Categoría: Política Región

La ciudad de Barrancabermeja se encuentra sumida en una profunda consternación tras el trágico fallecimiento de Daisy Duarte, una madre de 34 años que perdió la vida en un siniestro vial que ha conmovido a todo el departamento de Santander. Lo que debió ser una jornada de alegría y celebración por el estreno de una motocicleta eléctrica, recibida como un regalo para facilitar el transporte de sus tres hijos hacia el colegio, terminó en una escena desgarradora sobre la vía que conduce al corregimiento El Centro.

El siniestro ocurrió a pocos metros del cementerio La Resurrección, bajo la mirada atónita de su esposo y sus pequeños hijos, quienes seguían de cerca la prueba de manejo desde otro vehículo.

Según el reporte oficial de las autoridades de tránsito, la mujer perdió el control del ligero vehículo y cayó de forma aparatosa sobre la calzada. El factor determinante en el fatal desenlace fue la ausencia de elementos de protección, específicamente el casco reglamentario, ya que al tratarse de una breve prueba de conducción, Daisy omitió su uso. El impacto directo contra el pavimento le provocó un trauma craneoencefálico severo que le arrebató la vida de manera instantánea, dejando sin margen de maniobra a los testigos y cuerpos de socorro que intentaron auxiliarla en medio de la desesperación familiar.

Este lamentable suceso ha encendido las alarmas sobre la seguridad vial y el uso de vehículos de movilidad eléctrica en la región, recordando que, a pesar de su apariencia inofensiva o menor velocidad en comparación con motocicletas de combustión, el riesgo de lesiones mortales sigue siendo una realidad latente si no se cumplen las normas básicas de tránsito.

Mientras la comunidad de Barrancabermeja despide a una mujer recordada por su entrega incondicional a su hogar y sus múltiples proyectos personales, las autoridades avanzan en la reconstrucción de los hechos para establecer si existieron factores adicionales, como el estado de la vía o fallas mecánicas, que influyeron en esta tragedia que hoy deja a tres menores de edad sin su madre.

El municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, vivió una noche de Viernes Santo marcada por el terror y la zozobra cuando un atentado con motobomba interrumpió la solemnidad del tradicional Sermón de las Siete Palabras.

Minutos después de las 9:00 p. m., mientras la comunidad se encontraba congregada en los actos litúrgicos, una fuerte detonación sacudió las inmediaciones del parque principal y la Estación de Policía, transformando el recogimiento religioso en un escenario de caos y pánico colectivo. Los fieles, que escuchaban las últimas palabras de Cristo en la cruz, se vieron obligados a buscar refugio en viviendas y locales comerciales ante el estallido que destruyó varios vehículos y afectó la infraestructura del sector.

Tras el ataque, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que la explosión dejó como saldo un uniformado de la Policía Nacional herido, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde se reporta fuera de peligro.

El mandatario departamental lamentó que la violencia regrese a un municipio que años atrás fue ejemplo de erradicación de cultivos ilícitos y minas antipersona, atribuyendo el deterioro del orden público a la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Rendón lanzó una fuerte crítica a las políticas de seguridad nacional, señalando que la permisividad ha permitido el reasentamiento de grupos armados en zonas estratégicas de la región.

«En ese municipio, que años atrás estuvo libre de coca y de minas antipersona, los criminales regresaron gracias a la paz total de Petro. Delinquen el Clan del Golfo y el frente 36 FARC de Calarcá y del bandido de primo gay», agregó el mandatario departamental.

Por su parte, la Dirección General de la Policía Nacional rechazó de manera categórica lo que calificó como un atentado cobarde contra la institución y la fe de los ciudadanos. La cúpula policial advirtió que la respuesta del Estado será contundente y articulada para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales, enfatizando que no se permitirá que el miedo debilite la labor de quienes custodian la tranquilidad ciudadana.

Es el mismo libreto que se escribe en épocas de fin de año, en vacaciones, y en esta oportunidad en semana santa.

Cambian los personajes, pero el libreto es el mismo. Vidas que se apagan en las carreteras del país, muertes que se pudieron evitar.

El pasado miércoles primero de abril, en la vía entre Zipaquirá-Ubaté, una familia santandereana murió incinerada tras el choque de una tractomula sin frenos en el peaje de Casablanca.

