Categoría: Política Región

Una jornada que prometía ser de integración cultural y artística terminó en momentos de profunda angustia sobre la Troncal de Occidente, luego de que un autobús que transportaba a los integrantes de una banda marcial procedente del municipio de Villanueva, Bolívar, fuera consumido por las llamas mientras se dirigía hacia El Carmen de Bolívar.

La emergencia, ocurrida durante la mañana de este sábado 10 de octubre, desató momentos de desesperación entre los ocupantes, aunque afortunadamente no se registraron pérdidas humanas ni lesionados.

​El siniestro se originó cuando automovilistas que transitaban metros más atrás advirtieron que la parte inferior del automotor comenzaba a incendiarse, por lo que alertaron de inmediato al conductor, identificado como Edwin Vásquez. Ante el aviso, el operador detuvo la marcha de manera oportuna, lo que facilitó la evacuación rápida y ordenada de todos los pasajeros, un grupo conformado en su mayoría por menores de edad.

​De acuerdo con las primeras versiones entregadas por el conductor, una falla mecánica relacionada con la ruptura de una manguera de aceite habría desencadenado el fuego. A pesar de los esfuerzos del chofer por sofocar las llamas utilizando los dos extintores disponibles en el vehículo, la intensidad de la conflagración se propagó con rapidez hasta destruir el automotor por completo. El suceso tuvo lugar en el mismo corredor vial donde días atrás se registró el deceso de Luis Bertel Arrieta, conocido en la zona como El Flojazo. Pese a los daños materiales totales del bus, la pronta reacción de la comunidad y del equipo de transporte evitó una tragedia mayor.

Un nuevo hecho de violencia ensombreció el panorama de seguridad en el departamento del Cauca tras registrarse una fuerte arremetida armada en la vía Panamericana, específicamente en el tramo que conecta a las localidades de Popayán y Timbío. Como saldo preliminar del atentado perpetrado contra la Fuerza Pública, un miembro de la institución policial perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

​El uniformado fallecido fue identificado como el sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz, quien cumplía funciones en uno de los corredores viales más transitados y estratégicos del suroccidente colombiano. Entre tanto, los agentes lesionados fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales para recibir atención médica especializada, a la espera de un reporte oficial que precise su evolución clínica.

​Este nuevo episodio criminal profundiza la delicada crisis de orden público que azota a la región caucana, donde las constantes agresiones dirigidas contra la autoridad civil y militar mantienen en máxima tensión tanto a las instituciones como a los habitantes de la zona. Mientras tanto, los organismos de investigación activaron los protocolos correspondientes para esclarecer el modo en que ocurrieron los hechos y dar con los autores materiales e intelectuales del ataque.

Una familia del sector Bajo La Reina, zona rural de Moñitos, Córdoba, enfrenta momentos difíciles tras perder su vivienda en un incendio registrado durante la tarde de este viernes. Las llamas consumieron la casa del señor José Gómez y destruyeron el patrimonio que su familia construyó durante años de esfuerzo y trabajo. Entre lágrimas e impotencia, sus integrantes vieron cómo el fuego acabó con su hogar y los dejó sin un lugar donde vivir.

La emergencia aumenta la preocupación en el municipio, donde recientemente también se reportó otro incendio en el sector de Las Parcelas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron las llamas en Bajo La Reina. Mientras se conocen más detalles de lo ocurrido, la familia afectada enfrenta el difícil panorama de comenzar de nuevo tras perder su vivienda y buena parte de sus pertenencias.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, absolvió a Aníbal Gaviria Correa, quien se desempeñó como gobernador del departamento de Antioquia entre 2004 y 2007, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Gaviria Correa fue acusado por la Fiscalía General por hechos relacionados con el contrato de obra pública 2005-CO-20-335, celebrado el 22 de diciembre de 2005 entre la gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz, por valor inicial de $41.663.432.778, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao, así como con las modificaciones contractuales que elevaron su valor a $61.993.211.478.

La Fiscalía cuestionó tres actuaciones contractuales: el incremento del anticipo del 25 % del valor del contrato previsto en los pliegos de condiciones al 29 % establecido en el contrato; el trámite y celebración del contrato adicional No. 1 de 2007, mediante el cual se incorporaron nuevos tramos de pavimentación y recursos para mayores cantidades de obra; del Otrosí No. 2, que incluyó el diseño y construcción de un puente sobre el río Nechí, en el sector de Palizadas. También atribuyó al acusado responsabilidad penal por la presunta apropiación de $5.220.291.193 provenientes del anticipo entregado al contratista.

