Categoría: Política Región

La vida de Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años, se convirtió en el centro de una trama que mezcla la violencia extrema con el uso malintencionado de la tecnología. Tras sobrevivir a un atentado sicarial el pasado 22 de marzo en Uribia, La Guajira, cuando cursaba su octavo mes de embarazo, la joven profesional se encuentra a las puertas de recibir el alta médica. Su recuperación, calificada por muchos como un milagro, se produce tras enfrentar dos complejas intervenciones quirúrgicas destinadas a salvar sus pulmones, afectados por impactos de bala que también alcanzaron su cabeza y espalda

Mientras Catherine lucha por su salud, en una unidad de cuidados neonatales, su hija Salomé también da muestras de una asombrosa resistencia. La pequeña, que debió nacer mediante una cesárea de emergencia la misma noche del ataque, permanece en una incubadora con una evolución favorable. Sin embargo, la alegría por la vida que prevalece se ve empañada por el temor persistente de su familia. Elio Meriño Palacio, esposo de Catherine, ha roto el silencio para expresar el miedo constante en el que vive su entorno, asegurando que no existen conflictos conocidos que expliquen por qué su esposa fue blanco de semejante sevicia.

La investigación judicial, liderada por el Departamento de Policía de La Guajira bajo el mando del coronel Salomón Bello, avanza sobre líneas que sugieren una planificación meticulosa detrás del atentado. Una de las hipótesis más fuertes apunta a la participación de una mujer como autora intelectual del crimen. Pero el caso toma un matiz aún más oscuro al analizarse los eventos previos al ataque: las autoridades no descartan que un video íntimo fabricado mediante inteligencia artificial, que circuló en redes sociales para desprestigiar a la psicóloga, fuera el primer paso de una campaña de odio destinada a justificar o preceder la agresión física.

Este caso no solo pone de relieve la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia sicarial en la región, sino que enciende las alarmas sobre el «ciberacoso criminal», donde herramientas tecnológicas de última generación son utilizadas para destruir reputaciones antes de proceder a ataques contra la integridad física. Mientras la justicia intenta atar los cabos sueltos y dar con los responsables, Catherine y su hija Salomé se preparan para un regreso a casa marcado por la esperanza del reencuentro, pero también por la exigencia de garantías de seguridad que les permitan vivir sin el miedo de que la sombra del pasado regrese a buscarlas.

Tras intensas jornadas de negociación en Caucasia, el Gobierno Nacional y los voceros de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba han suscrito un acta de compromisos que marcaron el levantamiento oficial de la protesta pacífica en la región. El documento, firmado el 27 de marzo de 2026 bajo la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, establece una hoja de ruta clara para la formalización de la pequeña minería, la revisión de títulos inactivos y la creación de mecanismos de inclusión financiera para el gremio.

Entre los puntos más relevantes destaca el reconocimiento explícito por parte del Estado de que los integrantes de esta movilización son mineros tradicionales amparados por la ley y no pertenecen a grupos armados ilegales, una validación fundamental para la seguridad y legitimidad de las comunidades mineras.

​El acuerdo contempla compromisos técnicos de gran envergadura, como la intervención de la Agencia Nacional de Minería para agilizar el acceso real a áreas de explotación y la recuperación de títulos que no cumplen una función social o ecológica.

Asimismo, se ha pactado la creación de una mesa técnica interinstitucional con la participación del Banco Agrario y la Superintendencia Financiera para el próximo 13 de abril en Bogotá, con el fin de resolver las barreras históricas que impiden a los mineros acceder al sistema bancario.

Por otro lado, entidades ambientales como Corantioquia y el Ministerio de Ambiente trabajarán en la actualización de la información del denominado Polígono 8, buscando compatibilizar la actividad minera con la protección de los recursos naturales en municipios como Cáceres, Tarazá y Zaragoza.

En un gesto de voluntad hacia la legalidad, los mineros se han comprometido a iniciar un proceso de concertación para el desmantelamiento voluntario de dragas y «dragones» en un plazo de 15 días, bajo un esquema de parqueo vigilado por la fuerza pública en puntos estratégicos.

Aquellos que decidan formalizarse podrán establecer contratos de operación con titulares mineros existentes, mientras que el equipo mecanizado que no sea reportado o que se encuentre fuera de las zonas acordadas será destruido por las autoridades. Este pacto no solo busca la reactivación económica del territorio, sino que refuerza el compromiso estatal de combatir la extracción ilícita a gran escala mientras protege y formaliza la tradición de la pequeña minería en el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño.

Una mañana de luto vive el departamento de Cundinamarca tras un aparatoso siniestro de tránsito registrado este miércoles 1 de abril en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté. El siniestro, ocurrido a la altura del peaje Casablanca, deja hasta el momento un saldo de dos personas fallecidas y 19 heridos, quienes están siendo atendidos en los hospitales de Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana.

