Categoría: Política Región

El actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, confirmó públicamente que ha solicitado el reconocimiento voluntario de la paternidad sobre el joven bogotano Steven Castellanos Ramos, de 33 años.

Este anuncio se produce a raíz de una sentencia emitida por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá que ratifica que Char es el padre biológico de Steven. A través de un comunicado, el mandatario explicó que, si bien la sentencia se dio a conocer recientemente, él mismo había presentado un memorial el pasado 20 de agosto manifestando su intención de reconocer a Steven como su hijo, una decisión tomada «en conjunto con mi familia».

Char fue enfático en señalar que «solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven», quien previamente figuraba con el reconocimiento paterno de otra persona.

La sentencia del Juzgado, derivada de una demanda de impugnación de paternidad iniciada en abril de 2024, no solo confirma el vínculo biológico, sino que también ordena a la Notaría 40 de Bogotá que el joven sea inscrito y nombrado como Steven Char Ramos. De esta manera, se revocó la paternidad legal previa de Jorge Eliécer Castellanos Moreno. El alcalde Char aseguró que procederá con los trámites de ley correspondientes tras la orden judicial.

Una fuga masiva se registró durante la madrugada de este lunes en la estación de Policía de Apartadó, donde 18 personas privadas de la libertad lograron evadir las celdas de detención transitoria.

Según los reportes iniciales, los internos abrieron un hueco en una pared de las instalaciones y continuaron su huida a través de un local comercial contiguo, del cual se presume también sustrajeron elementos de valor .

Horas después del hecho, uno de los fugados fue recapturado por las autoridades. Sin embargo, las 17 personas restantes continúan siendo buscadas por unidades de la Policía Nacional, que desplegaron un «plan candado» en Apartadó y sus alrededores.

Entre los detenidos que escaparon, se encuentran sindicados por delitos de alto impacto como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Fuentes policiales señalaron que el hacinamiento en la estación pudo haber facilitado la evasión, un problema que ha sido advertido por organismos de control en repetidas ocasiones. El comandante del Distrito de Policía de Urabá confirmó el número de evadidos y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar posibles responsabilidades.

Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Luis Eduardo Martínez Díaz sería uno de los coordinadores del homicidio de la servidora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ana Isabel Mejía Córdoba, perpetrado el 14 de noviembre de 2024, en Riohacha (La Guajira).

La víctima conversaba con un familiar en la terraza de su lugar de residencia y fue atacada con arma de fuego por un hombre que descendió de una motocicleta y posteriormente escapó del lugar.

Los elementos materiales probatorios indican que Martínez Díaz presuntamente participó en reuniones previas en las que se planeó el crimen y conocieron detalles sobre la rutina y movimientos de la servidora. Además, habría seleccionado al sicario y al motociclista que lo trasportó hasta el lugar de los hechos y facilitó su huida.

Por lo anterior, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó en calidad de coautor los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por este ataque, recientemente fue condenado a 23 años y 5 meses de prisión Juan David Rodríguez Ochoa, quien condujo la motocicleta utilizada para transportar a la persona que disparó contra la investigadora del CTI.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un hombre que habría abusado sexualmente de la hija de su compañera sentimental. En este sentido es investigado por acceso carnal violento y acto sexual, ambas conductas agravadas.

En el curso de la investigación se estableció que el procesado, durante agosto pasado, en varias oportunidades habría sometido a la niña de 11 años a vejámenes sexuales cuando era dejada bajo su cuidado, en una vivienda ubicada en el barrio Potosí, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Mediante una orden judicial, el señalado agresor fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sector de Molinos en Tunjuelito, luego de que la madre de la víctima denunciara los posibles hechos.

Un juez con función de control de garantías atendió la solicitud de un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) sur y lo privó de la libertad en un establecimiento carcelario.

«De enero a junio de este año, el 53,8 % de las reclamaciones correspondió a vehículos sin SOAT. «

En el primer semestre de 2025, la ADRES reconoció un total de $326 mil millones para la atención de 141 mil víctimas de accidentes causados por vehículos no identificados o sin SOAT.

En este periodo, cinco regiones concentraron el 57,6 % del valor total de nuevas radicaciones: Valle del Cauca, 20,0 % por un valor de $93.489 millones; Atlántico, 11,0 % ($51.708 millones); Córdoba, 10,7 % ($50.264 millones); Magdalena, 9,3 % ($43.763 millones), y Bogotá D.C., 6,5 % ($30.476 millones).