Tras valorar las pruebas recaudadas durante el proceso, la Sala concluyó que la modificación del porcentaje del anticipo no configuró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al tratarse de una condición contractual susceptible de modificación, sin que se demostrara la inobservancia de requisitos legales esenciales. Tampoco encontró configurada la tipicidad objetiva respecto del contrato adicional No. 1, pues se demostró que tanto la adición presupuestal destinada al pago de mayores cantidades de obra como la incorporación de los referidos segmentos viales mediante dicho instrumento contractual fueron debidamente justificadas, y que estos últimos guardaban una relación material y funcional con el proyecto vial originalmente contratado.

En relación con el Otrosí No. 2, la Sala estableció que la inclusión del diseño y construcción del puente sobre el río Nechí excedió el objeto original del contrato y requería adelantar un procedimiento de selección independiente, por lo que encontró acreditada la configuración objetiva del ilícito. Sin embargo, concluyó que no se demostró la responsabilidad penal de Gaviria Correa, pues la contratación había sido delegada en la Secretaría de Infraestructura y no se acreditó que el aforado hubiese tenido conocimiento de las irregularidades, impartido instrucciones para su realización o desatendido deliberadamente los deberes de vigilancia y control que le correspondían.

La Sala precisó que la delegación de funciones contractuales no exonera al delegante de sus obligaciones de dirección y seguimiento, pero tampoco permite atribuir automáticamente responsabilidad penal por las actuaciones de los delegados. En el caso examinado, las pruebas demostraron que el entonces gobernador ejerció seguimiento general sobre los proyectos departamentales, sin que se acreditaran advertencias o circunstancias específicas que le exigieran reasumir las competencias encomendadas. Frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, determinó que no se demostró una apropiación efectiva de recursos públicos ni un beneficio ilícito atribuible al acusado. Además, estableció que el anticipo fue amortizado durante la ejecución contractual y que su administración y control directo correspondían a la interventoría y a las dependencias técnicas competentes.

La decisión fue materia de aclaración de voto por parte de la Magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa.

Un juez dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Eduard Daniel Martínez Pinzón, presuntamente implicado en el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, registrado el pasado 29 de septiembre.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el procesado habría cumplido el rol de ubicar a la víctima y movilizar en una motocicleta al menor de edad señalado de accionar el arma de fuego, cargos que el indiciado no aceptó durante las audiencias preliminares.

Un trágico vendaval cobró la vida de un campesino y su hijo pequeño en la vereda Cascarillal, zona rural de difícil acceso en la Serranía del Perijá, en los límites entre Urumita (La Guajira) y Manaure (Cesar).

Las fuertes ráfagas de viento provocaron el desplome de un árbol de gran tamaño sobre la humilde vivienda de la familia, en horas de la tarde de este jueves, en medio de las condiciones climáticas inestables que afectan la región montañosa.

En el incidente fallecieron Juvenal Socorro (24 años) y su hijo José Matías Vera (3 años), quienes murieron de manera instantánea al quedar atrapados bajo las ramas y los escombros del techo. La madre de la familia resultó con heridas de consideración.

Tras el fuerte estruendo, vecinos y pobladores del sector se movilizaron de inmediato y, en medio de la desesperación, unieron esfuerzos para remover manualmente el árbol y rescatar a la sobreviviente. La mujer fue auxiliada por la comunidad y trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde recibe atención médica.

El alcalde de Cereté, Said Bitar, inaugura la renovada calle de Los Jugos tras una inversión superior a los $1.000 millones. El lugar, que hace varias décadas funciona como mercado público, forma parte de la historia del municipio y ahora cuenta con una nueva imagen para recibir actividades culturales y artísticas. Según el mandatario, las obras toman cerca de cinco meses y responden al deterioro que presenta este espacio, incluido el parque infantil del sector.

La administración municipal busca que la renovación impulse el comercio y fortalezca el turismo local. Bitar señala que la estrategia también contempla otros puntos del municipio, como el ecoparque, la zona de la margen izquierda, la calle de las Flores y el bulevar de puente a puente. La iniciativa busca destacar la identidad cultural y gastronómica de Cereté y reforzar el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Un juez profirió una condena de 338 meses de prisión, equivalentes a 28 años y dos meses de cárcel, en contra de Carlos Humberto Grisales Higuita por su culpabilidad en los delitos de secuestro, acceso carnal abusivo, actos sexuales y pornografía con menor de edad, todos agravados. El fallo judicial, emitido este 7 de octubre de 2026, castiga los graves vejámenes sufridos por una víctima que permaneció retenida e incomunicada durante casi 12 años entre los municipios de Medellín y Bello, en el departamento de Antioquia.

