Categoría: Política Región

En la mañana de este sábado 17 de octubre de 2026, un bus de servicio público perteneciente a la empresa Concorde fue interceptado e incinerado por cuatro hombres encapuchados en la Troncal del Norte, específicamente en el sector del páramo del Almorzadero, dentro de la jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander.

​Los sujetos obligaron a los pasajeros y al conductor a descender del automotor antes de prenderle fuego, un hecho reportado hacia las 7:00 de la mañana que preliminarmente apunta a posibles presiones de extorsión contra las empresas transportadoras que operan en este corredor vial. Las autoridades investigan si detrás del ataque se encuentra el frente Efraín Pabón Pabón del Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido a antecedentes similares reportados en abril y mayo de 2026 en esta misma ruta que conecta a Santander con Norte de Santander. Tras la emergencia, unidades del Ejército Nacional y de la Policía se desplazaron a la zona para redoblar la seguridad y custodiar a los viajeros.

Dos uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos tras registrarse una fuerte explosión en la zona rural de Cali, específicamente en el sector conocido como Guacas, en la ruta que conduce del corregimiento de Montebello hacia el cerro de Las Tres Cruces.

El hecho se produjo en el momento preciso en que la patrulla institucional transitaba por dicho tramo vial, provocando una onda expansiva cuyo estruendo alcanzó a percibirse con fuerza tanto en la zona rural contigua como en diversos barrios del norte de la capital del Valle del Cauca, generando consternación entre los habitantes de la zona.

Tras la detonación, los dos policías lesionados fueron auxiliados y trasladados de urgencia a las instalaciones de la Clínica Imbanaco para recibir valoración y asistencia médica especializada. Entre tanto, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones de campo para determinar el mecanismo utilizado para activar el artefacto e identificar a los responsables detrás del ataque.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, resalta las garantías brindadas por la administración municipal para el desarrollo de las jornadas de protesta pacífica en la capital del departamento de Sucre. El mandatario local destaca que las manifestaciones ciudadanas transcurren sin hechos de violencia ni alteraciones del orden público, reafirmando que la libertad de expresión y el respeto por el derecho a la movilización forman parte del esquema de seguridad y convivencia de la ciudad.

Acuña señala que la condición de Sincelejo como una de las capitales más seguras del país demanda el respeto por los derechos ciudadanos y la apertura de espacios institucionales para la participación sin recurrir a la violencia. La administración municipal reitera su llamado a mantener el equilibrio entre el ejercicio pacífico de la protesta, el cumplimiento de los deberes de los marchantes y el cuidado del espacio público en el territorio.

Un drama familiar conmociona a la comunidad de Palmar de Candelaria, corregimiento de Luruaco (Atlántico), tras conocerse las declaraciones de Pedro de la Torre Goenaga, de 75 años, quien admitió haber propinado el disparo que le causó la muerte a su propio hijo, Pedro de la Torre Siado, de 49 años, en una finca de la zona.

El adulto mayor afirmó actuar únicamente para proteger su vida, sosteniendo que el hoy fallecido arribó al predio armado e inició el ataque con arma de fuego. De acuerdo con el testimonio de De la Torre Goenaga, el trágico desenlace fue la cúspide de tensiones de vieja data motivadas por la tenencia del terreno herencia de su madre, así como diferencias en torno al ganado y los bienes familiares.

A pesar de manifestar un profundo arrepentimiento y recordar que siempre procuró brindarle educación, vivienda y afecto a su primogénito, el procesado reiteró que de no haber reaccionado, la víctima mortal habría sido él. Tras recobrar la libertad la noche del pasado domingo 11 de octubre, el implicado queda sujeto a los hallazgos que arrojen los peritajes de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de corroborar las versiones entregadas y establecer las responsabilidades penales del caso.

Un grave ataque contra la Fuerza Pública sacudió la tranquilidad del oriente de Cali durante la noche de este jueves 15 de octubre. Una patrulla de la Policía Nacional fue blanco de un atentado con artefacto explosivo en inmediaciones del sector Puente Nuevo, entre los barrios El Vallado y Ciudad Córdoba, en momentos en que los uniformados adelantaban labores rutinarias de control y verificación de antecedentes sobre la carrera 50 con calle 54.

El atentado se produjo hacia las 8:10 p. m., cuando un individuo ubicado en la parte superior de la estructura lanzó una granada de fragmentación contra el personal policial que se hallaba en el nivel inferior. La detonación provocó lesiones por esquirlas a cinco integrantes de la institución —un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros— y alcanzó a un ciudadano que transitaba por la zona en ese instante.

A raíz de la emergencia, las autoridades reaccionaron de inmediato y trasladaron a los heridos a centros médicos de la ciudad, entre ellos la Policlínica del Caney, donde recibieron atención oportuna. El reporte oficial confirmó que las seis personas se encuentran fuera de peligro, mientras que las fuerzas de seguridad lograron la captura de un sospechoso en la zona y mantienen un despliegue operativo para esclarecer los detalles de la acción delictiva.

​Un nuevo atentado contra la fuerza pública sacudió este jueves 15 de octubre al departamento del Huila, luego de que desconocidos lanzaran dos artefactos explosivos mediante drones contra la estación de Policía del municipio de Palermo. La incursión armada, perpetrada en horas de la mañana, dejó como saldo dos uniformados lesionados.

