Categoría: Política Región

Una ofensiva con drones y artefactos explosivos perpetrada por grupos armados ilegales en el sur de Bolívar dejó un soldado profesional asesinado y cinco militares heridos, según denunció el Ejército Nacional. El primer ataque ocurrió en la vereda Santa Helena, municipio de Santa Rosa del Sur, donde la estructura 37 de las disidencias de las Farc utilizó drones acondicionados con explosivos contra tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 25, causándole la muerte al uniformado Óscar Enrique Palacios Rivas e hiriendo a otro compañero. Poco después, en el municipio de Arenal, presuntos integrantes del Eln activaron cargas explosivas contra el Batallón de Infantería de Selva N.° 48, lo que provocó heridas a dos suboficiales y dos soldados más.

Los militares lesionados, quienes se reportan estables y sin heridas de gravedad, serán trasladados a un centro asistencial en la ciudad de Bucaramanga para recibir atención médica especializada. El Comando de la Primera División del Ejército rechazó de manera categórica el uso de estos dispositivos y métodos ilícitos de guerra, señalando que constituyen una flagrante violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Mientras la institución militar envía sus condolencias y acompañamiento a la familia del soldado fallecido, las autoridades ratificaron que las operaciones de seguridad se intensificarán en la región para neutralizar las acciones criminales y proteger a la población civil.

Es señalado de intervenir ilegalmente para gestionar la ampliación de una licencia de construcción.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que vinculan al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, a posibles actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero y otros beneficios para facilitar los trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.

Inicialmente, el 8 de junio de 2025, el mandatario habría exigido a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona en específico para que brindara asesoría para gestionar varios permisos y otros requerimientos administrativos. Posteriormente, al parecer, pidió aumentar la asignación salarial para su referido, quien laboró durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro presuntamente solicitó a la empresaria, a través de mensajes de voz, 112 millones de pesos que correspondían al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Luego, mediante una llamada telefónica, retiró esa pretensión.

Dos días después, el 6 de marzo, el alcalde expidió una resolución, pese a encontrarse en un posible conflicto de intereses, que sería una retaliación y presión ante la negativa de la empresaria de acceder a sus peticiones económicas. Situación que se configuró en una desviación del poder.

Como consecuencia de su determinación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción. Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los 232 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al mandatario los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados; y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un violento ataque contra el sector empresarial sacudió a Cúcuta tras la incineración de cuatro camiones pertenecientes a una distribuidora de productos lácteos. El hecho se registró en un parqueadero ubicado sobre el Anillo Vial Oriental, en el tramo que conecta la entrada de Cenabastos con la redoma de la Cárcel Modelo, donde un grupo de hombres armados ingresó a las instalaciones de la empresa Ríos, sometió al vigilante y lo encerró para proceder a prenderle fuego a los vehículos de carga, los cuales terminaron en pérdida total.

Ante la gravedad de la situación, el Gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta asumió de inmediato el caso bajo la hipótesis principal de una posible extorsión o retaliación criminal por parte de grupos armados que operan en Norte de Santander. Actualmente, los investigadores avanzan en la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la verificación de amenazas previas, en medio de una creciente preocupación del gremio de transportadores y empresarios locales por el deterioro de las condiciones de seguridad en la región.

Un fuerte enfrentamiento armado se registró en las últimas horas en la zona rural del municipio de Canalete, Córdoba, protagonizado por tropas del Ejército Nacional e integrantes de grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con un reporte oficial emitido por la Séptima División del Ejército, las operaciones fueron desplegadas de manera conjunta por efectivos del Gaula Militar Sinú, adscritos a la Décima Primera Brigada, y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N° 7. La acción militar, según detalló la institución, forma parte de una estrategia ofensiva orientada a debilitar las capacidades logísticas y de afectación de la subestructura ‘Zuley Guerra Castro’, perteneciente al cartel del Clan del Golfo que opera en esta subregión del departamento.

