Categoría: Política Región

En una muestra de solidaridad y compromiso social, internos del centro penitenciario de El Bordo, al sur del Cauca, unieron esfuerzos para llevar a cabo la reconstrucción de una casa perteneciente a una familia vulnerable que sufrió severos daños tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

La jornada comunitaria fue impulsada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como parte de sus programas de restauración social. Esta estrategia persigue un doble propósito: brindar apoyo inmediato a los damnificados por emergencias naturales en la región y ofrecer herramientas prácticas de reinserción a la población carcelaria.

Durante las labores de construcción, los participantes no solo pusieron su mano de obra para devolverle un techo seguro a los afectados, sino que reafirmaron el valor de las segundas oportunidades a través del servicio a la comunidad.

Desde la institución resaltaron que este tipo de iniciativas permite que las personas privadas de la libertad adquieran nuevas habilidades laborales, al tiempo que transforman su tiempo de condena en aportes tangibles para el bienestar y la reconstrucción del tejido social en el departamento.

Un saldo de 11 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso siniestro de tránsito registrado la mañana del viernes 23 de octubre en la carretera que une a los departamentos de Sucre y Bolívar, específicamente en el tramo entre San Pedro y Magangué, a la altura de la estación de servicio Bomba Los Andes.

El hecho involucró a un camión cisterna y a una buseta de transporte público que cubría la ruta Magangué–Sincelejo con aproximadamente 25 ocupantes a bordo. Las hipótesis iniciales apuntan a que el conductor del vehículo de pasajeros realizaba una maniobra de adelantamiento cuando impactó de frente contra el pesado automotor.

Diversos organismos de socorro se desplazaron al lugar para brindar los primeros auxilios y evacuar a los afectados hacia centros de salud cercanos. De acuerdo con los informes médicos preliminares, dos de los heridos revestían mayor gravedad y debieron ser remitidos de urgencia a centros asistenciales de Sincelejo, mientras las autoridades mantienen bajo reserva la evolución de los demás convalecientes.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del choque, material gráfico que ya se encuentra en manos de los peritos viales para determinar responsabilidades. Esta nueva emergencia reabre la alerta entre los transportadores sobre los inminentes riesgos de adelantar en carreteras de doble sentido sin contar con la visibilidad y el espacio requeridos.

La Alcaldía de Cartagena reitera la prohibición estricta de las caravanas de motociclistas convocadas a través de redes sociales bajo la denominación de la ‘Rodada del Terror’ para el próximo 31 de octubre. El alcalde Dumek Turbay Paz confirma que no otorga permisos para la realización de estos desfiles masivos en la vía pública, argumentando que este tipo de concentraciones atentan contra la movilidad urbana, generan alteración del orden público y exponen a situaciones de riesgo a las familias locales.

Frente a la convocatoria que ofrece incentivos económicos por el uso de disfraces en las vías, la Administración Distrital y la Secretaría del Interior coordinan un despliegue operativo junto con la Policía Nacional para intervenir los puntos de reunión no autorizados. El gobierno local enfatiza que la prioridad durante las celebraciones de fin de mes radica en habilitar los parques y plazas públicas para la recreación segura de los niños, implementando controles de tránsito restrictivos en los principales corredores viales de la ciudad.

Con un contundente despliegue operativo en el penal de Montería, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) hizo efectivo el traslado de 41 personas privadas de la libertad hacia otros centros penitenciarios del país. Esta medida se posiciona como el núcleo de una intervención nacional orientada a desarticular las redes operativas de la delincuencia al interior de los penales.

El pronunciamiento oficial fue realizado por el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales, donde enfatizó que los centros de reclusión no pueden seguir funcionando como bases de operaciones para la delincuencia.

El operativo llevado a cabo en la capital de Córdoba forma parte de una jornada nacional que sumó en total 91 reubicaciones estratégicas. Además de los 41 reclusos movilizados desde Montería, la medida incluyó el traslado de 46 privados de la libertad en Sincelejo, dos en Cartagena y dos más en Barranquilla.

