Categoría: Política Región

La perspectiva de afrontar eventuales interrupciones e inestabilidad en el suministro de agua potable ha llevado a un número creciente de hogares y establecimientos comerciales en Colombia a adquirir sistemas alternativos de almacenamiento. Según proyecciones comerciales reportadas por la firma Colplast, la demanda de tanques plásticos experimenta incrementos de hasta un 15% durante las temporadas de racionamiento o contingencia hídrica, focalizándose este comportamiento de compra en departamentos de la Costa Atlántica y en Antioquia.

Las referencias de almacenamiento de 105, 120, 160 y 220 litros encabezan la lista de mayor rotación comercial, siendo utilizadas principalmente para garantizar el abastecimiento de necesidades básicas durante los periodos de corte. Frente a esta dinámica del mercado nacional, la industria manufacturera confirmó que dispone de la capacidad instalada para elevar su producción regular en un 20%, asegurando el inventario suficiente para responder a eventuales desabastecimientos del recurso en las regiones más vulnerables.

La comunidad del departamento de Caldas se encuentra consternada tras el fallecimiento de Valeria Valencia Betancourt, una adolescente de 13 años que perdió la vida después de batallar contra episodios recurrentes de fiebre alta y cefaleas intensas.

Los hechos indican que la menor fue asistida en primera instancia en el área de urgencias de la Clínica Ospedale, localizada en Villamaría, sitio en el cual le suministraron fármacos orientados a mitigar la fiebre para posteriormente permitir su retorno al hogar.

No obstante, las horas posteriores marcaron un deterioro crítico en su condición clínica durante la madrugada, motivando un segundo traslado de emergencia hacia el Hospital Infantil, donde lamentablemente se confirmó su deceso pese a las maniobras de reanimación y asistencia de los profesionales de la salud.

Ante este trágico desenlace, los parientes de la menor han manifestado su desconcierto y exigen a las autoridades sanitarias una indagación exhaustiva para esclarecer los procedimientos y valoraciones aplicadas durante su primera consulta médica.

La solicitud principal de la familia apunta a determinar si las decisiones clínicas iniciales se ajustaron al cuadro sintomático que presentaba la niña y si existió algún margen de omisión en el diagnóstico preliminar.

Hasta el momento, las causas oficiales del deceso permanecen bajo reserva y no se ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre posibles negligencias, por lo que los allegados continúan a la espera de claridad en la investigación médico-legal.

Más de dos mil habitantes de Isla Fuerte, corregimiento insular perteneciente a Cartagena (Bolívar), completan ocho días sumidos en la penumbra y la incertidumbre. La interrupción del servicio de energía eléctrica, que se registra desde el pasado 29 de octubre, ha paralizado la rutina diaria de la comunidad y puesto en jaque la economía de este territorio caribeño.

El origen de la parálisis responde a un nudo tramitológico de carácter estatal. Según denunció la Inspección de Policía Rural de la isla a través de una comunicación remitida al diario El Universal y dirigida al presidente Abelardo de la Espriella, la empresa proveedora Electropacífico suspendió la operación al no contar con acceso a los subsidios gubernamentales. Esta traba administrativa obedece a que el registro y código de prestación del servicio continúan a nombre del operador anterior, Soling del Sinú, firma que ya fue liquidada pero cuya transferencia no ha sido completada formalmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ante la falta de luz, la población ha tenido que recurrir a medidas de emergencia para sostener sus necesidades básicas. Mientras algunas familias optaron por comprar generadores propios, otras se ven obligadas a pagar hasta 8.000 pesos diarios a vecinos con planta eléctrica para obtener apenas unas cuantas horas de corriente, una carga económica que llega a superar los 240.000 pesos al mes por hogar. Frente a este panorama, las autoridades locales instaron al Gobierno Nacional a desempantanar los trámites ante la Superservicios, al tiempo que solicitaron una visita de la Presidencia de la República y un refuerzo en el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Una profunda tristeza se vive en el departamento de Córdoba tras conocerse el fallecimiento de una joven de 29 años, oriunda del municipio de Lorica, quien perdió la vida en la ciudad de Bogotá. Por estos hechos, las autoridades lograron la aprehensión del presunto implicado, quien fue puesto a disposición de los entes competentes para que se adelanten las indagaciones del caso.

