Categoría: Política Región

La crisis de orden público en el Bajo Cauca antioqueño se agudizó tras registrarse un nuevo desplazamiento masivo en la zona rural de Tarazá, donde 11 familias de las veredas Tamí y Doradas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que disputan el control territorial.

De acuerdo con los reportes, la situación fue confirmada por la Gobernación de Antioquia, entidad que activó de inmediato los mecanismos de verificación y atención para la población afectada.

Esta emergencia se suma al reciente éxodo de 131 familias en el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, acumulando un total de 355 personas damnificadas en la subregión durante los últimos días.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades instalaron un Comité de Justicia Transicional en Tarazá para coordinar de manera urgente la entrega de kits de asistencia básica y activar las rutas de atención humanitaria.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó de manera directa a las disidencias de las Farc la autoría del atentado terrorista perpetrado contra una familia en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, los informes de inteligencia militar y policial vinculan formalmente a este grupo armado organizado con el ataque, el cual cobró la vida de un menor de 13 años y dejó a otras cinco personas heridas.

Las autoridades locales y las fuerzas desplegadas en la región ya iniciaron las acciones correspondientes para asegurar la zona y capturar a los responsables de esta acción violenta que vuelve a enlutar a la población civil.

El hecho ocurrió en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y dejó al menos cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

Un niño de 10 años murió y al menos cinco personas resultaron heridas tras un ataque con drones explosivos registrado en la vereda P30 Bajo El Milagro, zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los artefactos impactó una iglesia cristiana durante los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC, grupos armados ilegales que mantienen presencia en la región del Catatumbo.

Entre los lesionados se encuentran dos menores de 2 y 17 años, además de tres adultos, incluida la esposa de un pastor de la congregación afectada. El ataque también causó daños en viviendas cercanas.

La Gobernación de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo confirmaron la gravedad de los hechos y alertaron sobre el riesgo de nuevos desplazamientos forzados en esta zona del departamento.

La situación se produjo el mismo día en que fue asesinado Israel Quintero Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda P30, un hecho que profundiza la crisis de seguridad que enfrentan las comunidades rurales de Tibú.

La Alcaldía y organizaciones sociales rechazaron el uso de drones explosivos contra la población civil y señalaron que este tipo de acciones constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, el Ejército Nacional anunció el despliegue de tropas adicionales en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger a las comunidades afectadas por la confrontación armada.

Una tragedia familiar sacude a la zona rural del municipio de Cravo Norte, en el departamento de Arauca, luego de que se confirmara el asesinato de dos primos en hechos que han vuelto a encender las alarmas sobre la persistente violencia que afecta al campo colombiano.

Tras conocerse la fatídica noticia de los homicidios, el dolor colectivo se agravó con el fallecimiento fulminante del tío de los jóvenes, quien sufrió un infarto debido al fuerte impacto emocional provocado por la pérdida de sus familiares.

A través de un pronunciamiento emitido en sus canales oficiales, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) lamentó profundamente el suceso y expresó su solidaridad con los afectados, al tiempo que hizo un enérgico llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables.

Asimismo, el gremio exigió mayores garantías de seguridad e intervenciones efectivas que devuelvan la tranquilidad a los trabajadores rurales que construyen país desde el territorio.

Las víctimas fueron atacadas a tiros mientras se movilizaban en motocicleta por una carretera del municipio de Albania, en La Guajira.

Las autoridades judiciales de La Guajira confirmaron la identidad de los dos hombres que fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en el tramo vial que comunica a Paradero con Maicao, en jurisdicción del municipio de Albania.

Las víctimas fueron identificadas como Edinson David Magdaniel Fernández y Eliecer José Magdaniel Fernández, reconocidos miembros de la comunidad indígena Wayúu.

De acuerdo con el informe de los peritos forenses y las unidades de criminalística, ambos hombres presentaban múltiples heridas ocasionadas por impactos de arma de fuego, confirmando que se trató de un homicidio violento.

Según las primeras investigaciones, los hermanos se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptados por desconocidos que les dispararon y posteriormente huyeron del lugar sin dejar rastro.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional asumieron la investigación del doble homicidio y adelantan labores de recopilación de pruebas, entrevistas y verificación del entorno de las víctimas para esclarecer los móviles del crimen.

Las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables de este hecho que ha causado conmoción en la comunidad Wayúu y en el departamento de La Guajira.

El Comando General de las Fuerzas Militares, a través de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, emitió la Resolución No. 004 de 2026 con el fin de garantizar la conservación del orden público durante la jornada de elecciones presidenciales en el país.

Mediante este acto administrativo firmado el 18 de junio por el coronel Edwin Fernando Díaz Melo, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la unidad militar, se restringe de manera integral el porte y transporte de armas de fuego, armas traumáticas, partes, accesorios y municiones en toda su jurisdicción.

