Categoría: Política Región

En el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, se llevó a cabo la instalación del comité de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, en un encuentro que reunió a líderes locales, representantes de distintos sectores políticos y ciudadanos comprometidos con el actual proceso electoral

Durante la jornada se abordaron temas clave para la organización y fortalecimiento de la campaña. Uno de los puntos de mayor relevancia fue la planificación logística, destacándose la necesidad de consolidar una estructura sólida que permita llevar el mensaje de la candidata a cada rincón del municipio, incluyendo corregimientos y zonas rurales.

En este importante encuentro participaron reconocidos líderes políticos del municipio, como los exalcaldes Óscar Louis, Eduardo Elías Zarur y Ana Luz Bedoya; el concejal del Partido Conservador Eder Perdomo; así como dirigentes de las casas políticas del exgobernador Orlando Benítez Mora, David Barguil y Nicolás Barguil, además de los grupos Bechara y Chagüi.

También hicieron presencia los militantes de los senadores Jhon Moíes (Jhony) Besaile y Marcos Daniel Pineda García, junto a dirigentes como Carlos Castaño, Andrés Burgos, Marcos Argumedo y Auri Ramos, quienes manifestaron su respaldo y disposición para trabajar en equipo por el fortalecimiento de esta propuesta política en la región.

Asimismo, se evidenció el compromiso de diversos sectores políticos, cuyos representantes expresaron públicamente su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia. Este respaldo se traduce en una articulación estratégica orientada a consolidar una propuesta política sólida y con amplio alcance territorial.

Entre los compromisos adquiridos, se definieron estrategias para aumentar la visibilidad de la candidata, incluyendo recorridos por corregimientos, encuentros comunitarios y actividades de acercamiento directo con los votantes.

Los asistentes coincidieron en la importancia de trabajar de manera organizada, constante y disciplinada para alcanzar los objetivos electorales trazados.

La instalación del comité marca así el inicio de una etapa activa de trabajo político en Ciénaga de Oro, con un equipo comprometido en impulsar la campaña, fortalecer la conexión con la comunidad y consolidar una base sólida de respaldo ciudadano.

El municipio de Ciénaga de Oro avanza unido, con determinación y compromiso, hacia la construcción de una #ColombiaMásGrande

Lo que comenzó como una investigación del diario The New York Times ha desatado un incendio institucional en Colombia. La Séptima División del Ejército Nacional tuvo que salir al paso de las denuncias del fotoperiodista Federico Ríos, quien documentó cómo una gigantesca operación de minería ilegal, vinculada al Clan del Golfo, opera a escasos metros e incluso dentro del perímetro del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, en Caucasia, Antioquia.

El «ping-pong» de responsabilidades

Ante la gravedad de las imágenes que muestran maquinaria pesada y decenas de mineros extrayendo oro junto a la base militar, el Ejército aclaró que el terreno afectado es la finca La Mandinga. Según la institución, este predio de 2.000 hectáreas no está bajo su administración directa, sino bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El Ejército sostiene que desde 2022 ha denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría la ocupación de aproximadamente 2.500 mineros informales en la zona. Sin embargo, el reportaje de Ríos sugiere una realidad más incómoda: la mina no solo colinda con el cantón militar, sino que se habría adentrado en el perímetro oficial sin que las tropas intervinieran, financiando directamente las arcas del grupo criminal más peligroso del país.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia señala que el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, inicialmente negó la existencia de la actividad minera. No obstante, tras la presión de la visita periodística, los uniformados habrían procedido a desalojar a los mineros bajo amenazas de usar sus armas, alegando que el terreno es «propiedad privada del Ministerio de Defensa».

La onda expansiva del escándalo llegó hasta el despacho del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien a través de sus redes sociales ordenó una investigación inmediata para establecer si hubo omisión o complicidad por parte de los miembros del sector defensa.

«No toleraremos ninguna relación entre miembros del sector defensa y economías criminales. La contundencia contra la minería ilegal debe ser total”, sentenció el jefe de la cartera.

Mientras el Gobierno promete «total contundencia», el deterioro ambiental en la región de Caucasia es calificado por expertos como severo e irreversible, dejando en evidencia que, en el Bajo Cauca, la línea entre la autoridad militar y el control criminal es, cuando menos, borrosa.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en Cali, el Gobierno nacional, a través de la Tercera Brigada del Ejército, adelanta acciones conjuntas con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Distrital, enfocadas en la prevención del delito y la protección de la población civil.

