Categoría: Política Región

La tranquilidad de la noche en el municipio de Uribia se transformó en tragedia tras el fallecimiento de dos jovencitas en un siniestro vial que ha conmocionado a toda la península. Danielis Iguarán Bouriyu, de 12 años, y Gabriela López, de 15, perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que se movilizaban sufriera un fatal percance en las inmediaciones de la Escuela de Policía del sector.

El reporte oficial señala que el siniestro ocurrió bajo circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito. Al parecer, una maniobra inesperada en una zona crítica de la vía habría provocado que las menores perdieran el control del vehículo. Aunque vecinos y transeúntes reaccionaron con rapidez para auxiliarlas y trasladarlas a un centro médico asistencial, la gravedad de las heridas superó los esfuerzos de los especialistas, confirmándose el deceso de ambas poco tiempo después de su ingreso.

Este doloroso hecho pone nuevamente en el centro del debate público la peligrosa práctica del uso de motocicletas por parte de menores de edad sin supervisión ni autorización. Mientras la comunidad de Uribia rinde homenaje a la memoria de Danielis y Gabriela, las autoridades locales hacen un llamado urgente a los padres de familia y cuidadores sobre la responsabilidad compartida de prevenir estas fatalidades. Hoy, la pérdida de estas dos promesas jóvenes no solo deja un vacío en sus familias, sino que se convierte en un doloroso recordatorio sobre la fragilidad de la vida en las vías de La Guajira.

La comunidad del colegio Luis Hernández Vargas, en la capital de Casanare, se encuentra en estado de shock tras la repentina muerte de una de sus alumnas de primaria. La menor de 10 años participaba en su jornada académica habitual cuando, ante la mirada de sus compañeros y docentes, sufrió un desmayo fulminante que apagó su vida en cuestión de minutos.

A pesar de que las directivas de la institución reaccionaron de inmediato activando las rutas de emergencia para su traslado a un centro médico, los esfuerzos fueron insuficientes. Al ingresar al servicio de urgencias, los médicos de turno confirmaron que la pequeña ya no presentaba signos vitales, dejando un vacío irreparable en su hogar y en el entorno escolar.

Hasta el momento, el deceso se maneja como una «muerte por establecer», ya que no se tenía conocimiento público de quebrantos de salud previos en la menor. Será el Instituto de Medicina Legal el encargado de determinar las causas exactas de este lamentable suceso a través de la necropsia. Mientras tanto, el colegio ha suspendido actividades para brindar acompañamiento psicosocial a los estudiantes y familiares afectados por esta dolorosa noticia.

Lo que debía ser el cierre de un trámite inmobiliario se transformó en una de las escenas más dolorosas registradas recientemente en el centro de Medellín. Jaime Alberto Ramírez Álvarez, de 68 años, y su esposa María Eugenia Álvarez, de 65, pusieron fin a su existencia tras entregar las llaves del apartamento que fue su hogar por décadas. La pareja, acorralada por una crisis financiera que los obligó a vender su patrimonio para saldar deudas insostenibles, decidió lanzarse desde el piso 22 de un edificio en el barrio Boston, minutos después de formalizar la entrega de su propiedad.

Jaime Alberto no era un desconocido para la ciudad; durante 44 años fue el rostro del deporte en la Universidad Nacional, sede Medellín, donde como instructor motivó a miles de estudiantes a encontrar en la actividad física un equilibrio de vida. Sin embargo, tras bambalinas, el matrimonio libraba una batalla silenciosa contra presiones económicas que terminaron por resquebrajar su proyecto de vida. Según los informes del CTI, tras entregar las llaves del octavo piso a los nuevos dueños, la pareja subió a la parte alta de la edificación. Primero cayó Jaime y, mientras la vigilancia intentaba asimilar el suceso, ocurrió el deceso de María Eugenia.

La Universidad Nacional lamentó profundamente la partida de Ramírez, recordándolo como un pilar en la formación humana de generaciones enteras. Este trágico desenlace ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a los colapsos financieros y la carga emocional que representa perder la estabilidad habitacional en la etapa de jubilación. Hoy, la comunidad académica y los vecinos del conjunto residencial Andalucía lloran a una pareja que, ante la pérdida de sus sueños materiales, decidió no separarse ni en el último aliento.

