Categoría: Política Región

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a cuatro particulares que ejercieron como jurados de votación en la zona 11, puesto 3 mesa 11 del distrito de Barranquilla, durante las Elecciones de Senado y Cámara de Representantes del pasado ocho de marzo de 2026, por presuntas irregularidades en la entrega de resultados.

La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico revisará la actuación de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas, quienes habrían incurrido en inconsistencias durante el proceso de conteo de los votos.

La Entidad señaló que, al parecer, al revisar los formularios electorales correspondientes a la elección de Senado se observó que en el formulario E-11 estaban habilitados para votar 183 ciudadanos; sin embargo, al verificar el E-14 se evidenció el registro de 290 sufragantes, generándose una diferencia de 107 votos, los cuales debieron ser incinerados.

Con respecto a la Cámara de Representantes, el Ente de control indicó que se encontró que en el formulario E-11 figuraban el mismo número de ciudadanos habilitados para sufragar, y que en el formulario E-14 aparecieron consignados 395 sufragantes, generándose una diferencia de 212 votos que, al igual que en el caso anterior, debieron ser incinerados.

Por los hechos mencionados, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal.

Los jueces del circuito que integran la Comisión Escrutadora del Distrito Electoral de Tumaco emitieron un contundente rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la transparencia del proceso tras los comicios legislativos del pasado 8 de marzo.

La controversia estalló luego de que el mandatario publicara un mensaje señalando a una funcionaria: “Una señora escrutadora marcando formularios electorales días después de la elección de la ciudadanía”. Ante esto, los jueces calificaron la afirmación como un “aleve atentado contra la honra y dignidad” de la trabajadora y lamentaron que, desde la máxima instancia del poder ejecutivo, se pretenda poner en duda la rectitud y honestidad de su labor.

Aclaración técnica sobre los E-14

En un comunicado oficial, la Comisión explicó que los procedimientos observados corresponden estrictamente a lo estipulado por la ley. Detallaron que, tras detectar inconsistencias en el diligenciamiento de algunos formularios E-14 por parte de los jurados de votación, la legislación electoral vigente faculta y obliga a realizar el reconteo de votos para garantizar la fidelidad de los resultados.

Los magistrados y jueces recordaron que los escrutinios son escenarios públicos y reglamentados, donde la corrección de errores de los jurados es una función esencial para proteger la voluntad popular. Finalmente, hicieron un llamado al respeto por la institucionalidad y la integridad de quienes, en cumplimiento de su deber, custodian la transparencia del sistema democrático en el Pacífico nariñense.

En una operación conjunta de alta precisión, las Fuerzas Militares desarticularon una importante estructura armada del frente de guerra oriental del Eln en el departamento de Arauca.

Esta acción fue liderada por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército, en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, en la vereda La Conquista, en zona rural del municipio de Arauca.

Como resultado de los combates, se confirmó la captura de siete presuntos integrantes de este grupo armado ilegal y la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de sus miembros. Entre los detenidos destaca alias ‘Zeta’, señalado como uno de los principales dinamizadores de la extorsión en el departamento.

Las investigaciones indican que alias ‘Zeta’ utilizaba las redes sociales como herramienta para el reclutamiento forzado de menores de edad, práctica sistemática que el Gobierno nacional combate con determinación para proteger a la juventud colombiana.

En un hito fundamental para la protección de los Derechos Humanos, la Fuerza Pública logró la recuperación de ocho menores de edad que se encontraban bajo el poder de esta estructura criminal.

Entre los menores rescatados, cinco son de nacionalidad venezolana, lo que evidencia la transnacionalidad de los delitos cometidos por el Eln en la frontera. Tras el rescate, las tropas priorizaron su integridad y los trasladaron a centros asistenciales para verificar su estado de salud, garantizando un trato digno y humano.

Posteriormente, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Allí se dio inicio al proceso de restablecimiento de sus derechos y se les brinda el acompañamiento psicosocial necesario para su recuperación tras el trauma del reclutamiento.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso de sacar a los niños, niñas y adolescentes de las manos de la guerra, asegurando que sus proyectos de vida no sean truncados por la violencia de los grupos armados.

Durante el registro del área, las autoridades incautaron un arsenal significativo, que incluye 12 armas de largo alcance, tres armas cortas, una mira de alta precisión y seis granadas de mano.

Además, se hallaron más de 2 mil municiones de diversos calibres y abundante material de comunicaciones e intendencia.