En cuanto a las IPS, las que más presentaron reclamaciones fueron las siguientes: Especialistas Asociados S.A. de Córdoba registró el mayor valor reclamado con $28.677 millones (6,1 % del total nacional). Le siguen IPS Clínica Cali (Valle del Cauca) con $26.524 millones reclamados (5,7 %); Fabilu Ltda. (Valle del Cauca), $23.364 millones reclamados (5,0 %); Clínica Primero de Mayo Integral SAS (Santander), $10.370 millones (2,2 %); Clínica Medical SAS (Bogotá, D.C.), $9.627 millones (2,1 %).

De enero a junio de este año, el 53,8 % de las reclamaciones correspondió a vehículos sin SOAT. De estas, el 95,3 % —es decir, 100.485 casos— fueron motocicletas, lo que evidencia su alta incidencia en los siniestros viales y más evasión en el pago de la obligación de aseguramiento SOAT.

Un aparatoso siniestro de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes, 10 de octubre, en la vía que conecta a Tumaco con Pasto, ha dejado un saldo preliminar de múltiples víctimas mortales.

El siniestro se produjo en un tramo de alta peligrosidad, donde un bus de pasajeros colisionó de frente contra un camión .

Aunque las autoridades aún no han emitido un balance oficial y definitivo, los reportes iniciales indican que el número de fallecidos podría superar la decena de víctimas. Además, varios heridos de gravedad fueron trasladados a centros asistenciales en Pasto.

Organismos de socorro, la Policía de Tránsito y la Fiscalía se encuentran en el lugar adelantando las labores de rescate, levantamiento de cuerpos e investigando las causas exactas de este trágico choque, que reabre el debate sobre la seguridad vial en el sur del país.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinó recursos para el reforzamiento del jarillón de la vereda Jardín, en Guaranda, departamento de Sucre, una estructura clave para la protección del municipio frente a las crecientes del río Cauca.​​

​El proyecto contempla la rehabilitación de aproximadamente 5 kilómetros del muro de contención, cuya estabilidad se vio afectada por la reciente temporada de lluvias.
​​
​​ Los recursos por $500 millones serán ejecutados directamente por el municipio de Guaranda, con acompañamiento técnico de la UNGRD, mediante un Fondo de Inversión Colectiva (FIC).

​​ La intervención busca atender los daños ocasionados por la reciente temporada de lluvias y prevenir nuevas inundaciones por el desbordamiento del río Cauca.
​​
​​“En La Mojana nuestro trabajo es integral. Mientras en San Jacinto, Bolívar, avanzamos con la ampliación del canal de La Esperanza, hoy destinamos nuevos recursos para Guaranda, Sucre, con el fin de reforzar el jarillón cuya estabilidad se vio comprometida tras la temporada de lluvias”, aseguró el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
​​
​​ El municipio deberá garantizar el uso exclusivo de los recursos en las acciones priorizadas y tramitar los permisos y licencias ambientales correspondientes. El plazo máximo para la ejecución de las obras será de 180 días.

​​ Con esta intervención, la UNGRD le apuesta a reducir el riesgo de inundaciones en La Mojana, reafirmando su compromiso con la protección de las comunidades y la inversión responsable de los recursos públicos.

Un trágico incidente en las corralejas de Sabanalarga, Atlántico, ha generado conmoción y puesto en luto al Ejército Nacional. El soldado Breiner José Marrugo Castro, originario de Arjona, Bolívar, perdió la vida el pasado miércoles tras ser embestido por un toro.

Según reportes preliminares, el joven militar había obtenido un permiso en su batallón bajo la excusa de un fuerte dolor estomacal. Su superior, confiando en su versión, no solo le concedió la salida, sino que incluso le facilitó dinero para su hospedaje.

Sin embargo, Marrugo Castro se dirigió a su casa y, pese a las advertencias de su madre sobre el peligro, asistió a las fiestas taurinas. Una vez en el ruedo de la corraleja, fue atacado por un toro mediacasta, sufriendo graves heridas en la cabeza y una pierna que le causaron la muerte de manera instantánea.

Las autoridades han confirmado que el evento dejó un saldo total de 66 personas heridas** y dos fallecidas, lo que reabre el debate sobre la seguridad y el control de estas celebraciones populares. El caso del soldado Marrugo Castro se convierte en un doloroso llamado de atención sobre los riesgos de las corralejas y el incumplimiento de protocolos por parte de los asistentes.

El modelo de desarrollo liderado por el dirigente caribeño consolida al Golfo de Morrosquillo como el nuevo polo de crecimiento del Caribe colombiano, con más de 1,5 billones de pesos en obras que fortalecen la salud, la educación, el turismo y la conectividad regional.