​La medida de suspensión temporal comenzará a regir a partir de las 06:00 horas del sábado 20 de junio de 2026 y se extenderá hasta las 12:00 horas del lunes 22 de junio de 2026. La restricción aplica rigurosamente en un amplio territorio interdepartamental que comprende los 23 municipios de Córdoba, seis municipios de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño (Cáceres, Caucasia, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza) junto al corregimiento de Puerto Valdivia, 14 municipios del departamento de Sucre y dos localidades de Bolívar (Magangué y San Jacinto del Cauca).

​La resolución contempla excepciones específicas para garantizar las funciones de entidades del Estado, organismos de control y misiones especiales. Entre los exentos se encuentran la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el INPEC, la Unidad Nacional de Protección (UNP), empresas de vigilancia privada debidamente acreditadas, así como los gobernadores, alcaldes, congresistas y secretarios generales del Congreso.

No obstante, el documento aclara puntualmente que ninguna persona beneficiada por estas excepciones podrá ingresar con armamento, municiones o explosivos a reuniones políticas, elecciones o manifestaciones públicas, bajo el riesgo de incautación y decomiso inmediato.

Con un despliegue de más de 128 mil hombres y mujeres, las Fuerzas Militares de Colombia iniciaron de manera oficial el plan de seguridad que custodiará las más de 120 mil mesas de votación dispuestas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La cúpula militar lideró un recorrido de supervisión por diversas regiones del territorio nacional para verificar las condiciones de orden público de cara a la jornada electoral.

​Para garantizar la normalidad y el ejercicio democrático de los ciudadanos, la institución desplegará un robusto componente técnico y operativo que incluye vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, drones de última tecnología, así como unidades fluviales y navales.

Mediante el uso de estas capacidades diferenciales, las autoridades mantendrán un monitoreo constante por tierra, mar, aire y río a lo largo y ancho del país, con el objetivo de prevenir cualquier alteración al orden público y asegurar que los comicios transcurran con plenas garantías de seguridad.

El alcalde de Bogotá advirtió que se desplegarán medidas especiales para evitar daños a infraestructura y sedes políticas en medio de la tensión electoral.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la administración distrital implementará acciones preventivas para proteger bienes públicos y privados ante posibles disturbios luego de la jornada electoral, en un contexto de alta tensión política en la capital.

Según el mandatario, el objetivo es anticiparse a eventuales hechos de vandalismo que puedan afectar sedes institucionales, bienes privados y el orden público, como ha ocurrido en jornadas de movilización recientes en la ciudad.

Galán reiteró que la prioridad del Distrito es garantizar el derecho a la protesta dentro de los límites de la legalidad, pero sin permitir afectaciones a la infraestructura ni hechos de violencia que alteren la convivencia.

El anuncio se da en medio de un ambiente político marcado por polarización y llamados de diferentes sectores a mantener la calma durante y después del proceso electoral, mientras las autoridades locales y la fuerza pública ajustan sus protocolos de seguridad.

La Alcaldía aseguró que se coordinarán operativos con la Policía Metropolitana para responder de manera inmediata ante cualquier intento de alteración del orden público.

La senadora animalista Andrea Padilla denunció a través de sus canales oficiales la fuga de un jaguar de 120 kilogramos que se encontraba bajo el cuidado del centro de atención de Corpoamazonia, tras haber llegado herido y exhausto a la sede Amazonia de la Universidad Nacional.

Según la congresista, el recinto donde permanecía el felino amaneció vacío este jueves, lo que obligó a las autoridades locales a convocar un comité de gestión del riesgo debido a que el lugar de la evasión se sitúa en una zona residencial y urbana.

Ante el peligro potencial para la comunidad y el propio animal, Padilla hizo un llamado urgente para intensificar la búsqueda, instando al presidente Gustavo Petro a disponer de todos los medios necesarios para su rescate y pidiendo al Ministerio de Ambiente y a Asocars priorizar la adecuación de las instalaciones de los centros de valoración de fauna silvestre, una problemática estructural que, según la legisladora, lleva más de tres años siendo desatendida.

En el marco de la agenda oficial del Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro Urrego lidera este jueves en Villavicencio, Meta, un acto público a las 3:00 p.m. en el parque Banderas para formalizar la entrega de 12.643 hectáreas de tierra a 464 familias campesinas de la región. Durante la jornada, se asignan además 4.362 millones de pesos destinados al fortalecimiento de proyectos productivos rurales en diversos municipios del departamento.

Entre los predios recuperados por la Agencia Nacional de Tierras que se adjudican en esta fecha destaca el terreno Tamanaco, de 10.531 hectáreas, el cual estuvo vinculado a procesos de extinción de dominio por lavado de activos, narcotráfico y ocupación indebida de baldíos de la Nación. Con esta nueva entrega, el Gobierno reporta un acumulado en el Meta de 77.118 hectáreas otorgadas a 2.328 familias campesinas y cerca de 190.000 hectáreas formalizadas, mientras que el balance nacional de la Reforma Agraria asciende a más de 787.000 hectáreas gestionadas para campesinos, comunidades étnicas y víctimas, sumado a la formalización de más de 2,1 millones de hectáreas en todo el país.