Categoría: Política Región

Un trágico siniestro de tránsito registrado este lunes en la variante Bremen-La Gallera, jurisdicción de Sincelejo, cobró la vida de un motociclista. Según las primeras versiones de las autoridades, la víctima, quien se desplazaba en un vehículo de placa HUN-31G, impactó fuertemente contra un furgón identificado con la placa LPM-856, saliéndose de la calzada y perdiendo la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos.

​De manera extraoficial, testigos de la zona señalaron que el fallecido respondería al nombre de Félix Polo; sin embargo, las autoridades judiciales aún trabajan en la verificación formal de su identidad. Al sitio acudieron unidades del personal de tránsito para adelantar la inspección técnica del cadáver y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer las causas exactas y las responsabilidades en este fatal choque.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció una descentralización sin precedentes en la Rama Ejecutiva al confirmar que Barranquilla se convertirá en sede permanente de su gestión gubernamental, desde donde despachará alternando entre el Batallón Paraíso y el emblemático Palacio de la Aduana.

A esta estrategia regional se sumarán Medellín y Cali como sedes alternas de la Presidencia de la República, buscando un contacto directo y constante del gabinete nacional con los principales núcleos urbanos del país.

Como eje central de este replanteamiento territorial, el mandatario electo reiteró que radicará ante el Congreso un proyecto de acto legislativo orientado a declarar formalmente a Barranquilla como la capital alterna de Colombia. Con esta iniciativa constitucional, el nuevo Gobierno busca transformar el ejercicio del poder público, redistribuyendo la presencia institucional fuera del tradicional centralismo bogotano.

Tras nueve años de trabajo ininterrumpido, el municipio de Orito (Putumayo), considerado como el paraíso amazónico del departamento por su biodiversidad, celebró que una amplia zona de su territorio fue declarada libre de sospecha de contaminación por minas antipersonal, lo que permite que miles de familias recuperen la tranquilidad, la movilidad y la esperanza de construir un mejor futuro.

Este importante resultado fue realizado por los soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 5, quienes con el apoyo permanente de las comunidades lograron recopilar información clave para ubicar y eliminar la amenaza de artefactos explosivos que durante años puso en riesgo a la población.

El mayor John Freddy Carvajal Torres, comandante encargado de la unidad militar, destacó la trascendencia de este logro.

“Durante esta misión intervenimos 89 sectores correspondientes a veredas, atendimos 58 territorios étnicos, investigamos 113 accidentes e incidentes históricos relacionados con artefactos explosivos y destruimos ocho artefactos explosivos que representaban un riesgo para la comunidad. Entregamos la Zona 1 como libre de sospecha de contaminación por minas antipersonal, un resultado que representa nuestro compromiso con la protección de la vida y la construcción de un país más seguro», resaltó.

Agregó que este desminado pertenece a las comunidades, a las instituciones que hicieron posible este proceso y a cada uno de los hombres y mujeres que dedicaron años de esfuerzo para devolver la tranquilidad al territorio.

Como parte de esta misión, los desminadores también verificaron dos áreas ambientales protegidas y desarrollaron jornadas de educación en el riesgo de artefactos explosivos, fortaleciendo la cultura de la prevención y el autocuidado en más de 13.000 habitantes.

Hoy, las familias pueden recorrer nuevamente sus caminos con seguridad, cultivar sus tierras, llevar a sus hijos a la escuela sin temor y proyectar un futuro con mayores oportunidades.

89 veredas sin amenaza de ​​explosivos

Al respecto, el alcalde de Orito, Edinson Ramírez, se refirió al impacto que este proceso tendrá en el desarrollo del municipio.

“Desde nuestro paraíso amazónico expresamos un profundo agradecimiento al Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario por la labor realizada durante estos años. Hoy contamos con 89 veredas descontaminadas, beneficiando a cerca de 841 familias y aproximadamente 25.000 habitantes», manifestó.

Asimismo, el alcalde aseveró que “tener un territorio seguro nos permite seguir consolidando el Orito productivo que soñamos para todos».