Las operaciones incluyen patrullajes mixtos, instalación de puestos de control, verificación de antecedentes y toma institucional de establecimientos de entretenimiento nocturno, especialmente en sectores de alta afluencia y zonas de mayor dinámica nocturna. Estas acciones buscan ejercer control territorial, disuadir conductas delictivas y fortalecer la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

En desarrollo de estas actividades, las autoridades mantienen un trabajo articulado orientado a la identificación de personas requeridas por la justicia, así como a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos abiertos al público. Este esfuerzo interinstitucional permite una respuesta más eficaz frente a amenazas que afectan la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

“El despliegue de nuestras tropas en articulación con la Policía y las autoridades locales obedece a una estrategia integral de seguridad, que prioriza la prevención y el control institucional en los puntos más sensibles de la ciudad”, señala la información oficial de la Tercera Brigada, al destacar el compromiso de la Fuerza Pública con la población caleña.

De manera complementaria, estas acciones en el área urbana se fortalecerán con operaciones militares a profundidad en sectores rurales de Cali y en los municipios de Jamundí y Palmira, con el propósito de neutralizar el accionar de grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente del país y afectan la seguridad regional.

El Ejército reiteró que “la presencia permanente y coordinada del Estado es clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y avanzar en el control del territorio”.

El dolor se traslada ahora a las salas de Medicina Legal en Popayán. Tras la devastadora explosión ocurrida en el sector de El Túnel, las autoridades forenses han logrado identificar a 15 de las 20 personas que perdieron la vida en el atentado que estremeció el corredor vial entre la capital del Cauca y Cali.

El reporte oficial detalla una cifra desgarradora: entre las víctimas identificadas hasta el momento se encuentran 13 mujeres y 2 hombres, cuyas identidades comienzan a publicarse mientras sus familias, sumidas en la consternación, adelantan los trámites fúnebres.

Desde la tarde del domingo, varias familias han empezado a recibir los restos de sus seres queridos. Las escenas a las afueras de la morgue en Popayán reflejan el impacto de una guerra que volvió a ensañarse con la población civil. Muchos de los allegados han clamado por justicia, mientras preparan los traslados hacia sus municipios de origen para las honras fúnebres.

Los peritos forenses trabajan a contrarreloj para establecer la identidad de las cinco víctimas restantes. Debido a la magnitud de la explosión del vehículo de servicio público, el proceso ha requerido de pruebas técnicas especializadas para garantizar la plena identificación antes de la entrega de los cuerpos.

Este ataque, que ya es considerado uno de los más cruentos de la reciente escalada terrorista en el suroccidente del país, ha generado una ola de solidaridad nacional y cadenas de oración por el descanso eterno de quienes simplemente transitaban por la principal arteria vial de la región.

La imprudencia y la falta de humanidad en las vías han dejado un vacío irreparable en una familia del corregimiento Los Corrales, en Purísima, Córdoba. Un trágico siniestro de tránsito ocurrido en la vía que conduce de Zaragoza a Segovia (Antioquia), cobró la vida de la reconocida comerciante Yohadys Arciria Cuadrado, mientras que su esposo lucha por sobrevivir en un centro asistencial.

El siniestro se registró a la altura de la vereda La Cumbia, donde la pareja fue embestida violentamente por un vehículo de carga. Según los reportes de las autoridades y testigos en la zona, el conductor implicado, lejos de brindar auxilio, se dio a la fuga, dejando a las víctimas tendidas sobre el pavimento.

Yohadys y su esposo, Medardo Antonio Quiroz, eran figuras muy apreciadas en el Bajo Cauca antioqueño, donde lideraban un popular emprendimiento de balneario y cachamera. Su carisma y empuje los habían convertido en referentes de la comunidad, razón por la cual la noticia ha desatado una ola de consternación tanto en Zaragoza como en su natal Córdoba.

Mientras el cuerpo de Yohadys es preparado para las honras fúnebres, Medardo Antonio permanece bajo pronóstico reservado. Su estado de salud es crítico y los médicos hacen lo posible por estabilizarlo tras las múltiples lesiones sufridas en el impacto.