Tras la acción violenta, los policías heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Francisco de Asís, donde recibieron atención médica por contusiones y esquirlas de carácter leve, evaluándose posteriormente su remisión a un centro de mayor complejidad en Neiva para una revisión especializada. A esta hora, unidades de la Fuerza Pública y comisiones de investigación criminal hacen presencia en la zona para asegurar el perímetro, consolidar el reporte de daños materiales e identificar a la estructura armada responsable de este ataque.

Cuatro personas fallecidas y 56 más heridas dejó el siniestro de un autobús de transporte público sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a los municipios de Rosas y Timbío, Cauca.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el conductor habría perdido el control del vehículo tras intentar esquivar un asalto perpetrado por cuatro sujetos armados que dispararon contra la máquina en pleno trayecto. Entre las víctimas mortales se reportan dos mujeres, un hombre y un menor de edad de quienes aún no se ha revelado la identidad, mientras la Fuerza Pública despliega operativos de control y seguridad en el corredor vial para dar con el paradero de los responsables.

La Alcaldía de Montería amplía el programa Todos a la U para ofrecer becas del 100 % de la matrícula a estudiantes de grado 11 de colegios públicos que sobresalen en arte y deporte. El alcalde Hugo Kerguelén explica que, hasta el año pasado, el programa se enfocaba en reconocer a los jóvenes con los mejores resultados en las pruebas Saber 11, pero ahora incorpora nuevas oportunidades para quienes demuestran habilidades destacadas en otras áreas.

Con esta ampliación, la Administración Municipal busca que más jóvenes accedan a la educación superior y encuentren en sus talentos una oportunidad para construir su futuro profesional. La iniciativa reconoce tanto la excelencia académica como el desempeño artístico y deportivo, con el propósito de ampliar las posibilidades de ingreso a la universidad para estudiantes de instituciones educativas públicas de Montería.

Lo que inició durante las primeras horas del 14 de octubre de 2026 como una movilización pacífica en el centro de Ibagué terminó convirtiéndose en un escenario de tensión y choques entre manifestantes y unidades antidisturbios de la Policía Nacional. La marcha, que reunió a miles de personas pertenecientes a organizaciones sindicales como la CUT y Simatol, así como a colectivos de la Universidad del Tolima y gremios de educadores, partió desde la Casa del Maestro para manifestar su rechazo a diversas decisiones del Gobierno Nacional. El recorrido transcurrió con normalidad, enmarcado en expresiones culturales y arengas, hasta llegar cerca del mediodía a la plazoleta Manuel Murillo Toro, punto central de concentración donde la multitud comenzó a dispersarse paulatinamente.

​Sin embargo, el panorama cambió drásticamente hacia las 2:00 de la tarde. El desencadenante de los altercados se produjo cuando un grupo de jóvenes colocó pañoletas rojas sobre el busto del expresidente Manuel Murillo Toro, hecho que motivó el despliegue inmediato de la fuerza pública para intervenir en el lugar. La acción policial desató fuertes enfrentamientos que transformaron el espacio público en un punto de confrontación directos entre ciudadanos y uniformados.

Registros en video captaron momentos de alta fricción, entre los cuales se observa a un hombre empuñando un arma blanca para amenazar a los agentes antes de ser reducido y detenido. Asimismo, se registraron forcejeos y agresiones mutuas cuando varios asistentes intentaron evitar las aprehensiones de otros manifestantes. En las mismas grabaciones quedaron evidenciadas actuaciones policiales cuestionables, incluyendo agresiones a manifestantes y el momento en que una mujer fue derribada al suelo durante los procedimientos.

​Tras varios minutos de zozobra, la intensidad de los disturbios disminuyó y los manifestantes terminaron por abandonar el sector. De manera preliminar se reportó la detención de al menos tres personas durante los altercados. Hasta el momento, ni la Alcaldía de Ibagué ni la Policía Metropolitana han entregado un consolidado oficial que precise el saldo total de lesionados, el número exacto de capturados o la evaluación de los daños materiales en los bienes públicos del centro de la ciudad.

En un centro hospitalario de Cúcuta se confirmó el deceso del soldado profesional José Oswaldo Zapata Cuéllar, oriundo de Buga, Valle del Cauca, a causa de las severas lesiones causadas por la detonación de una mina antipersonal en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El uniformado formaba parte del contingente militar que avanzaba por vía terrestre en el marco de una operación contra el frente 33 de las disidencias de las FARC, la cual incluyó bombardeos previos a instalaciones del grupo armado ilegal.

La explosión del artefacto dejó además lesionados al capitán Geovanny Guerrero Montes y al soldado profesional Luis Ángel Ceballos Ramírez. Las autoridades militares reportaron que la ofensiva dejó como saldo la muerte de cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal, entre ellos una menor de 16 años. Tras lamentar la pérdida del uniformado y expresar sus condolencias a la familia, el comando general de las Fuerzas Militares ratificó que las operaciones tácticas continuarán en la zona, en una emergencia que vuelve a poner de manifiesto la grave amenaza del uso de explosivos prohibidos en el nororiente del país.