​La pesadilla de la menor comenzó a principios de 2012, cuando apenas tenía siete años de edad. Aprovechándose de su rol como conductor de transporte escolar, el agresor la interceptó y la condujo a una vivienda en Medellín, alejándola de su entorno familiar y escolar de manera definitiva. Durante todo el tiempo que duró el cautiverio, la víctima fue cambiada de domicilio por diferentes inmuebles de Medellín y Bello, donde se le impidió por completo tener contacto con el exterior y se le obligó a abandonar sus estudios.

​El expediente de la Fiscalía detalló que el condenado utilizó la manipulación psicológica sistemática y la suplantación de identidad, cambiando el nombre de la niña para ejercer un dominio absoluto sobre ella. La tragedia judicial y personal comenzó a destaparse en febrero de 2024, cuando la joven, con 16 años, logró escapar de sus captores y relató los abusos a las autoridades, lo que facilitó la posterior captura de Grisales Higuita en noviembre de ese mismo año.

Una menor de edad que cursa sexto grado en la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, ubicada en el municipio antioqueño de Copacabana, debió ser ingresada a un centro asistencial luego de sufrir una golpiza por parte de una compañera de clases. El episodio de violencia ocurrió durante el receso escolar del pasado viernes 2 de octubre y quedó grabado en videos filmados por otros alumnos presentes en el lugar.

​La familia de la víctima interpuso una denuncia formal y señaló que el ataque no constituyó un caso aislado, sino que formaba parte de un presunto hostigamiento sostenido que la menor venía soportando desde hacía cerca de un mes. De acuerdo con los testimonios de los allegados, el conflicto se desató originalmente cuando la estudiante se negó a prestarle un artículo de cosmética a su agresora.

​El relato de los familiares detalla que la víctima fue acorralada en el recinto escolar, golpeada de manera violenta contra un muro y pateada en el suelo mientras varios compañeros observaban sin intervenir. Asimismo, los parientes denunciaron que las directivas y el cuerpo docente ya estaban enterados del acoso previo que la niña venía reportando.

​Dentro de las indagaciones también trascendió una grave acusación por parte de la afectada, quien sostuvo que un docente le sugirió que debía permitir que la agredieran para poder interponer una queja formal posteriormente, declaración que ahora forma parte de las verificaciones que realizarán las autoridades. Adicionalmente, los familiares cuestionaron el manejo inicial de la institución, ya que la primera comunicación telefónica enviada desde el colegio catalogó el suceso como un simple accidente y no como un caso deliberado de violencia escolar. Las instancias competentes se encargarán de esclarecer lo sucedido y de definir las medidas de protección correspondientes para salvaguardar la integridad de la estudiante.

Comienzan a registrarse malestar y sorpresa entre algunos usuarios del servicio eléctrico en Barranquilla tras la llegada de las primeras facturas de Air-e que incluyen cobros adicionales por rebasar los topes de consumo establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), una vez concluida la etapa pedagógica.

​Un caso representativo es el de Julio Caballero, residente de estrato 4, quien recibió su liquidación con un recargo de $164.633 por exceder la meta asignada a su hogar, elevando el pago total a más de $800.000. El incremento en su factura se vio impulsado por una situación familiar particular: tras el nacimiento y la prolongada hospitalización de su bebé prematura en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el núcleo familiar se ha visto en la obligación de mantener un ambiente fresco y climatizado en casa con el uso constante de aire acondicionado. Ante este panorama, Caballero anunció que interpondrá un reclamo formal ante la compañía aportando la historia clínica y los soportes médicos requeridos.

​La medida, implementada a través del Programa Transitorio de Incentivos al Uso Eficiente de Energía, castiga con cobros adicionales a quienes superen el 110 % de su meta individual. En respuesta, diversos sectores de la ciudadanía han manifestado su inconformidad en redes sociales, exigiendo que se tengan en cuenta las altas temperaturas de la región. Por su parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, reiteró su solicitud para que esta zona del país sea eximida de la normativa, argumentando que las condiciones climáticas locales imponen una demanda energética muy superior en comparación con otras zonas como la región Andina.