La comunidad y los familiares de las víctimas han hecho un llamado urgente a las autoridades de tránsito y a la Fiscalía para que, a través de cámaras de seguridad y testimonios de otros conductores, se logre identificar al responsable del «camión fantasma». «No puede ser que alguien cause una tragedia de esta magnitud y simplemente desaparezca», manifestaron allegados a la familia en Purísima.

Lo que debía ser el cierre de una exitosa jornada laboral para Glebys del Carmen Acosta Monroy terminó en una fatalidad que hoy enluta al gremio gastronómico de la capital de Bolívar. La cocinera, de 57 años, falleció en la madrugada del 23 de abril, tras no resistir las graves secuelas de un accidente ocurrido en un complejo hotelero de la zona insular.

El siniestro se produjo el pasado domingo 19 de abril, mientras Acosta manipulaba un samovar durante un evento. Según las primeras hipótesis de las autoridades, una reacción inesperada del etanol (alcohol utilizado como combustible para mantener el calor de los alimentos) provocó una deflagración que alcanzó el cuerpo de la mujer en cuestión de segundos.

Glebys fue evacuada de urgencia hacia una clínica en el norte de Cartagena. El reporte médico inicial era desgarrador: quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo, con afectaciones críticas en rostro, brazos y extremidades inferiores.

Aunque su familia mantuvo la esperanza durante los primeros días debido a una aparente estabilidad inicial, las complicaciones sistémicas derivadas de la gravedad de las quemaduras provocaron su deceso tras cuatro días de cuidados intensivos.

Carlos Acosta, hermano de la víctima, describió a Glebys como una mujer cuya vida giraba en torno a la cocina y el servicio.

«Ella era chef y de eso vivía. Era una mujer echada para adelante, alegre y responsable. Justo ese domingo terminaba el contrato del evento cuando ocurrió la tragedia», relató con profundo dolor.

La Policía Metropolitana de Cartagena** y organismos de seguridad laboral han iniciado una investigación exhaustiva para determinar si el accidente se debió a una falla en el equipo, a una manipulación inadecuada del combustible o a la falta de protocolos de seguridad en el establecimiento.

El alcalde de Cereté sostuvo una reunión con la gerencia de la empresa Aqualia, con el propósito de abordar las constantes fallas que se vienen presentando en el servicio de agua potable en el municipio.

Este encuentro respondió a las múltiples quejas de la comunidad, que se ha visto afectada por la intermitencia y deficiencia en la prestación del servicio. Durante la reunión, el mandatario exigió compromisos claros y soluciones concretas que permitan mejorar la calidad, continuidad y eficiencia del suministro de agua.

“El acceso al agua no puede seguir siendo una incertidumbre para nuestra gente. Estamos exigiendo respuestas claras y soluciones inmediatas por parte de la empresa. La comunidad de Cereté merece un servicio digno y continuo”, expresó el alcalde.

La violencia no da tregua en el suroccidente del país. En la tarde de este sábado, un nuevo y devastador atentado terrorista sacudió la Vía Panamericana, esta vez en el sector de El Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca . El ataque, perpetrado presuntamente con una pipeta cargada de explosivos, impactó de frente contra un bus de servicio público y otros vehículos particulares, dejando un saldo parcial de siete personas fallecidas y al menos 20 heridas.

La explosión, de una magnitud pocas veces vista en este corredor vial, desató el caos entre los viajeros que se desplazaban entre Popayán y Cali. El impacto fue tan violento que varios de los heridos fueron reportados en estado crítico, lo que obligó a una evacuación masiva hacia los hospitales de la capital caucana.

Este hecho en Cajibío se suma a una cadena de ataques que ya alcanza la cifra de once atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en menos de un día. La escalada terrorista ha incluido hostigamientos a estaciones de policía, explosivos en vías principales y ataques directos a la población civil, lo que configura una de las jornadas más violentas de los últimos años en la región.

Aunque las investigaciones técnicas están en curso, la inteligencia militar apunta a las disidencias de las Farc que operan en el centro del Cauca como las principales responsables de esta ofensiva. El corredor vial permanece bajo cierre total, mientras unidades de la Fuerza Pública intentan asegurar la zona ante el temor de la presencia de otros artefactos explosivos sembrados en la berma.

