre el Centro Democrático y el movimiento de De la Espriella por el control de la derecha tras las elecciones de 2026.

Castro, quien ha respaldado abiertamente al mandatario electo, busca con su mensaje desmarcar al partido de una confrontación abierta y reafirmar la disposición de colaboración institucional, en un momento en que varios sectores uribistas han expresado preocupaciones por supuestos ataques del “abelardismo” contra el expresidente Álvaro Uribe y la colectividad.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026, ya no se realizaría en el departamento del Cauca, como había autorizado el Senado la semana pasada, sino en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca. Altas fuentes del equipo del mandatario electo informaron a La FM que esta semana el Congreso será notificado oficialmente de la decisión.
El cambio se debe a los problemas de seguridad que enfrenta el Cauca y a las dificultades logísticas para trasladar a los congresistas y a las delegaciones nacionales e internacionales hasta Popayán.
Según la información, el próximo martes las plenarias de Senado y Cámara aprobarían una nueva proposición que autorice la posesión en Cali o, de manera más amplia, “por fuera de Bogotá, en cualquier región del país”.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ya envió una carta a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional solicitando un informe sobre las condiciones reales de seguridad para garantizar el desplazamiento de los parlamentarios al Cauca. La respuesta de las autoridades será clave para formalizar el cambio de sede.

El congresista del Centro Democrático, aunque respalda un homenaje a la Fuerza Pública, insiste en que el acto debe realizarse primero ante el Congreso en un recinto civil.
El senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, cuestionó este domingo la iniciativa de realizar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, al considerar que, pese a sus “sanas intenciones”, genera “muy dañinos efectos para la democracia, las instituciones republicanas y las propias Fuerzas”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Nieto afirmó que el homenaje a militares y policías “es un deber” que él acompaña y alienta, pero que debe efectuarse después de la posesión formal ante el Congreso en un espacio civil.
“La subordinación del poder militar al poder civil debe ser no solo efectiva sino simbólica. Y una posesión presidencial en un cuartel, rodeada de uniformados, entre fusiles, rompe esa simbología”, escribió.
Nieto Loaiza.
Según el senador, ese escenario proyecta la imagen de “un presidente y unos legisladores sometidos a los soldados o, en el mejor de los casos, intimidados por ellos”. Advirtió sobre la posible lectura internacional de la ceremonia y remató: “En los cuarteles se posesionan los dictadores, no los demócratas”, subrayó.

El Congreso de la República, a través de la Secretaría General del Senado, envió oficios formales al comandante de las Fuerzas Militares, al comandante del Ejército y al director de la Policía Nacional para que informen, de manera urgente y precisa, si existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes para realizar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto en el departamento del Cauca.

La solicitud, impartida por instrucción del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, no se limita a un trámite burocrático. Busca determinar si están dadas las garantías para trasladar la sede del Congreso Pleno a esa región y celebrar allí la imposición de la banda presidencial, en un acto que rompería con más de un siglo de tradición republicana concentrada en Bogotá.

El oficio es contundente: exige claridad sobre las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de senadores, representantes, servidores públicos e invitados nacionales e internacionales.

“Existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias para garantizar plenamente la vida, la integridad personal y la seguridad…”, pregunta el documento, y añade que, de no ser así, se informen los factores que podrían comprometer la realización de la sesión.

El Cauca no es un escenario cualquiera. Es uno de los departamentos más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales, disidencias de las FARC, el ELN y estructuras del narcotráfico. Convertirlo en sede de la posesión presidencial —como lo prometió De la Espriella durante la campaña— representa un mensaje político de primer orden: llevar el poder central a una región históricamente abandonada y convertida en “boca del lobo”.

El Senado ya aprobó, con 55 votos a favor y 32 en contra, la proposición que autoriza el traslado temporal del Congreso al Cauca. Falta, sin embargo, el aval de la Cámara de Representantes. Y, sobre todo, falta el concepto de las autoridades de seguridad.

Mientras tanto, el presidente saliente Gustavo Petro ha dejado clara su posición: prohibió expresamente el uso de cualquier guarnición o establecimiento militar para la ceremonia, hasta el último segundo de su mandato.

La decisión de De la Espriella de posesionarse fuera de la Plaza de Bolívar, del Capitolio o del Palacio de Justicia no es solo simbólica. Es un desafío abierto al centralismo bogotano y, al mismo tiempo, una prueba de fuego para las instituciones que deben garantizar el orden en medio de la transición. La respuesta de las Fuerzas Militares será determinante: de ella depende si el 7 de agosto Colombia asiste a un acto de descentralización histórica o si el Gobierno que se va logra imponer, una vez más, su veto sobre el nuevo poder que llega.

El reloj corre. Quedan menos de dos semanas para el cambio de mando y el país espera una definición clara: ¿el Cauca será el escenario del nuevo comienzo o el lugar donde se evidencie que la seguridad aún no está a la altura de las promesas políticas?

El senador Antonio José Correa Jiménez, del Partido de la U, radicó un proyecto de ley orientado a garantizar que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) opere con reglas claras y en beneficio directo de los estudiantes de Colombia. La iniciativa busca frenar irregularidades y asegurar que la alimentación de niños y niñas llegue de manera oportuna y de calidad.

“No vamos a permitir que se siga jugando con la alimentación de nuestros niños y niñas. El PAE necesita reglas claras”, afirmó el congresista en un mensaje publicado en sus redes sociales. Según explicó, el proyecto propone que la alimentación llegue a tiempo, sin interrupciones, con operadores idóneos, mayor transparencia y mejores controles.

La iniciativa también fortalece las compras a productores locales, promueve mejores condiciones de agua potable y de cocinas en las instituciones educativas, e involucra a las familias en la vigilancia de los recursos.