El Pacto Golfo de Morrosquillo, impulsado por el liderazgo del precandidato por las regiones y líder político del Caribe, Héctor Olimpo Espinosa, se ha convertido en un referente nacional de cómo el desarrollo territorial puede transformar el país cuando se construye desde las regiones y no desde el centralismo.

Gracias a la gestión articulada de Olimpo con el Gobierno Nacional, se ejecutan obras por más de 1,5 billones de pesos que están transformando la vida de miles de familias en los municipios costeros de Sucre y Córdoba, fortaleciendo sectores clave como el turismo, la educación, la salud y la conectividad.

“El Golfo de Morrosquillo es la mejor demostración de que las regiones pueden liderar su propio progreso. Aquí hay resultados, no promesas. Desde el Caribe demostramos que el cambio verdadero empieza por confiar en la gente y en su territorio”, afirmó Héctor Olimpo Espinosa.

Obras que consolidan el nuevo polo de desarrollo del Caribe
● Hospital de Coveñas: inversión superior a 43 mil millones de pesos, será el centro de salud más moderno de la costa sucreña.

● Gran Malecón de Coveñas y Malecón de Tolú: proyectos emblemáticos que transforman la costa en un corredor turístico de talla internacional.

● Planta de aluminio en Tolú: generará más de 15 mil empleos verdes, convirtiendo al Golfo en polo logístico e industrial del Caribe.

● Megacolegio de Toluviejo: beneficiará a más de 2.000 estudiantes con educación de calidad y espacios modernos.

● Sede del SENA en Coveñas: impulsará la formación en turismo, sostenibilidad y energías limpias para jóvenes del Caribe.

● Más de 30 kilómetros de vías estratégicas interconectan Sucre y Córdoba, potenciando el turismo y el comercio.

● Modernización del aeropuerto de Tolú: mejorará la conectividad aérea y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Un ejemplo de cómo las regiones cambian el país
El Pacto del Golfo de Morrosquillo es hoy una hoja de ruta para Colombia, que demuestra que el progreso llega cuando los recursos se ejecutan con eficiencia, transparencia y visión regional.

Bajo el liderazgo de Héctor Olimpo Espinosa, este pacto trascendió fronteras departamentales, consolidándose como un modelo de cooperación interregional entre Sucre y Córdoba, y como una muestra tangible de lo que las regiones pueden lograr cuando se les da autonomía y confianza.

“El Caribe no pide permiso para avanzar. Lo hace con trabajo, con obras y con resultados. Esta transformación demuestra que desde las regiones se puede gobernar mejor y construir una Colombia diferente”, enfatizó Olimpo.

Una visión de país desde las regiones
El liderazgo de Héctor Olimpo Espinosa va más allá del Caribe: propone un modelo de país basado en la autonomía administrativa y económica de las regiones.
Su visión es clara: cuando los territorios deciden sobre su propio desarrollo, los resultados son más efectivos y sostenibles.

En sus palabras, tanto las regiones como las alcaldías locales deben tener mayor autonomía porque “conocen su realidad más a fondo, entienden sus prioridades y saben a ciencia cierta cuál es la solución más efectiva que necesitan”.
Con resultados concretos, visión territorial y capacidad de diálogo, Héctor Olimpo Espinosa se consolida como el líder regional que inspira confianza nacional, demostrando que desde las regiones sí se puede cambiar el país.

La escalada de violencia dirigida contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se recrudeció este jueves con un nuevo atentado sicarial en Cartagena. Un dragoneante del Inpec fue atacado a tiros cerca de su vivienda, en el sector San Fernando, y actualmente se recupera en la Clínica San Fernando tras recibir dos impactos de bala.

Aunque las autoridades no han determinado los móviles ni a los responsables del ataque, este incidente se suma a una alarmante racha de violencia que el gremio penitenciario ya califica como una «masacre sistemática».

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), denunció que «este panorama de violencia no termina», reflejando el profundo temor y la conmoción que viven los guardianes.

El reciente ataque en Cartagena se produce pocas semanas después de que cuatro miembros del Inpec fueran asesinados en diferentes partes del país, incluyendo a los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz Llanos, Manuel Antonio Becerra Parra, Jimmy Flórez Salazar y el médico Julián Campo Giraldo.

Ante este sombrío panorama, el Inpec emitió un comunicado expresando solidaridad con las familias afectadas y reafirmando su compromiso de unidad: «El dolor nos toca a todos como un solo Inpec. Seguimos adelante, juntos, en una sola voz».

Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos, los trabajadores del Inpec reiteran su urgente llamado al Gobierno Nacional para que brinde medidas contundentes que garanticen su seguridad, tanto dentro como fuera de las cárceles.