El Gobierno Nacional, que ya se encontraba evaluando la situación en un consejo de seguridad en el Valle, enfrenta ahora la presión de una ciudadanía que exige medidas contundentes ante el asedio constante a la Vía Panamericana, arteria vital para el comercio y la movilidad del país.

Un aparatoso siniestro de tránsito, ocurrido la tarde de este sábado, por poco se convierte en tragedia en el departamento de Casanare. Un vehículo particular, en el que se transportaban un adulto y dos bebés, se salió de la vía y rodó por un precipicio de gran profundidad en el tramo que comunica a Yopal con Paz de Ariporo.

El siniestro se habría originado, según las primeras indagaciones técnicas, tras el estallido de uno de los neumáticos del automotor. El desperfecto mecánico dejó al conductor sin capacidad de maniobra, provocando que el vehículo abandonara la calzada y se precipitara al vacío.

Testigos del siniestro y otros conductores que transitaban por la zona descendieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes. Pese a que el vehículo sufrió daños estructurales severos, el sistema de seguridad y la rápida reacción de los socorristas permitieron extraer con vida al adulto y a los dos menores de edad.

Los tres sobrevivientes fueron valorados inicialmente en el sitio y, de acuerdo con el reporte médico preliminar, se encuentran en condición estable. «Es increíble ver el estado en que quedó el carro y que los bebés estén fuera de peligro», relataron transeúntes que colaboraron en las labores de auxilio.

Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a los viajeros para realizar revisiones técnico-mecánicas exhaustivas antes de salir a carretera, especialmente en corredores con geografías complejas como los del oriente colombiano.

Si en la construcción de la vía Ciénaga de Oro-Chimá-Tuchín, llueve; en la realización de los trabajos de la carretera Santa Lucía (Montería)-Moñitos, no escampa.

Y es que mientras que, en la primera obra, que empezaron en 2018, tiene fallas por mala planeación y ejecución, según la Contraloría General de la República; en la segunda no concluyen la construcción tras cinco años de estar trabajando.

De los 54 kilómetros proyectados, en la carretera Santa Lucía-Moñitos, han pavimentado 39, o sea que hacen falta 15 kilómetros entre Las Flores (Lorica) y El Bajo del Limón Moñitos.

Pero, además, existen cinco kilómetros de pavimento asfaltico, al llegar a Moñitos, que están en pésimas condiciones y por lo tanto, deben ser rehabilitados. Ese trayecto fue el primero en ser construido, en la citada vía.

Como si lo anterior fuera poco, también existen varios tramos de concreto rígido cuyas lozas se han rajado. Ese concreto se ha dañado, más que todo, entre la población de La Ñeca (Montería) y Buenos Aires (San Pelayo). Según conceptos de ingenieros especialistas se debe fallas geológicas detectadas en el terreno.

En algunas de esas partes el consorcio constructor de la obra viene levantando el concreto rígido y reemplazándolo por pavimento asfaltico. En un comienzo estaba proyectado que la obra fuera con ese material, pero debido al incremento de los precios del petróleo, tuvieron que cambar a concreto rígido.

El veedor de la obra Enrique Navarro Díaz, dijo que en los trabajos han sido invertidos 169 mil millones de pesos. Mientras que para terminar la pavimentación se necesitan 100 mil millones más, lo que incluye un puente sobre el río Broqueles.

Lo anterior quiere decir que los 54 kilómetros de la mencionada carretera estarían saliendo por 269 mil millones de pesos. A pesar de que la obra lleva cinco años, es probable que en el 2026 no finalicen los trabajos, sino en el 2027.

La vía Santa Lucía-Moñitos beneficiará a municipios como, San Pelayo, Lorica y Moñitos. Es una vía rápida que, máximo en una hora 15 minutos u hora y media, se hace el recorrido.

Toda esa zona es agrícola y ganadera, además de que fomentaría mucho el turismo en las playas de Moñitos, consideradas como unas playas vírgenes en el departamento de Córdoba.

Las tierras de esas localidades son excelentes productoras de plátano, ñame, yuca, nísperos y limones entre otros productos, los cuales son sacados a los mercados de Montería, Lorica, Cerete, incluso son llevados a Cartagena y Barranquilla.