La Policía Metropolitana de Bogotá está de luto tras el trágico fallecimiento del patrullero Leyder Israel Gómez Torres, de 25 años. El joven uniformado perdió la vida la mañana de este miércoles mientras se desplazaba en su motocicleta hacia su puesto de trabajo. El siniestro ocurrió en la intersección de la Avenida Boyacá con calle 7C, a la altura del barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, un sector de alto flujo vehicular en el occidente de la capital.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de tránsito y testigos en la zona, el siniestro se habría desencadenado por una mancha de aceite sobre el pavimento. Al parecer, la motocicleta de Gómez Torres resbaló al contacto con la sustancia, provocando que el uniformado cayera sobre la calzada justo en el momento en que transitaba un vehículo de carga pesada. Pese a la rápida reacción de los servicios de emergencia, el impacto fue fatal y el joven falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Leyder Israel era recordado por sus compañeros como un policía entregado y con una prometedora carrera por delante. Su muerte pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el mantenimiento de las vías y el peligro que representan los fluidos derramados para los motociclistas en Bogotá. A esta hora, unidades de criminalística adelantan el peritaje correspondiente para esclarecer las responsabilidades del siniestro, mientras familiares y amigos rinden homenaje a la memoria de un servidor público que perdió la vida portando su uniforme.

Un amargo episodio vivieron dos turistas extranjeros en las playas de Bocagrande, Cartagena, tras ser víctimas del hurto de su teléfono celular de alta gama. La pareja, que disfrutaba de un día de sol, decidió contratar un servicio de moto acuática y, en un gesto de confianza, pidió a presuntos trabajadores de la zona que vigilaran sus pertenencias dentro de una carpa. Sin embargo, al regresar de un corto recorrido de apenas cinco minutos, descubrieron que su dispositivo, un iPhone 17 Pro Max, había desaparecido.

El incidente pone de relieve una modalidad de hurto basada en el descuido y la suplantación de confianza en los corredores turísticos. A pesar de que la carpa estaba rodeada de personas, nadie dio razón del paradero del equipo tecnológico, dejando a los visitantes sin posibilidad de rastro inmediato. Este caso se suma a la lista de reportes de «oportunismo» que afectan la imagen de la ciudad y la tranquilidad de quienes llegan a disfrutar del mar.

Ante lo sucedido, las autoridades locales y la Policía de Turismo han reforzado el llamado a los bañistas para que no entreguen la custodia de sus objetos de valor a desconocidos, sin importar qué tan amables parezcan. La recomendación es clara: utilizar los servicios de casilleros autorizados o turnarse con sus acompañantes para el cuidado de bolsos y teléfonos, recordando la premisa que hoy resuena en Cartagena: «en la playa, la seguridad empieza por no dar papaya».

La sede «Puerta Roja» de la Universidad de Sucre en Sincelejo se convirtió en el epicentro de una convulsa jornada de protestas que mantiene en vilo a la comunidad académica. La indignación estalló tras la revelación del informe periodístico «El cartel de los puntos», el cual expone una presunta red de irregularidades donde algunos docentes habrían alcanzado asignaciones salariales astronómicas de hasta 93 millones de pesos mensuales. Este sistema, basado en la producción académica y publicaciones científicas, estaría siendo presuntamente manipulado para inflar las remuneraciones con recursos públicos, lo que llevó a los estudiantes a tomarse las instalaciones exigiendo una auditoría externa inmediata y total transparencia administrativa.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes irrumpieron en una reunión de docentes, generando un ambiente de confrontación que dejó a varios profesores reportando agresiones verbales y situaciones de retención. Entre escenas de nerviosismo, una docente debió recibir atención médica tras sufrir una crisis emocional, mientras que los pasillos de la institución se llenaban de pancartas que cuestionaban la ética detrás de los salarios millonarios en contraste con las necesidades de infraestructura de la universidad. Los estudiantes aseguran que no se trata de una agresión contra la labor docente, sino de un reclamo legítimo contra lo que consideran un «saqueo» al presupuesto universitario bajo una fachada de productividad académica.