Como parte de las acciones paralelas para mantener el control y el orden en las infraestructuras carcelarias, las autoridades reportaron una importante incautación en la cárcel de Girón. En dicho establecimiento, personal del INPEC en coordinación con el GAULA de la Policía Nacional logró decomisar una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal, una batería y un cable de datos, frenando el uso no autorizado de elementos de comunicación y sustancias prohibidas.

El presidente reafirmó la postura de su administración frente a la disciplina en los centros penitenciarios del país, asegurando que las cárceles deben ser espacios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas. Asimismo, ratificó su compromiso de mantener una política firme en la lucha contra la criminalidad y la aplicación de la ley.

Un lamentable siniestro vial cobró la vida de un menor de nueve años en la tarde del pasado jueves en el barrio Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna Popular de la capital antioqueña. El hecho se desencadenó cuando el conductor de un furgón perdió el control del vehículo mientras transitaba por el sector y terminó arrollando al infante.

El trágico suceso se registró específicamente en la intersección de la carrera 29 con calle 110A. Tras la colisión, el conductor del furgón resultó ileso; sin embargo, las autoridades determinaron su traslado preventivo a una estación de Policía para garantizar su seguridad y facilitar las diligencias correspondientes.

El vehículo involucrado fue inmovilizado por los organismos de tránsito para someterlo a los peritajes técnicos necesarios que permitan esclarecer las causas exactas que originaron el fallo mecánico o humano en la vía. Por su parte, la Alcaldía de Medellín activó los protocolos de atención para brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a la familia del menor en medio del proceso investigativo.

La estabilidad en la prestación del servicio público de energía en la región Caribe colombiana se encuentra bajo un complejo panorama financiero. El Grupo EPM emitió una fuerte advertencia sobre la difícil situación que atraviesa su filial Afinia, alertando que la sostenibilidad operativa de la compañía está seriamente comprometida si no se adoptan medidas estructurales a corto plazo.

La filiación corporativa reveló datos críticos sobre sus finanzas, destacando un déficit mensual de caja que bordea los $400.000 millones. A esta brecha operativa se suma un abultado saldo de deudas pendientes por parte de entidades del sector oficial, las cuales acumulaban un valor cercano a los $420.000 millones con corte al mes de septiembre.

Presión por compra de energía y factores operativos

El escenario de iliquidez se agrava con el vencimiento de compromisos inmediatos con el mercado mayorista. Recientemente, el administrador del sistema (XM) notificó a la compañía el cobro de $131.000 millones correspondientes a las compras de energía efectuadas durante el mes de octubre.

Desde el Grupo EPM explicaron que la presión sobre la caja responde a una combinación de factores estructurales y de entorno que golpean diariamente el recaudo:

 Pérdidas no técnicas: Altos índices de conexiones fraudulenta e ilegales en la infraestructura.

 Cartera vencida: Serias dificultades para el recaudo efectivo de la facturación en diversos municipios de la zona de cobertura.

Las medidas actuales resultan insuficientes para sostener la operación a largo plazo», señalaron voceros del grupo empresarial, haciendo un llamado a las autoridades del orden nacional e institucional para concertar soluciones de fondo.

A pesar de la gravedad de la coyuntura, la organización aseguró que continúa haciendo ingentes esfuerzos de gestión para conseguir liquides, honrar sus compromisos financieros y prevenir interrupciones en el suministro eléctrico de la población costeña.

La tranquilidad de las comunidades rurales de Moniquirá se vio interrumpida en la madrugada de este viernes tras una falla geológica de gran magnitud que provocó una severa remoción en masa en el sector contiguo a las veredas Jordán y Pajales.

El fenómeno provocó la apertura de una grieta gigantesca que atraviesa gran parte del terreno, lo que obligó a las autoridades a activar de inmediato protocolos de evacuación preventiva para varias familias de la zona ante el riesgo inminente de colapso de sus viviendas.

Grietas en expansión y riesgo latente

El movimiento de tierra generó máxima preocupación entre los campesinos y residentes del sector, quienes advierten que la fractura en la superficie continúa ensanchándose. La principal inquietud de los organismos de socorro y la comunidad radica en que la inestabilidad del suelo termine por comprometer tramos viales y predios aledaños.

