Categoría: Política Región

Una profunda consternación embarga a la comunidad de Ciénaga, Magdalena, tras la muerte del menor Cristian Meriño, quien falleció en un centro hospitalario local mientras su EPS dilataba la autorización de un traslado urgente hacia una clínica de mayor complejidad.

A pesar de la gravedad de su estado de salud, la orden médica para remitirlo a un centro asistencial con la capacidad técnica requerida nunca se concretó a tiempo. Mientras la familia aguardaba una respuesta administrativa, la condición del pequeño se deterioró progresivamente hasta desencadenar su deceso en las instalaciones donde permanecía internado.

El caso ha encendido las alarmas en el municipio y reavivado el debate sobre la oportunidad en la prestación de los servicios de salud y los prolongados tiempos de respuesta de las entidades promotoras. Entre el dolor y la impotencia, los allegados del menor exigen un pronunciamiento oficial y una investigación rigurosa que permita esclarecer las responsabilidades administrativas y médicas que condujeron a este fatal desenlace.

Un trágico siniestro de tránsito cobró la vida de un motociclista la mañana de este martes 13 de octubre en el sector conocido como la loma de Matazanos, en territorio antioqueño. El hecho, registrado hacia las 11:25 a.m., involucró al conductor del vehículo de dos ruedas y a dos tractomulas que circulaban por este concurrido tramo vial.

​Testigos de la emergencia señalaron que uno de los vehículos de carga pesada habría realizado una maniobra de adelantamiento en plena curva, encontrándose de frente con el motociclista que transitaba reglamentariamente por su carril. El fuerte impacto en medio de los automotores le provocó la muerte instantánea al conductor de la moto.

​Aunque los primeros indicios sugieren que la imprudencia en el sobrepaso desencadenó el fatal desenlace, las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones de campo para precisar la responsabilidad de los implicados y esclarecer las causas exactas del siniestro.

Un importante despliegue de seguridad se registró la mañana de este martes 13 de octubre en las inmediaciones del estadio Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca, tras la localización de un cilindro y propaganda alusiva a las disidencias de las FARC sobre la carrera 34. Ante el reporte de la comunidad, integrantes de la Unidades Antiexplosivos de la Policía Nacional acordonaron la zona e implementaron de inmediato los protocolos de verificación pertinentes para controlar la situación y descartar riesgos.

Tras la inspección experta, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, transmitió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que se trataba únicamente de material propagandístico destinado a intimidar y descartó de manera tajante cualquier amenaza explosiva o terrorista para los habitantes del sector. El mandatario local enfatizó que estos actos buscan sembrar temor en la población, pero ratificó el compromiso de la fuerza pública para proteger a los caleños e invitó a los ciudadanos a suministrar cualquier información o reportar movimientos sospechosos que permitan identificar a los responsables de abandonar estos elementos.

Una trágica confusión apagó la vida de Samuel David Ciprian Mukus, de 23 años, en la madrugada de este domingo 11 de octubre en la finca La Cristalina, situada en la vereda El Cinco de Sincelejo. El joven, quien laboraba en el lugar, regresaba a su lugar de trabajo cerca de las 2:00 a.m. tras haber salido la tarde anterior; sin embargo, al hallar la entrada principal cerrada, decidió acceder por el patio trasero del predio.

​Esta maniobra desencadenó el fatal desenlace cuando el administrador de la propiedad, un hombre de 54 años, escuchó ruidos extraños y la alerta de los perros. Al salir a inspeccionar en medio de la penumbra portando el arma asignada para la vigilancia del lugar, divisó una silueta en la oscuridad y disparó sin percatarse de que se trataba de su propio colaborador. El proyectil impactó al joven en el tórax, provocándole la muerte.

​Tras dimensionar lo ocurrido, el mismo agresor se desplazó hasta la estación de Policía de Sincelejo para confesar los hechos y entregarse voluntariamente junto con el arma de fuego. Aunque uniformados acudieron al lugar y trasladaron a Ciprian Mukus hasta la clínica Salud Social, los médicos de turno confirmaron que ingresó sin signos vitales. Actualmente, el administrador afronta un proceso de judicialización por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, mientras que en la vereda Policarpa, de donde era originario el joven, familiares y allegados velan sus restos entre la consternación y el clamor de justicia.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció severas decisiones en la cúpula policial de Santa Marta tras los recientes acontecimientos de orden público registrados en la región. A través de un pronunciamiento oficial en su cuenta de X, el mandatario confirmó que el coronel Yeison López será llamado a calificar servicios tras la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección, señalando la falta de reporte oportuno sobre la evasión y la inacción ante los bloqueos registrados en la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.

​En sus declaraciones, el jefe de Estado fue categórico respecto a la exigencia de efectividad dentro de la Fuerza Pública. «No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida», aseveró De la Espriella, al tiempo que dio un mensaje de calma a la ciudadanía aclarando que los evadidos —procesados por hurto y microtráfico— no corresponden a perfilamientos de alta peligrosidad y que ya se despliegan operaciones para su recaptura.