El suceso se registró al interior de un inmueble ubicado en el barrio Sevilla, en la localidad de Antonio Nariño. Tras recibir una alerta de la comunidad por una fuerte discusión en el sector, unidades de la Policía Nacional acudieron de inmediato al sitio. Aunque la afectada fue remitida de urgencia a un centro asistencial, lamentablemente se confirmó su deceso minutos después debido a la gravedad de la situación.

Por su parte, la pronta reacción de las autoridades permitió interceptar al presunto responsable cuando se encontraba en la zona, evitando que evadiera la acción de la justicia. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los motivos exactos que rodearon este trágico episodio, mientras familiares y allegados realizan los trámites necesarios para trasladar el cuerpo al municipio de Lorica y rendirle su último adiós.

Una descarga eléctrica cegó la vida de Nevi Silvera en su vivienda del sector de invasión Los Cambuches, en el municipio de Candelaria, al sur del Atlántico. La mujer intentaba enchufar un abanico justo en el instante en que se restableció de forma repentina el suministro de energía en la zona, provocando el letal choque eléctrico.

Aunque sus familiares reaccionaron de inmediato y la trasladaron de urgencia al hospital local, los profesionales de la salud confirmaron que la víctima ingresó sin signos vitales. El trágico suceso ha generado gran conmoción entre los habitantes del sector, mientras que la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica aún no se ha pronunciado formalmente sobre las circunstancias del hecho.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, en compañía del alcalde de Guaranda, Nolberto Beltrán, adelantó una mesa de trabajo en Bogotá con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de acelerar la asignación de recursos destinados a la recuperación de 11 municipios sucreños golpeados por las intensas lluvias. La comisión departamental presentó un paquete de intervenciones prioritarias enfocado en la reactivación económica del sector agropecuario y turístico, la adquisición de bancos de maquinaria amarilla para el mantenimiento de vías en La Mojana y el Golfo de Morrosquillo, así como la reconstrucción de escuelas afectadas.

Dentro de los puntos críticos de la negociación con el Gobierno Nacional se destacó la urgencia de concretar el cierre del boquete de Caregato, obra considerada estructural para regular el cauce de las fuentes hídricas y prevenir nuevas inundaciones en los cascos urbanos de la subregión mojanera. Las autoridades territoriales enfatizaron que la efectividad de la respuesta estatal dependerá de la celeridad con la que los compromisos institucionales suscritos en la capital se traduzcan en ejecuciones presupuestales directas y soluciones definitivas para los damnificados del departamento.

La inclemencia de las lluvias que azotaron al municipio de Soledad, Atlántico, desencadenó una profunda tragedia familiar tras la muerte de Ciro Antonio Oquendo Cova, de 63 años, y su nieta Zoé Soto Castro, de 5 años, quienes fueron arrastrados por la fuerza del agua mientras regresaban a su vivienda.

El fatal acontecimiento se produjo en la intersección de la calle 74 con carrera 21, punto en el que el experimentado adulto transitaba a bordo de una motocicleta eléctrica en compañía de sus dos nietas, a quienes acababa de recoger. Al cruzar por la zona, la imprevista corriente de un arroyo crecido desestabilizó el vehículo y arrastró a los ocupantes sin darles margen de reacción.

Durante la emergencia, la oportuna intervención de miembros de la comunidad evitó un desenlace aún mayor al lograr poner a salvo a la otra menor, de 12 años, quien también viajaba en la motocicleta. La niña rescatada fue trasladada de inmediato a un centro asistencial privado donde permanece bajo observación médica, mientras que su abuelo y la pequeña Zoé no lograron sobrevivir a la violenta embestida del cauce.