Hasta el momento, las autoridades locales y los cuerpos de socorro no reportan personas lesionadas. La cifra exacta de viviendas con daños estructurales e inmuebles en riesgo permanece en proceso de consolidación.

Equipos de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental y local se desplazan al punto de la emergencia para realizar una evaluación técnica del terreno, delimitar el perímetro de peligro y coordinar la atención integral de las familias desplazadas.

Las autoridades han emitido las siguientes directrices para los pobladores de las veredas afectadas:

 Mantener la distancia: Restringir de manera estricta el paso hacia la zona de la grieta.

 Atención a canales oficiales: Estar atentos a los comunicados que emitan la Alcaldía Municipal y los cuerpos de socorro.

 Evacuar sin demora: Acatar inmediatamente cualquier orden de desalojo preventivo en caso de que las grietas continúen avanzando.

Las autoridades del departamento de Casanare desplegaron un plan institucional de choque luego del grave incidente registrado durante la madrugada de este viernes en el peaje San Pedro, ubicado sobre la vía que conecta a los municipios de Villanueva y Yopal. Como parte de la respuesta inmediata, el gobernador César Ortiz Zorro anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes brinden información veraz que permita dar con los responsables del hecho.

El mandatario departamental enfatizó que la prioridad institucional es garantizar la seguridad e integridad de la comunidad, al tiempo que instó a los ciudadanos a colaborar con la Fuerza Pública bajo absoluta reserva. La bolsa de recompensa busca acelerar las labores investigativas que adelantan los organismos de inteligencia en la zona para esclarecer lo sucedido y judicializar a los implicados.

Entre tanto, la presencia policial y militar ha sido reforzada en el corredor vial para devolver la normalidad al flujo vehicular y garantizar la tranquilidad de los habitantes y viajeros de la región.

Un fuerte hecho de orden público sacudió la madrugada de este viernes al departamento de Casanare, luego de que un vehículo cargado con explosivos detonara hacia la 1:40 a. m. en la estación de peaje San Pedro, ubicada en jurisdicción del municipio de Villanueva. La acción terrorista, registrada sobre el estratégico corredor vial que conecta a Yopal con Villavicencio, dejó un saldo preliminar de cuatro personas heridas, según confirmaron las autoridades departamentales.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas en el lugar de los hechos, un sujeto habría abandonado el automotor a pocos metros de la infraestructura y, antes de huir, advirtió a los trabajadores del peaje sobre la inminente explosión, lo que permitió que la zona fuera evacuada parcialmente minutos antes del impacto.

Tras el ataque, la Alcaldía de Yopal emitió un enfático pronunciamiento en el que condenó categóricamente lo sucedido y se unió a las voces de apoyo hacia las víctimas y sus familias. La administración local reiteró que la seguridad y el derecho a la vida de los casanareños deben mantenerse por encima de cualquier acción criminal, enfatizando en que la violencia no puede volver a tomar fuerza en este territorio. Entre tanto, la Fuerza Pública acordonó el área y desplegó un operativo especial para asegurar el tramo vial y dar con el paradero de los responsables.

La gobernadora del departamento de Sucre, Lucy García, sostiene una reunión de trabajo con alcaldes de diversas subregiones para presentar el estado de avance de la estrategia de infraestructura social denominada Calles de Primera. La iniciativa contempla la intervención de más de 200 tramos urbanos, cifra traducida en la construcción de 15 kilómetros de malla vial mediante la inyección de más de 73 mil millones de pesos financiados a través del Sistema General de Regalías.

Durante la jornada con mandatarios de las zonas de Montes de María, la Sabana y el Golfo de Morrosquillo, la administración departamental ratifica la distribución de la inversión en municipios como Sampués, San Onofre, San Antonio de Palmito, Morroa, Sincé, Tolú y Toluviejo. Los alcaldes locales resaltan la articulación con la Gobernación de Sucre y confirman el inicio de las fases de cimentación e instalación de primeras piedras para transformar la movilidad y el entorno de las comunidades beneficiadas.