Según el reporte oficial entregado por el gobernador Jorge Emilio Rey, la emergencia se habría originado cuando un vehículo tipo turbina que transportaba leche presentó fallas mecánicas, llegando al peaje aparentemente sin frenos. En su recorrido fuera de control, el pesado automotor colisionó violentamente contra seis vehículos particulares y una motocicleta, generando un choque en cadena que mantiene la vía totalmente cerrada.

«Esta es una situación que nos enluta. Estamos en permanente coordinación con los organismos de emergencia que ya hacen presencia en la zona», manifestó el mandatario departamental, quien envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas fatales.

Debido a que los vehículos implicados permanecen sobre la calzada mientras se adelantan las labores de criminalística y rescate, las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros tomar vías alternas y permanecer atentos a los canales oficiales para conocer la hora de reapertura de este importante corredor vial.

En una operación de alta precisión y tras varios días de angustiante búsqueda, tropas del Ejército Nacional lograron el rescate de seis hermanos cinco menores de edad y una joven que permanecían ocultos en zona rural de Peñas Coloradas, Caquetá. Los hermanos habían quedado a la deriva en la espesura de la selva mientras intentaban protegerse de la violencia que azota la región.

El operativo de rescate permitió el traslado seguro de los jóvenes desde Cartagena del Chairá hasta la capital, Florencia, donde recibieron atención médica inmediata. La operación tuvo un componente humanitario adicional: la evacuación de los padres de los menores, quienes habían logrado huir previamente de un secuestro perpetrado por la estructura residual bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Tras meses de zozobra, el reencuentro familiar se dio bajo estrictas medidas de seguridad y acompañamiento institucional.

Las autoridades militares señalaron directamente a alias ‘Urías Perdomo’ y alias ‘La Morocha’ como los presuntos responsables del desplazamiento forzado de esta familia y del asedio que obligó a los menores a esconderse. Por información que permita la captura de estos cabecillas, el Gobierno Nacional ratificó recompensas de hasta $400 millones y $200 millones, respectivamente, enfatizando que no darán tregua a quienes atenten contra la integridad de la infancia en el sur del país.

Una tarde que transcurría en total normalidad en el sur de la capital del Magdalena terminó en tragedia para la familia Carreño Durán. En un hecho que ha causado profunda conmoción entre los habitantes del barrio Manzanares, una mujer identificada como Consuelo Carreño Durán perdió la vida tras sufrir un accidente por atragantamiento mientras se encontraba en su lugar de residencia.

Según los relatos de testigos y familiares, la emergencia se desató cuando Consuelo, quien departía en su hogar, sufrió la obstrucción de sus vías respiratorias con un trozo de bollo de yuca. A pesar de que la víctima reaccionó pidiendo auxilio y fue trasladada de forma inmediata a un centro asistencial cercano, la falta de oxígeno durante el traslado y la gravedad de la obstrucción impidieron que los médicos pudieran reanimarla, confirmándose su deceso minutos después de su ingreso.

Este lamentable episodio ha encendido las alarmas sobre la importancia de conocer maniobras de primeros auxilios en el hogar, mientras que vecinos y allegados de la mujer lamentan la partida de una persona apreciada en su comunidad. Las autoridades locales hicieron presencia para las labores de rigor, en medio de un ambiente de profundo dolor y solidaridad hacia sus seres queridos.

Mientras Catherine Torres lucha por recuperarse en una clínica de Maicao, su familia vive bajo la sombra del miedo. Su esposo, en medio de la angustia por lo sucedido, rompió el silencio para manifestar que no encuentran una explicación lógica al ataque sicarial que sufrió la joven en la terraza de su hogar. Según su testimonio, no existían amenazas previas ni motivos claros que justificaran que un hombre en motocicleta abriera fuego contra una mujer embarazada.

El impacto emocional para la familia ha sido devastador. A la alegría por el nacimiento de la pequeña Salomé que llegó al mundo mediante una cesárea de emergencia en medio de la tragedia se contrapone el temor constante por la seguridad de todos sus miembros. «Tenemos miedo», confesó el compañero sentimental de Catherine, haciendo un llamado a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad y se brinden las garantías de protección necesarias.

Aunque Catherine ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y su evolución es favorable, la incertidumbre sobre el móvil del crimen persiste. Las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del atentado son ahora la principal esperanza de la familia para que la justicia identifique a los responsables y devuelva la tranquilidad a un hogar que hoy se debate entre el milagro de la vida y el terror de la violencia.

Esta unidad militar desplegará 420 soldados en las carreteras de los municipios que hacen parte de su área de responsabilidad, buscando velar por la seguridad de los viajeros.

Soldados de las diferentes unidades de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional pusieron en marcha la campaña Viaje Seguro, con el propósito de fortalecer la seguridad en las vías de los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión del Bajo Cauca antioqueño durante la Semana Santa.