El trágico suceso ha generado consternación entre los habitantes del sector y deja un profundo duelo en el núcleo familiar, en medio del recurrente riesgo que representan las corrientes de agua para los transeúntes durante la temporada invernal en la región.

Un nuevo hecho de violencia sacudió el centro de Medellín en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre y dejó un saldo de tres personas muertas y una herida. Entre las víctimas fatales se encuentra el patrullero Hamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, integrante de la Policía Nacional.

El uniformado perdió la vida luego de resultar herido por un disparo durante un procedimiento en el sector de Estación Villa. Todo comenzó cuando varias patrullas llegaron al lugar alertadas por detonaciones y se encontraron con varios individuos que se desplazaban en motocicletas. La intervención policial derivó en una persecución que terminó en un enfrentamiento armado, en el que el patrullero Santa Aguirre recibió un impacto de bala.

Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, falleció a causa de la gravedad de sus heridas. La institución policial y la ciudad de Medellín lamentan la muerte de un joven oficial que cayó en cumplimiento de su deber.

Tras conocerse lo ocurrido, el alcalde Federico Gutiérrez rechazó el ataque y aseguró que se adelantan operativos para identificar y capturar a todos los responsables. Las primeras hipótesis apuntan a un posible enfrentamiento entre organizaciones delincuenciales por el control territorial.

Como parte de las acciones desplegadas, las autoridades incautaron motocicletas y otros elementos que serán incorporados a la investigación. Los organismos judiciales trabajan para esclarecer lo sucedido, establecer responsabilidades y determinar qué estructura criminal estaría detrás de este episodio que enluta a la Policía Nacional.

Una menor de cinco años resultó lesionada en una de sus rodillas tras un encuentro con un animal silvestre conocido como saíno o pecarí, en zona rural del municipio de Valencia.

El incidente obligó a su madre a emprender un largo recorrido a pie para conseguir asistencia.

Según la información conocida, la mujer caminó durante más de una hora con la pequeña cargada sobre su espalda hasta llegar a la Subestación de Policía Guadual, donde solicitó ayuda para atender la herida que el animal le habría causado con sus colmillos.

Al conocer los hechos, los uniformados pidieron el apoyo del patrullero Julio Cabalan, quien cuenta con conocimientos de enfermería. El policía realizó una primera curación en la zona afectada y brindó atención básica a la niña mientras se gestionaba su traslado para atención médica especializada.

Un juez de control de garantías ordenó prisión preventiva intramural para Carlos Andrés Taborda Rodríguez, exsecretario de Hacienda de Sabanalarga (occidente de Antioquia), señalado por la Fiscalía de haberse apropiado de 2.376 millones de pesos del municipio entre 2020 y 2023. La decisión se tomó este miércoles 4 de noviembre, tras la audiencia de legalización de su captura, ocurrida el 28 de octubre en el sector Las Cabañitas, de Bello, a cargo de la Dijín de la Policía Nacional.​

Según la Fiscalía, Taborda, quien controlaba las cuentas municipales en su cargo, inflaba sistemáticamente su propia nómina. Un investigador explicó a El Colombiano: “La nómina de él eran 1.400.000 pesos y se pagaba 41 millones de pesos; le ponía un cuatro adelante y se pagaba 40 millones de pesos más. Y así sacó 2.376 millones”. El delito imputado es peculado por apropiación.​

Las autoridades también indagan una presunta apropiación similar de 290 millones de pesos en el municipio de Pueblorrico (suroeste), donde Taborda ocupó un cargo posterior durante solo cuatro meses. Además, la Procuraduría le formuló pliego de cargos, junto con el exalcalde Morel Alfonso Mazo, por destinación indebida de más de 270 millones de un crédito del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) en 2019, recursos destinados a la placa del polideportivo de la vereda El Llano de Oro que nunca se construyó.​