El senador invitó a la ciudadanía a conocer de manera sencilla cada uno de los puntos de la propuesta a través de un ABC explicativo y a compartir la información para que más personas se enteren de su contenido.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó este sábado en su cuenta de X un emotivo mensaje en el que evoca un encuentro ocurrido hace un cuarto de siglo en París con el maestro Rafael Escalona, uno de los máximos exponentes del vallenato.

En el relato, el mandatario electo —quien asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026 para el periodo 2026-2030— comparte cómo aquellas palabras improvisadas del juglar han cobrado un significado especial tras su victoria electoral.

“Hace 25 años viví un momento que jamás imaginé que tendría un significado tan profundo con el paso del tiempo”, escribió De la Espriella. En ese entonces era un joven estudiante de Derecho y gerente editorial de Valledupar Music (también referida como Valdupari Music). Tras una conferencia sobre Gabriel García Márquez, Escalona y el vallenato, el grupo terminó recorriendo los Champs-Élysées entre canciones, acordeones y guitarras.

Esa noche, De la Espriella interpretó Nació mi Poesía, del maestro Fernando Dangond Castro. El compositor Escalona, con su característica sensibilidad, le dedicó unos versos improvisados que el hoy presidente electo afirma no haber olvidado nunca:“Brillarás como una estrella en tu patria para siempre… Tú serás el dirigente de Macondiana Nación, gobernando para tu gente con justicia y con razón.”

La versión completa de los versos, difundida ampliamente en medios colombianos a partir de testimonios de asistentes y una crónica del diario El Pilón de Valledupar, es la siguiente:

«Abelardo De La Espriella

quiero que tengas presente,

brillarás como una estrella

en tu patria para siempre.

Serás un buen abogado,

brillante profesional,

en tribunales y estrados

tus ideas triunfarán.

Joven de transformaciones

de inconformismos sociales,

serán tus sabias decisiones

soluciones generales.

Tú serás el dirigente

de macondiana nación,

gobernando pa’ tu gente

con justicia y con razón.

Si yo no lo alcanzo a ver,

Abelardo desde el cielo

bendiciones por doquier

y sea Dios guiando tus sueños.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la reciente investigación difundida por la revista Semana sobre chats, audios y consignaciones vinculadas a la exconsejera para las Regiones, Juliana Guerrero, y a su hermana Verónica. A través de la red social X, el mandatario solicitó que el medio entregue todo el material probatorio a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las responsabilidades correspondientes. Asimismo, cuestionó el papel de los empresarios salpicados en el informe, sugiriendo que habrían intentado entregar recursos de manera irregular para presionar o influir en las decisiones del Gobierno y que, al no lograr sus objetivos, hicieron públicas las evidencias por inconformidad. Petro sostuvo que las autoridades judiciales deben avanzar en las indagaciones para determinar si existieron conductas ilícitas en los presuntos contactos y movimientos de dinero reportados.

El equipo anticorrupción del gobierno entrante radica una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total del Invías. Según el informe presentado por José Manuel Restrepo y Germán Calderón España, aunque el proyecto buscaba intervenir cerca de 33.000 kilómetros de vías rurales, para finales de 2024 apenas se habían ejecutado 117,2 kilómetros, comprometiendo recursos por más de $660.000 millones de pesos.

​Entre las principales anomalías expuestas figuran cientos de convenios con juntas de acción comunal suspendidos o inconclusos, así como casos críticos en Antioquia donde contratos por más de $2.289 millones registraban un avance del 0 % a febrero de 2026, pese a que los fondos ya habían sido desembolsados.

​Adicionalmente, el documento pide investigar un presunto esquema de favoritismo político mediante una planilla de «cupos indicativos», a través de la cual se habrían direccionado 74 proyectos (valorados en más de $571.701 millones) a beneficio de congresistas, salpicando en las hipótesis de trabajo a exministros y exdirectivos de la gestión saliente.

 

El presidente Gustavo Petro evocó sus comienzos en el activismo comunitario al recordar la fundación del barrio Bolívar 83 en el municipio de Zipaquirá, una experiencia que marcó sus primeros pasos en la vida pública cuando tenía 22 años. A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el mandatario acompañó una fotografía del sector con el mensaje: «Me tomé una pola en el barrio que fundé, tenía 22 años cuando, con otros líderes juveniles, organizamos la gente más pobre de Zipaquirá y tomamos un lote público que hoy es el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá».

​La referencia expresada por el jefe de Estado rememora un episodio clave de su juventud y de su trayectoria en los movimientos sociales de izquierda. La creación de Bolívar 83 es ampliamente conocida en la historia local del municipio cundinamarqués como una toma de terrenos liderada por un grupo de jóvenes que organizó a familias de escasos recursos para construir sus viviendas, consolidando con el paso de los años un barrio formalmente integrado a la estructura urbana de la ciudad.

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de nulidad electoral presentada contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró a Abelardo Gabriel De La Espriella Otero como presidente electo de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030. La acción judicial, interpuesta por el ciudadano Luis Guillermo Pérez Casas y que quedó bajo el despacho del magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez, busca que se deje sin efectos el acto administrativo que oficializó los resultados de las elecciones presidenciales.

​Con esta decisión de la alta corte, de fecha 23 de julio de 2026, se da inicio formal a la etapa de notificaciones al presidente electo, a las directivas del CNE y al Ministerio Público, fijando un plazo legal de 15 días para que la parte demandada presente su contestación y las pruebas pertinentes. El tribunal contencioso-administrativo aclaró que el auto de admisión constituye un trámite de rigor procesal que evalúa el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, lo que no contempla la suspensión provisional del mandatario electo ni prejuzga sobre el fallo definitivo que resolverá la validez del acto impugnado.