​Frente al relevo institucional, el mandatario informó que la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta será asumida de forma interina por el coronel Urriago, segundo al mando, mientras que en el transcurso de la semana asumirá de manera definitiva el coronel Jimmy Belalcázar. «Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio», puntualizó el presidente al ratificar la reestructuración de la línea de mando en el departamento del Magdalena.

Una compleja situación de orden público se registró en la madrugada de este lunes festivo en Santa Marta, tras la fuga de 41 personas privadas de la libertad del Centro de Reclusión Transitorio Sur, situado en la entrada al barrio Santana. La evasión masiva se desencadenó en medio de una alteración a la convivencia y un motín al interior del recinto, tras el cual los reclusos —procesados por delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y hurto— lograron desbordar los controles y huir con rumbo desconocido.

​Dentro del grupo de evadidos resalta el nombre de alias ‘Mongolo’, presunto articulador clave y mano derecha de alias ‘Pinocho’, cuya captura se había efectuado hace apenas una semana. Frente a la gravedad de lo sucedido, la Fuerza Pública y las autoridades locales activaron un plan candado en toda la capital del Magdalena y anunciaron una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien proporcione información veraz que permita la recaptura de este señalado peligroso delincuente, al tiempo que se adelanta la investigación para esclarecer los fallos en la seguridad de la sede de detención.

En un contundente golpe contra las estructuras criminales en el departamento de Antioquia, el Ministerio de Defensa confirmó la captura de cuatro presuntos criminales, entre ellos alias ‘Caliche’, quien se desempeñaría como cabecilla urbano y coordinador de sicarios en la zona.

Según lo reportado por la cartera de Defensa, los operativos fueron liderados por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional mediante diligencias ejecutadas en los municipios de Betulia y Santa Fe de Antioquia. Las capturas se materializaron para dar respuesta al homicidio de los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, ocurrido el pasado 9 de noviembre de 2025 en Betulia.

Desde el Ministerio reiteraron de manera categórica que cualquier atentado contra la vida de los miembros de la Fuerza Pública será perseguido hasta llevar a los responsables ante las autoridades judiciales. Los cuatro procesados quedaron a disposición de la justicia para avanzar en su proceso de judicialización, mientras las autoridades mantienen las operaciones en la subregión.

Un nuevo acto de terrorismo sacudió la mañana de este lunes 12 de octubre al municipio de Patía, en el departamento del Cauca. Las autoridades reportaron la detonación de un vehículo cargado con explosivos en las inmediaciones del peaje de El Bordo, un hecho atribuido de manera preliminar a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La acción violenta deja hasta el momento un saldo preliminar de tres civiles heridos, según confirmaron fuentes militares. Ante la gravedad de la situación, unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional desplegaron un operativo en la zona, contando con el apoyo de cobertura aérea y personal especializado para asegurar el perímetro, prestar auxilio a los afectados y verificar la posible presencia de otros artefactos en los alrededores.

Este ataque, que corresponde al tercer vehículo acondicionado con explosivos que accionan en este sector en el marco de la reciente escalada de violencia, mantiene en máxima alerta a la Fuerza Pública y en profunda zozobra a los habitantes del sur del departamento. Las investigaciones continúan para dar con los responsables de esta embestida contra la población civil y la infraestructura vial.

La aparición de profundas grietas en el terreno mantiene en estado de alerta a los habitantes del corregimiento Las Changas, en el municipio de Necoclí, Antioquia. La anomalía en el suelo fue descubierta por la comunidad momentos después de que se registrara el potente sismo con epicentro en Panamá durante el mediodía del viernes 9 de octubre, evento que causó temor en diversas regiones de la zona de Urabá y en ciudades como Montería.

​El movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud preliminar de 8,0 y se sintió con fuerza en el territorio colombiano alrededor de las 12:56 p. m., motivó a los pobladores a dar un aviso inmediato sobre el deterioro visible del terreno. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado un peritaje ni una evaluación técnica oficial por parte de los expertos en gestión del riesgo que permita ratificar un vínculo directo entre el temblor y las fracturas topográficas, por lo que el alcance total de los daños en la zona rural permanece en estudio.

El Consejo de Estado dejó firme un fallo que niega las pretensiones de indemnización económica interpuestas por los allegados de las víctimas fatales de la tragedia ocurrida el 6 de julio de 2020 en Tasajera, Magdalena, un siniestro en el que 44 personas perdieron la vida luego de que un camión cisterna volcado explotara mientras una multitud intentaba sustraer su combustible.

​Los demandantes argumentaban que existió una omisión o negligencia por parte de la Policía Nacional al no acordonar adecuadamente la zona ni impedir el acceso masivo de los transeúntes al sitio del suces. Sin embargo, tras la revisión del material probatorio, la alta corte determinó que no se configuró una falla en el servicio imputable al Estado, pues los agentes presentes en la escena actuaron dentro de sus capacidades al lanzar advertencias sobre el peligro, pedir refuerzos e intentar contener el avance de la población.

Para el tribunal, primó la actuación imprudente de quienes ingresaron a la zona de riesgo omitiendo los llamados de alerta emitidos por las autoridades.