Mientras esperaban para pagar el peaje de Casablanca, un tractocamión sin frenos convirtió su paseo en un viaje sin retorno, una tragedia de las que se repiten en las carreteras del país.

Fredy León Niño, quien conducía el automóvil; Luz Amanda Pereira Garcés, su esposa; Rosalba Garcés Ríos, su suegra, Adelaida Pereira Garcés, su cuñada; y su hijo Juan Pablo, perdieron la vida en el siniestro vial.

Lo que debía ser un viaje de reencuentro familiar terminó en una tragedia de dimensiones apocalípticas.

La madrugada de este Viernes Santo se transformó en una escena de horror en el sector conocido como Azafranal. Un pesado vehículo tipo cisterna, que transportaba una carga de productos químicos de alta volatilidad, protagonizó un devastador suceso vial que cobró la vida de sus dos ocupantes y desató un incendio de proporciones alarmantes en la vía que comunica a Bogotá con Girardot.

Eran las primeras horas de este 3 de abril cuando, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del gigante de acero. Tras el impacto inicial, se generó un punto de ignición inmediato que envolvió la cabina en llamas en cuestión de segundos, impidiendo cualquier posibilidad de escape para quienes iban a bordo.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que la naturaleza de la carga —aún sin identificar plenamente— complicó las labores de extinción debido a su peligrosidad. «Infortunadamente, al llegar al sitio, las unidades de Silvania y Fusagasugá hallaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer», señaló el oficial.

La magnitud del incendio obligó al cierre total del corredor vial, mientras expertos en materiales peligrosos y personal de la concesión trabajaban para refrigerar el tanque y evitar una explosión de mayores dimensiones. Las columnas de humo negro eran visibles desde varios kilómetros a la redonda, marcando un inicio trágico para el puente festivo más importante del año.

La Policía Nacional informó que la operación fue ejecutada en los barrios Rebolo y Modelo de Barranquilla, así como en el sector de Las Moras, en el municipio de Soledad, Atlántico, donde se logró la captura de cinco personas y la notificación a otras tres que ya estaban en centros carcelarios.

Estas personas deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y uso de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Según la institución, las acciones contra el grupo delincuencial de ‘Los Carroñeros’ fueron posibles gracias a una investigación de 11 meses, que permitió identificar a los responsables del hurto de 411 millones de pesos a una empresa transportadora de valores, hecho ocurrido el 18 de enero de 2025 en el municipio de Soledad. Durante este hecho, también fue hurtada un arma de fuego perteneciente a uno de los guardas de seguridad.

Los integrantes de esta banda delincuencial registran un total de 93 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto, acto sexual con menor de 14 años, receptación, fuga de presos, lesiones personales, violencia contra servidor público, uso de documento falso, constreñimiento ilegal, violencia intrafamiliar, amenazas y abuso de confianza. Además, tienen una trayectoria criminal de aproximadamente 20 años, según indicó la Policía Nacional.

En desarrollo de la operación fueron puestos a disposición de las autoridades competentes las personas conocidas con los alias de ‘Niño Buitre’, ‘El Italiano’, ‘El Gordo’, ‘El Panadero’, ‘Peluca’, ‘Aguacate’, ‘El Mono’ y ‘Fabián Llama’, varios de ellos con antecedentes y capturas previas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, manifestó que este resultado representa un importante golpe contra las estructuras criminales dedicadas al hurto y otros delitos de alto impacto, y reiteró el compromiso institucional de continuar adelantando operaciones contundentes que permitan garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.

El panorama tras el aparatoso siniestro registrado en la mañana de este miércoles en el peaje Casablanca se torna más crítico. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a cinco personas, tras el hallazgo de una nueva víctima dentro del vehículo donde inicialmente se habían reportado tres decesos.

El mandatario detalló que, entre los fallecidos, se encuentran cuatro ocupantes de un mismo automóvil y un motociclista. Además, en la escena fue hallado sin vida un animal de compañía que viajaba con las víctimas. «Lamentamos confirmar estas nuevas muertes, entre ellas la de un menor de edad. Nuestra solidaridad y abrazo de condolencia para sus familias», manifestó el gobernador a través de sus canales oficiales.

A esta hora, el sistema de salud departamental atiende a 21 pacientes (19 adultos y 2 menores). La situación más delicada la enfrenta un paciente en estado crítico que debió ser remitido desde el Hospital Regional de Zipaquirá hacia el Hospital Universitario de La Samaritana en Bogotá para recibir atención especializada.