El mandatario también indicó que la seguridad del territorio fortalece las diferentes apuestas económicas del municipio, entre ellas la producción de azaí, cacao, ganadería, sistemas forestales y proyectos agroforestales sostenibles, impulsando el crecimiento social, económico, cultural y productivo de la región.

“Muchas familias que debieron abandonar sus hogares por la presencia de minas ahora podrán regresar con confianza a sus veredas», agregó el alcalde.

Para la comunidad educativa, este avance también representa una nueva oportunidad para acceder a las aulas, aprender y crecer en un entorno seguro.

“Estamos muy agradecidos con todo el equipo de desminado por su trabajo y por las capacitaciones brindadas a estudiantes, padres de familia y docentes. Nos sentimos mucho más tranquilos porque sabemos cómo prevenir riesgos y podemos transitar con mayor seguridad tanto en la institución educativa como en nuestra comunidad», dijo Carlos López, coordinador de la Institución Educativa San José de Orito, sede Nueva Colombia.

La declaración de esta zona libre de sospecha de minas antipersonal representa mucho más que una meta cumplida. Es la recuperación de la confianza, la protección de la vida y la posibilidad de que Orito continúe escribiendo una nueva historia, donde el desarrollo, la productividad y la paz florecen sobre un territorio que vuelve a pertenecer plenamente a sus habitantes.

El homicidio de Lucas Martínez Moncaris, un hombre de 56 años que recientemente se dedicaba a la evangelización cristiana, abrió una doble y polémica línea de investigación en Cartagena.

La víctima, según registros oficiales, cargaba con un prontuario judicial activo por delitos sexuales y amenazas.

Sujetos armados, ocultos en la maleza, sorprendieron a Martínez Moncaris mientras caminaba hacia su vivienda.

Los agresores abrieron fuego de manera repetida, lo impactaron de gravedad y luego escaparon de la escena.

El fallecido era oriundo del corregimiento insular de Bocachica, aunque residía en el casco urbano de la capital de Bolívar.

La recolección de testimonios y la verificación de datos por parte de las autoridades revelaron dos caras opuestas de su vida. Líderes religiosos y vecinos afirmaron que Martínez atravesaba un proceso de reinserción social y de transformación espiritual a través de la fe cristiana.

Sin embargo, el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía registra tres procesos vigentes en su contra: dos denuncias por acceso carnal violento (2019 y 2023) y una por el delito de amenazas (2022).

La Policía Metropolitana de Cartagena y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) coordinan las labores de campo para establecer las motivaciones del crimen. El foco de las pesquisas busca determinar si el asesinato responde a un ajuste de cuentas o una retaliación vinculada a las denuncias de abuso sexual, o si se trata de una dinámica de seguridad del sector donde ocurrieron los hechos.

La destinación de cerca de 11.000 millones de pesos para la organización de las Fiestas del Mar ha vuelto a poner en el centro del debate la gestión del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.
La millonaria inversión generó fuertes cuestionamientos entre ciudadanos, líderes de opinión y sectores políticos, quienes consideran que esos recursos deberían priorizarse para atender problemáticas estructurales que desde hace años afectan a la capital del Magdalena: el desabastecimiento de agua potable, el deterioro de la malla vial, las fallas en el sistema de alcantarillado, las recurrentes inundaciones en temporada de lluvias y los problemas de seguridad.
En redes sociales, decenas de usuarios expresaron su inconformidad.
Aunque reconocen que las Fiestas del Mar son una tradición de la ciudad y un motor del turismo, argumentan que el monto resulta excesivo frente a las necesidades urgentes que enfrentan miles de samarios.
A las críticas se suman interrogantes sobre el proceso de contratación. Diversos sectores exigen a la administración municipal explicar en detalle cómo se invertirán los recursos públicos y cuál será el impacto económico real que se espera obtener con el evento.
Desde la Alcaldía de Santa Marta, la administración ha defendido la inversión. Asegura que las Fiestas del Mar impulsan el turismo, fortalecen la economía local, generan empleo temporal y promueven la cultura e identidad de la ciudad.