Son más de 400 hombres y mujeres quienes trabajarán de forma permanente para prevenir situaciones que alteren el orden y proteger a propios y visitantes.

Para lograr este objetivo, las tropas dispondrán de todas sus capacidades diferenciales y mediante puestos de control y patrullajes en puntos estratégicos acompañarán a los ciudadanos que se movilicen por las carreteras de estos departamentos.

Entretanto, los hombres del Gaula Militar Sinú y el Gaula Militar Bajo Cauca continuarán desarrollando actividades orientadas a la prevención de los delitos de extorsión y secuestro, y de esta manera evitar que se presenten acciones delictivas contra la población civil.

La Décima Primera Brigada del Ejército Nacional invita a los colombianos a recorrer con tranquilidad estas regiones del país, donde los soldados darán lo mejor de sí para mantener la libre movilidad y generar un ambiente de seguridad. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y mantener los límites de velocidad.

Una nueva y peligrosa escalada en el conflicto armado sacudió la tranquilidad del municipio de Arenal, al sur de Bolívar, tras una incursión con tecnología no tripulada contra la fuerza pública. Grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en la zona lanzaron varios artefactos explosivos desde drones dirigidos a la estación de la Policía Nacional, generando pánico entre la población civil.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hostigamiento no dejó uniformados heridos, pero uno de los explosivos impactó una vivienda cercana , causando graves daños materiales en su estructura. Ante el ataque aéreo, los policías reaccionaron de manera inmediata utilizando sus armas de dotación para intentar derribar los dispositivos y repeler la agresión, mientras la comunidad buscaba refugio en sus hogares.

La situación en el casco urbano permanece bajo una tensa calma. Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes para mantenerse resguardados mientras unidades del Ejército Nacional se desplazan al municipio para reforzar el pie de fuerza. Se espera que en las próximas horas se adelante un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar el alcance de esta modalidad de ataque y garantizar el restablecimiento del orden público en esta subregión del departamento.

Luego de una larga jornada de diálogo, concertación y búsqueda de soluciones, el Gobierno logró acuerdos con los promotores del paro minero en el Bajo Cauca, en donde se decidió que se levantan las jornadas de protesta.

Cristian Hincapié, líder mesa minera Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, aseguró que, entre los acuerdos, “tenemos bloques para la explotación minera en zonas de potencial minero, tenemos un distrito minero el cual vamos a trabajar para consolidarlo de la mejor manera” y se buscará el mejoramiento de las condiciones de los mineros de esta región del país.

La jornada contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, autoridades ambientales y la Gobernación de Córdoba.

Al final de los acuerdos, Gabriel Rondón, viceministro de Diálogo Social del ministerio del Interior aseguró que “hoy acabamos de darle una lección, nuevamente, el país: la concertación y el diálogo son la única forma para salir de los problemas y las diferencias; la protesta social en sí no es negativa, las personas que protestan no son delincuentes. Se presentaron algunos hechos que desbordan la protesta social, pero no son las personas que están aquí”.

Rondón comentó que “hemos llegado a un sano acuerdo donde se protegen también el ecosistema, los cuerpos de agua, pero también el derecho de las y los trabajadores mineras”.

“Hay que reconocer que los diálogos no son siempre fáciles, pero cuando uno está y tiene como objetivo un bien superior, esto es generar un mejor ambiente en todo el departamento y el país: lo logramos”, anotó.

Conminó a que “el diálogo y la concertación deben seguir siendo la ruta para la construcción de un mejor país, la fuerza y la violencia generan terror y muerte y llevamos muchos años en este ciclo”.

“Podemos decirle al país que volvemos a la tranquilidad”, concluyó.

Lo que debería ser un proceso de duelo con certezas se ha transformado en un calvario de sombras para los allegados del soldado Kaleht David Julio Severiche. A través de una valiente denuncia pública, la familia del uniformado aseguró que, tras el trágico siniestro aéreo, el cuerpo del joven no aparece, contradiciendo las versiones iniciales que habrían recibido de las autoridades.

La incertidumbre escaló cuando la familia, tras realizar gestiones por cuenta propia, confirmó que los restos de Kaleht no se encuentran en Medicina Legal en Bogotá ni en el Hospital Militar. Esta contradicción ha llevado a los parientes a señalar que han sido víctimas de información errónea y presunta ocultación de la verdad por parte de los mandos encargados.

Ante la falta de claridad, la familia Julio Severiche elevó un desesperado llamado al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa y a la cúpula de las Fuerzas Militares. Exigen que se detenga la cadena de confusiones y que la Fiscalía General de la Nación intervenga de inmediato para esclarecer el paradero real del soldado.

«Queremos saber dónde está mi hijo», es el grito que hoy resuena en las redes sociales, donde la ciudadanía ha comenzado a visibilizar el caso bajo la premisa de que ningún héroe de la patria puede quedar en el olvido, y mucho menos su familia sin el derecho a la verdad.