Los lesionados se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Hospital Regional de Zipaquirá: 13 pacientes.

Clínica San Luis de Cajicá: 3 pacientes.

Hospital Funcional de Zipaquirá: 2 pacientes.

Hospital El Salvador de Ubaté: 2 pacientes.

Clínica Jorge Cavelier de Cajicá: 1 paciente.

Apertura gradual de la vía

Tras varias horas de cierre total por las labores de criminalística y extracción de las víctimas, la Policía de Tránsito y Transporte habilitó, desde la 1:30 p.m., un paso controlado bajo la modalidad de «pare y siga». El gobernador Rey señaló que se espera restablecer el flujo vehicular total antes de que caiga la noche, una vez finalicen las tareas de limpieza y retiro de los siete vehículos involucrados en el siniestro provocado, presuntamente, por un camión cisterna que se quedó sin frenos.

​En un esfuerzo conjunto por aliviar las dificultades que atraviesan miles de familias en el norte del país, el Banco de Alimentos de Cali, bajo la dirección del Presbítero Joaquín Alberto Gómez Rendón, culminó con éxito la misión humanitaria denominada “Juntos por Montería”. Esta iniciativa, descrita como una «caravana de amor», logró movilizar recursos desde Santiago de Cali hasta la capital cordobesa, con el objetivo de brindar asistencia directa en un contexto nacional marcado por la violencia, los bloqueos y los embates de la actual ola invernal. La jornada de entrega formal se realizó el pasado 1 de abril, consolidando una red de apoyo que busca devolver la esperanza y la dignidad a las comunidades más vulnerables de la región.

La magnitud del aporte se traduce en cifras contundentes que posicionan al Banco de Alimentos de Cali como la organización con mayor impacto humanitario entregado a su par en Montería. En total, se distribuyeron 82.459 kilos de ayuda, equivalentes a más de 160.000 unidades de suministros diversos, cuyo valor comercial supera los 5.223 millones de pesos. El cargamento incluyó no solo abarrotes y alimentos para consumo humano y de mascotas, sino también elementos esenciales como colchones, medicamentos, kits de aseo, pañales y ropa, asegurando una atención integral a las necesidades básicas de la población beneficiada.

​Este despliegue logístico fue posible gracias a una alianza estratégica entre múltiples sectores de la sociedad, incluyendo centros comerciales, empresas privadas, voluntarios y el apoyo fundamental del Ejército Nacional. La misión también contó con el respaldo de líderes religiosos y el acompañamiento del Banco de Alimentos de Popayán, reafirmando un mensaje de unidad nacional frente a la adversidad. Según los organizadores, más allá de la asistencia material, esta acción representa un recordatorio de que la solidaridad ciudadana sigue siendo un motor vital para la reconciliación y el bienestar en Colombia, demostrando que, incluso en tiempos de incertidumbre, el compromiso social puede generar transformaciones reales y tangibles.

La vida de Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años, se convirtió en el centro de una trama que mezcla la violencia extrema con el uso malintencionado de la tecnología. Tras sobrevivir a un atentado sicarial el pasado 22 de marzo en Uribia, La Guajira, cuando cursaba su octavo mes de embarazo, la joven profesional se encuentra a las puertas de recibir el alta médica. Su recuperación, calificada por muchos como un milagro, se produce tras enfrentar dos complejas intervenciones quirúrgicas destinadas a salvar sus pulmones, afectados por impactos de bala que también alcanzaron su cabeza y espalda

Mientras Catherine lucha por su salud, en una unidad de cuidados neonatales, su hija Salomé también da muestras de una asombrosa resistencia. La pequeña, que debió nacer mediante una cesárea de emergencia la misma noche del ataque, permanece en una incubadora con una evolución favorable. Sin embargo, la alegría por la vida que prevalece se ve empañada por el temor persistente de su familia. Elio Meriño Palacio, esposo de Catherine, ha roto el silencio para expresar el miedo constante en el que vive su entorno, asegurando que no existen conflictos conocidos que expliquen por qué su esposa fue blanco de semejante sevicia.