Por su parte, la Asociación de Docentes de Planta ha calificado la situación como una campaña de estigmatización basada en datos descontextualizados. En un comunicado oficial, el cuerpo profesoral rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de sus méritos académicos, advirtiendo que la filtración de esta información pone en riesgo su seguridad personal. Mientras el campus permanece bajo el control de los colectivos estudiantiles, el debate nacional se centra ahora en la necesidad de reformar el sistema de puntos salariales en las universidades públicas de Colombia para evitar brechas que parecen irreales frente a la economía del país.

La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la alcaldía de Medellín y de la Policía Nacional de Colombia adscritos a Valle de Aburrá, por la presunta agresión a un ciudadano en el parque Bolívar.

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La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá verifica la denuncia en redes sociales en las que se indica que, presuntamente, los servidores de la administración le habrían propinado una paliza con palos a un ciudadano; y que, además, los uniformados en el lugar de los hechos no hicieron nada frente a los posibles hechos de vulneración a la integridad física de la persona implicada.

Debido a lo anterior, el Ministerio Público busca determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores que resulten comprometidos y se ordenaron la práctica de las pruebas pertinentes por los hechos que son materia de averiguación.

El perfil de Josué Cubillos García, el joven de 24 años responsable del ataque a miembros de la producción de Sin Senos sí hay paraíso ocurrido en un rodaje

en el barrio Los Laches en Bogotá revela el retrato de una tragedia anunciada por un sistema de salud y seguridad que no logró contenerlo.

Registros clínicos y testimonios de sus familiares confirman que Cubillos padecía de un trastorno psicótico asociado al consumo crónico de sustancias, cuadro que con el tiempo derivó en diagnósticos de trastorno bipolar y episodios severos de desorganización del pensamiento.

Aunque contaba con medicación diaria prescrita para controlar sus impulsos y la ansiedad, el tratamiento no se cumplía con la constancia necesaria, lo que lo mantenía en un estado de vulnerabilidad mental permanente y conductas erráticas.

Las señales de alerta fueron múltiples y constantes antes del desenlace fatal. En abril de 2025 ya enfrentaba denuncias por intimidación y, a principios de 2026, fue citado ante una Inspección de Policía por comportamientos agresivos en la vía pública; sin embargo, en esa ocasión no se impusieron sanciones ni se activaron rutas de atención psiquiátrica obligatoria.

Días antes de la masacre, Cubillos había amenazado de muerte a un vecino bajo el delirio de estar siendo víctima de «brujería» y protagonizó un altercado en el Instituto Roosevelt, donde intentó acceder por la fuerza a su historia clínica, siendo expulsado por el personal de seguridad del lugar.

Este historial de psicosis no tratada y roces con la autoridad fue el preludio de lo ocurrido el pasado sábado 18 de abril. Según la hipótesis de la Policía Metropolitana de Bogotá, Cubillos García habría confundido al equipo de producción de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ con los guardias de seguridad del instituto médico con los que había tenido el conflicto previo.

Bajo este delirio persecutorio, el joven irrumpió en el set de grabación armado con un cuchillo y, en un ataque relámpago, asesinó al conductor Henry Alberto Benavides Cárdenas y al asistente Nicolás Francisco Perdomo Corrales, dejando además un tercer herido en estado crítico.

El episodio terminó cuando miembros del equipo de logística intervinieron para frenar la agresión, resultando en un forcejeo donde el propio atacante perdió la vida.

Mientras el alcalde Carlos Fernando Galán ha calificado el suceso como un hecho aislado vinculado a la salud mental, el gremio audiovisual y los residentes de Los Laches señalan que la muerte de los dos trabajadores es el resultado de una cadena de negligencias. La realidad de un paciente psiquiátrico sin control estatal terminó irrumpiendo violentamente en una jornada de rodaje, dejando una cicatriz imborrable en el corazón de la industria televisiva del país.