​Lo que prometía ser un nuevo comienzo terminó en una dolorosa tragedia para la familia de Sara Milena Echeverría Alcendra, residente del barrio Manantial en Soledad (Atlántico). La mujer acudió a una clínica en el barrio El Porvenir, al norte de Barranquilla, para someterse a intervenciones estéticas en el abdomen y senos, tras meses de rigurosa preparación en los que logró bajar de 100 a 69 kilogramos para cumplir los requerimientos médicos.
​Según su padre, Rosier Echeverría, la paciente ingresó al quirófano tranquila y con todos sus exámenes preoperatorios en regla. Sin embargo, al mediodía las autoridades del centro médico informaron que se había descompensado gravemente, falleciendo poco después. Además, los allegados cuestionaron las explicaciones recibidas, señalando inconsistencias sobre si el procedimiento había iniciado o no. Mientras el caso causa conmoción, las autoridades correspondientes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del deceso.

Carlos Rincón, expareja de la mujer captada en videos de seguridad transportando en motocicleta a María Camila Potosí antes de su trágico desenlace, rompió el silencio para desligarse del crimen y denunciar graves amenazas contra su vida y la de su familia. A través de una declaración pública, Rincón aseguró que fueron ellos mismos quienes alertaron y entregaron a la sospechosa ante las autoridades tan pronto sospecharon de su vínculo con la desaparición y asesinato de la joven gestante en Cali.

​Además de manifestar su temor por los amedrentamientos que exigen la salida de su familia del barrio, el hombre reveló haber sido víctima de una prolongada manipulación psicológica por parte de la mujer. Según su testimonio, la hoy investigada le hizo creer durante meses que esperaban una niña juntos, soportando el engaño con ecografías y documentos falsos para evitar que asistiera a los supuestos controles prenatales; un patrón de mentiras que, según indicó, ya había ocurrido en una relación previa. Mientras solicita protección institucional frente a las intimidaciones, Rincón reiteró que su entorno no tuvo participación en los hechos y que también fueron engañados por la principal sospechosa.

La Alcaldía de Cali elevó a 200 millones de pesos la recompensa para quien entregue información clave que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de gestación cuyo cuerpo fue hallado a orillas del río Meléndez.

Con este incentivo económico, las autoridades buscan acelerar las investigaciones y esclarecer no solo el crimen, sino también determinar el paradero de la bebé que esperaba. El alcalde Alejandro Eder enfatizó que se han dispuesto todas las capacidades institucionales para hacer justicia y reiteró que en la ciudad no se tolerará ningún acto de violencia contra las mujeres ni contra la niñez.

La consternación embarga a la comunidad del sur de La Guajira tras la trágica muerte de una niña de apenas dos años, quien perdió la vida por inmersión en la zona rural del municipio de Fonseca. El desgarrador suceso tuvo lugar en la finca Villeta, ubicada en la vía que conduce al corregimiento de Conejo, cuando en un descuido involuntario durante una reunión familiar nocturna, los allegados perdieron de vista a la menor y, tras una angustiosa búsqueda en el predio, la hallaron inconsciente en el interior de una alberca.

A pesar de la rápida reacción de sus familiares, quienes la trasladaron de inmediato al Hospital San Agustín con la esperanza de salvarla, el cuerpo médico de turno confirmó que la pequeña ingresó al centro asistencial sin signos vitales. Ante lo ocurrido, las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes y los actos urgentes para esclarecer detalladamente la cronología de los hechos y brindar acompañamiento a la consternada familia en este doloroso momento.

Aumentó a siete el número de uniformados lesionados tras un grave ataque ejecutado por disidencias de las FARC contra tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Huisitó, en el departamento del Cauca. La acción criminal se registró en medio de la población civil, una situación de alto riesgo que complicó las maniobras de respuesta por parte de la Fuerza Pública. Entre los afectados por la incursión se encuentra uno de los pilotos de la tripulación de un helicóptero que prestaba apoyo aéreo a las operaciones terrestres en la zona, quien resultó impactado en medio de las hostilidades.