Mientras la fuerza pública argumentó que las maniobras sobre el terreno continúan vigentes con el firme propósito de salvaguardar y garantizar la seguridad de la población civil cordobesa, la tranquilidad de los habitantes locales se vio fuertemente alterada. Fuentes comunitarias de la zona reportaron que, a raíz del intercambio de disparos, una persona resultó herida en medio de los hechos. El afectado recibió los primeros auxilios y fue recluido inicialmente en la Empresa Social del Estado (E.S.E.) hospital local de Canalete; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, los cuerpos médicos ordenaron su posterior traslado hacia un centro asistencial de mayor complejidad en la capital del departamento, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades avanzan en el control del orden público.

Un giro decisivo dio la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años de quien no se sabía nada desde el pasado 13 de mayo tras ingresar a un centro estético en el sur de Bogotá. El hallazgo de un cadáver con características coincidentes en la zona rural de Apulo, Cundinamarca, fue posible gracias a la confesión de dos hombres capturados, quienes entregaron a las autoridades las coordenadas exactas del paradero del cuerpo.

Los responsables de aportar el dato clave fueron dos ciudadanos venezolanos identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, detenidos por la SIJIN en Cúcuta, Norte de Santander. En medio de los interrogatorios, los implicados rompieron el silencio y revelaron el sitio preciso a un costado de la carretera carretable, lo que permitió el despliegue inmediato de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá hacia el departamento de Cundinamarca para realizar la inspección técnica.

De acuerdo con el expediente del caso, Hernández y Sequera habrían viajado desde Venezuela con la misión de recoger y ocultar un automóvil Chevrolet negro, de placas UCQ 340. En ese mismo vehículo, según las indagaciones, Yulixa Toloza fue sacada y trasladada tras presentar graves complicaciones de salud dentro del establecimiento Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia.

Las autoridades también confirmaron un vínculo directo entre los sospechosos y la clínica clandestina: uno de los hoy capturados es familiar de María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético señalado de operar de forma ilegal. Mientras la Fiscalía amarra el caso judicial contra los detenidos, el Instituto Nacional de Medicina Legal avanza en los análisis forenses para confirmar científicamente la identidad de la víctima, un proceso que se prevé concluya en las próximas horas.

Una nueva tragedia sacude la convulsa región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Las autoridades policiales confirmaron el asesinato de seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— que se movilizaban en una camioneta blindada perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El ataque con armas de largo alcance se perpetró en el corredor vial que comunica a los municipios de Ocaña y Ábrego, exactamente a la altura de la vereda Oropoma.

Entre las víctimas fatales de esta incursión armada se encuentra el reconocido líder social Freiman David Velásquez, miembro activo de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). Debido a los constantes riesgos asociados a su labor comunitaria y la defensa de los derechos de los habitantes de la región, Velásquez contaba con un esquema de seguridad oficial asignado por la UNP, el cual fue doblegado por los atacantes.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció de inmediato esta nueva masacre, que eleva las alarmantes métricas de violencia contra líderes comunitarios en el país. La zona donde ocurrieron los hechos enfrenta una histórica disputa territorial por el control de economías ilícitas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, estructuras que mantienen bajo constante zozobra a los municipios de la provincia. Las fuerzas policiales y de investigación judicial ya adelantaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron el rastreo en la zona para dar con los responsables del múltiple crimen.

Una intensa jornada de búsqueda terminó con el peor de los desenlaces. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, la mujer que había sido reportada como desaparecida en extrañas circunstancias tras someterse a un procedimiento quirúrgico en una clínica estética del sur de Bogotá.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue el encargado de confirmar la trágica noticia a través de sus canales oficiales. De acuerdo con el mandatario, el cadáver fue localizado por uniformados de la Policía del departamento en una zona boscosa ubicada a un costado de la carretera que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima.

Ante el hallazgo del cuerpo, el gobernador Rey expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima, y anunció la activación de un acompañamiento institucional prioritario para esclarecer las causas de su muerte y cómo llegó el cuerpo hasta ese corredor vial del departamento.

“Lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá. Le he pedido al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca (DECUN), que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”, manifestó el gobernador.

Unidades de criminalística se desplazaron hasta el sector boscoso para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias físicas en la zona. El expediente del caso será articulado con la Fiscalía General de la Nación para determinar la responsabilidad de la clínica estética bogotana donde se le vio por última vez y establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que se produjo su fallecimiento.