En una habitación de Piedecuesta, Santander, reposaba un secreto de papel amarillento que tardó un cuarto de siglo en revelarse. Mientras el mundo cambiaba de milenio, Gratiniano Moreno Amaya vivía una paradoja: estaba presente para sus vecinos, pero legalmente «perdido» para su propia sangre.

Para los habitantes de su sector, Gratiniano era un rostro familiar. Un jardinero de trato amable, de esos que saludan con la parsimonia de quien no tiene deudas con el tiempo. Trabajador, honesto y solitario, habitaba su cotidianidad sin estridencias, como si su vida hubiera comenzado el mismo día que llegó al municipio. Nadie sospechaba que, tras esa fachada de vecino ejemplar, se escondía una búsqueda suspendida en el tiempo.

La alerta saltó el pasado 18 de abril. La ausencia de su saludo habitual inquietó a la cuadra. El hallazgo de su cuerpo sin vida, descubierto por una mujer que acudió a su vivienda, marcó el fin de su historia física, pero el inicio de un asombroso descubrimiento forense y social.

Al inspeccionar sus pertenencias para avisar a algún pariente, los vecinos no encontraron agendas modernas ni teléfonos inteligentes con contactos de emergencia. Encontraron, en cambio, un recorte del diario Q’hubo del año 2000.

En el papel, un Gratiniano más joven devolvía la mirada bajo un titular que informaba su propia desaparición.

Aquel recorte no era solo un objeto; era el eslabón perdido. Gratiniano había guardado durante 25 años la prueba de que alguien, alguna vez, lo buscó. El hombre que todos conocían en Piedecuesta era, en realidad, un fantasma que caminaba entre los vivos, conservando la noticia de su propio extravío como el único puente hacia su identidad original.

La era digital hizo lo que el papel no pudo en dos décadas. La difusión de la imagen del recorte en redes sociales rompió el cerco del anonimato, permitiendo que una prima lo reconociera. Ella ahora encabeza los trámites legales que Gratiniano nunca realizó en vida.

Las autoridades aún investigan las causas del deceso, pero la verdadera incógnita permanece en el aire: ¿Por qué un hombre que sabe que lo buscan decide conservar el cartel de su desaparición y, aun así, permanecer oculto a plena vista? Gratiniano Moreno Amaya dejó de ser un desaparecido para convertirse en una leyenda local; el hombre que murió solo, pero que dejó una pista precisa para que, al final, su familia pudiera llevarlo de regreso a casa.

Un nuevo y sofisticado ataque con tecnología remota ha enlutado a las Fuerzas Militares en el suroeste del país. El Ejército Nacional confirmó que tres soldados profesionales perdieron la vida y dos más resultaron heridos tras ser atacados con drones cargados con explosivos durante intensos combates en la zona rural de Ipiales.

El trágico incidente ocurrió mientras tropas del Grupo de Caballería Mediano n°3 sostenían enfrentamientos contra la estructura Comandos de Frontera, perteneciente a la autodenominada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (disidencias de las FARC).

La institución identificó a las víctimas mortales de este ataque como los soldados profesionales:

* Andrés Esteban Álvarez Sierra

* Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez

* Brayan Steven Galindo Amado

Los dos uniformados que sobrevivieron al impacto de los artefactos recibieron los primeros auxilios en el campo de batalla y posteriormente fueron evacuados hacia un centro asistencial en la ciudad de Pasto, donde se recuperan bajo pronóstico reservado.

La Brigada 23 del Ejército rechazó categóricamente el uso de estas aeronaves no tripuladas para lanzar explosivos, denunciando que este método de guerra no solo es una clara violación a los derechos humanos, sino que pone en riesgo inminente a la población civil que habita en las veredas aledañas.

«Se interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades nacionales e internacionales por el uso de estos métodos ilícitos de guerra que contravienen el Derecho Internacional Humanitario (DIH)», señaló el comunicado oficial de la institución.

Este ataque evidencia la creciente capacidad tecnológica de los grupos armados ilegales en la frontera con Ecuador, quienes utilizan dispositivos comerciales adaptados para atacar a las tropas desde el aire, dificultando las maniobras de defensa en el terreno. Las operaciones militares en la zona se han intensificado para dar con el paradero de los responsables de este atentado.