La investigación judicial, liderada por el Departamento de Policía de La Guajira bajo el mando del coronel Salomón Bello, avanza sobre líneas que sugieren una planificación meticulosa detrás del atentado. Una de las hipótesis más fuertes apunta a la participación de una mujer como autora intelectual del crimen. Pero el caso toma un matiz aún más oscuro al analizarse los eventos previos al ataque: las autoridades no descartan que un video íntimo fabricado mediante inteligencia artificial, que circuló en redes sociales para desprestigiar a la psicóloga, fuera el primer paso de una campaña de odio destinada a justificar o preceder la agresión física.

Este caso no solo pone de relieve la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia sicarial en la región, sino que enciende las alarmas sobre el «ciberacoso criminal», donde herramientas tecnológicas de última generación son utilizadas para destruir reputaciones antes de proceder a ataques contra la integridad física. Mientras la justicia intenta atar los cabos sueltos y dar con los responsables, Catherine y su hija Salomé se preparan para un regreso a casa marcado por la esperanza del reencuentro, pero también por la exigencia de garantías de seguridad que les permitan vivir sin el miedo de que la sombra del pasado regrese a buscarlas.

Tras intensas jornadas de negociación en Caucasia, el Gobierno Nacional y los voceros de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba han suscrito un acta de compromisos que marcaron el levantamiento oficial de la protesta pacífica en la región. El documento, firmado el 27 de marzo de 2026 bajo la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, establece una hoja de ruta clara para la formalización de la pequeña minería, la revisión de títulos inactivos y la creación de mecanismos de inclusión financiera para el gremio.

Entre los puntos más relevantes destaca el reconocimiento explícito por parte del Estado de que los integrantes de esta movilización son mineros tradicionales amparados por la ley y no pertenecen a grupos armados ilegales, una validación fundamental para la seguridad y legitimidad de las comunidades mineras.

​El acuerdo contempla compromisos técnicos de gran envergadura, como la intervención de la Agencia Nacional de Minería para agilizar el acceso real a áreas de explotación y la recuperación de títulos que no cumplen una función social o ecológica.

Asimismo, se ha pactado la creación de una mesa técnica interinstitucional con la participación del Banco Agrario y la Superintendencia Financiera para el próximo 13 de abril en Bogotá, con el fin de resolver las barreras históricas que impiden a los mineros acceder al sistema bancario.

Por otro lado, entidades ambientales como Corantioquia y el Ministerio de Ambiente trabajarán en la actualización de la información del denominado Polígono 8, buscando compatibilizar la actividad minera con la protección de los recursos naturales en municipios como Cáceres, Tarazá y Zaragoza.

En un gesto de voluntad hacia la legalidad, los mineros se han comprometido a iniciar un proceso de concertación para el desmantelamiento voluntario de dragas y «dragones» en un plazo de 15 días, bajo un esquema de parqueo vigilado por la fuerza pública en puntos estratégicos.

Aquellos que decidan formalizarse podrán establecer contratos de operación con titulares mineros existentes, mientras que el equipo mecanizado que no sea reportado o que se encuentre fuera de las zonas acordadas será destruido por las autoridades. Este pacto no solo busca la reactivación económica del territorio, sino que refuerza el compromiso estatal de combatir la extracción ilícita a gran escala mientras protege y formaliza la tradición de la pequeña minería en el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño.

Una mañana de luto vive el departamento de Cundinamarca tras un aparatoso siniestro de tránsito registrado este miércoles 1 de abril en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté. El siniestro, ocurrido a la altura del peaje Casablanca, deja hasta el momento un saldo de dos personas fallecidas y 19 heridos, quienes están siendo atendidos en los hospitales de Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana.

Según el reporte oficial entregado por el gobernador Jorge Emilio Rey, la emergencia se habría originado cuando un vehículo tipo turbina que transportaba leche presentó fallas mecánicas, llegando al peaje aparentemente sin frenos. En su recorrido fuera de control, el pesado automotor colisionó violentamente contra seis vehículos particulares y una motocicleta, generando un choque en cadena que mantiene la vía totalmente cerrada.

«Esta es una situación que nos enluta. Estamos en permanente coordinación con los organismos de emergencia que ya hacen presencia en la zona», manifestó el mandatario departamental, quien envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas fatales.

Debido a que los vehículos implicados permanecen sobre la calzada mientras se adelantan las labores de criminalística y rescate, las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros tomar vías alternas y permanecer atentos a los canales oficiales para conocer la hora de reapertura de este importante corredor vial.