El municipio de Montelíbano, Córdoba, se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Samuel Ramos Conde, un joven que se encontraba internado en estado crítico en una clínica de la ciudad de Barranquilla. Ramos Conde no logró recuperarse de las graves secuelas que le dejó un aparatoso siniestro de tránsito sufrido días atrás.

A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por estabilizar sus signos vitales, el joven presentó complicaciones irreversibles que desencadenaron su deceso el pasado domingo 17 de mayo

 La tragedia golpeó con doble fuerza a su entorno familiar, ya que la muerte se produjo a escasas horas de que Samuel cumpliera un año más de vida, este 18 de mayo; una fecha que sus seres queridos esperaban celebrar y que ahora se transformó en su último adiós.

En Montelíbano, Samuel era ampliamente reconocido por su carisma, su afición a las actividades deportivas y su espíritu sociable. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad. Entre los testimonios más emotivos destaca el de su tío, Nefer Conde, quien lo recordó públicamente como un joven ejemplar, amigable y de un valor invaluable para su hogar, cuyo vacío ha dejado un dolor profundo en toda la comunidad cordobesa.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de una ola de homicidios ocurridos durante los dos últimos años en Bucaramanga (Santander) y su área metropolitana, pusieron en evidencia a una red sicarial al servicio del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’.

En una labor articulada con la Policía Nacional fueron identificados y capturados 18 de los posibles integrantes de la estructura criminal, quienes estarían implicados directamente en 26 asesinatos. Uno de los eventos delictivos que se les atribuye sucedió el 25 de octubre de 2025, en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca. Tres personas murieron y una resultó herida en medio de un ataque con armas de fuego. El señalado determinador de esta y otras acciones violentas sería Brayan Alejandro Javier Peña, presunto cabecilla de la red ilegal.

Los elementos materiales probatorios indican que los demás detenidos serían los responsables de ejecutar los homicidios, cumplir actividades logísticas, de apoyo y vigilancia, entre otros roles. Asimismo, permitieron conocer que los crímenes tendrían relación con una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas, y corresponderían a un método de amedrantamiento a la población civil de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta (Santander).

Una fiscal de la Seccional Santander presentó a las 18 personas capturadas ante un juez penal de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Lo que estaba programado como una jornada de alegría y reconocimiento para los educadores de la Institución Educativa Carolina Gamero, en el municipio de Arjona, Bolívar, se transformó en tragedia. El docente y cantante de música vallenata, Orlando Marrugo Zúñiga, falleció tras sufrir quebrantos de salud en pleno escenario mientras realizaba una presentación musical frente a sus alumnos y colegas.

El trágico momento ocurrió justo cuando Marrugo interpretaba el tema vallenato «Sin más palabras». De manera repentina, el educador comenzó a perder el conocimiento hasta desplomarse sobre la tarima. Asistentes al evento le brindaron de inmediato los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital Local de Arjona. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado asociado preliminarmente a un derrame cerebral, los médicos ordenaron su remisión inmediata a una clínica de mayor complejidad en Cartagena, donde infortunadamente se confirmó su deceso el pasado sábado.

Orlando Marrugo Zúñiga era ampliamente reconocido en la región por su doble faceta como profesional de las Ciencias Sociales y promotor cultural. Durante su trayectoria docente, prestó sus servicios en planteles privados como el Instituto Bolivariano y, recientemente, en la plaza oficial de la Institución Educativa Carolina Gamero, donde la comunidad lo recuerda por su estricta ética, idoneidad y liderazgo humano.

Nelson Velásquez, amigo cercano del fallecido y miembro del Colectivo Utopía —organización académico-cultural que Marrugo ayudó a fundar hace cinco años—, lamentó profundamente la pérdida y destacó su espíritu libertario y justo. Velásquez confirmó que el Tercer Encuentro Académico-Cultural de Arjona, programado para el próximo sábado 4 de julio en el Centro Cívico Julio Gil Bertrán Simanca, se realizará en estricto homenaje a la memoria y el legado del querido educador.