Este decomiso representa una afectación estructural a la logística de guerra del Eln, reduciendo drásticamente su capacidad de ataque contra la población civil y las instituciones del Estado.

El Ejército anticipó que las operaciones militares continúan activas en el sector para consolidar la seguridad y estabilidad de las comunidades araucanas y reafirmó la voluntad del Estado de perseguir sin descanso a las estructuras criminales que persisten en el uso de la violencia.

Un grave hecho de violencia sacudió este martes el sur del departamento del Cauca. A la altura del municipio de Patía, grupos armados aún no identificados activaron un artefacto explosivo al paso de un vehículo blindado perteneciente al Ejército Nacional.

El reporte preliminar de las autoridades indica que cuatro uniformados resultaron heridos tras la detonación. Los militares fueron evacuados de la zona bajo estrictos protocolos de seguridad y trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada.

La onda explosiva no solo impactó la unidad militar, sino que también causó daños considerables en varios vehículos particulares que transitaban por este corredor estratégico en el momento del ataque. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales entre los civiles que se desplazaban por la zona.

Debido a la gravedad del incidente y ante el riesgo de la presencia de otros artefactos en el sector, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la Vía Panamericana. Unidades de antiexplosivos y refuerzos de seguridad realizan inspecciones minuciosas en el área para garantizar la seguridad de los viajeros antes de rehabilitar el paso.

Este atentado se suma a la compleja situación de orden público que atraviesa el Cauca, donde la presencia de estructuras criminales mantiene en alerta máxima a las Fuerzas Militares.

Una sombra de tristeza cubre a dos de las familias más influyentes del Caribe colombiano. En las últimas horas se confirmó el inesperado fallecimiento de la joven Daniela Zuleta Gnecco, hija de Fabián Zuleta y Katerine Gnecco, tras sufrir un accidente doméstico relacionado con una broncoaspiración mientras descansaba.

Daniela no solo era reconocida por su carisma y juventud, sino por llevar en sus venas la herencia de la legendaria Dinastía Zuleta. Era nieta del humorista y locutor Fabio Zuleta y sobrina del reconocido acordeonero y verseador Iván Zuleta. Por línea materna, también formaba parte del influyente clan Gnecco, lo que ha generado que las expresiones de condolencias se extiendan por todo el departamento del Cesar y los círculos culturales del país.

El trágico suceso ocurrió la noche del lunes 9 de marzo. Según informaron allegados a la familia, tras presentarse la emergencia médica, la joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Valledupar, pero lamentablemente los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

La noticia ha provocado una profunda consternación en el gremio vallenato. Colegas de la industria y figuras públicas han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo para Fabián e Iván Zuleta, lamentando la partida prematura de una mujer que representaba la unión de dos apellidos históricos en la región.

Lo que debía ser una jornada de conmemoración y respeto se transformó en una noche de horror y luto para el departamento de Sucre. Salomé Martínez Arrieta, una niña de apenas 6 años de edad, fue hallada sin vida en la zona rural de Toluviejo, pocas horas después de que su familia reportara su desaparición en el corregimiento de Varsovia.

La emergencia se activó la tarde del domingo 8 de marzo, cuando los allegados de la menor perdieron su rastro. De inmediato, una movilización civil compuesta por vecinos y familiares, apoyada por cuadrantes de la Policía Nacional, inició un barrido por las zonas aledañas. La búsqueda terminó de la peor manera cerca del sector conocido como La Vija, donde el cuerpo de la pequeña fue localizado.

Aunque Salomé fue trasladada de urgencia a la E.S.E. municipal, los médicos de turno confirmaron que ingresó sin signos vitales. Según las primeras versiones de las autoridades que atendieron el caso, el cuerpo presentaría signos de violencia, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible crimen atroz contra la infancia.

Será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el encargado de realizar la necropsia para determinar con exactitud las causas del deceso y confirmar si hubo rastros de agresión física o abuso.

El hecho ha generado una ola de indignación en todo el municipio y el departamento. Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la comunidad de Varsovia han hecho un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que se agilicen las investigaciones y se dé con el paradero de los responsables de este suceso que apaga la vida de una niña en una fecha simbólica para la protección de la mujer.

Las autoridades departamentales han pedido prudencia mientras avanzan las pesquisas, pero aseguran que no descansarán hasta esclarecer este hecho que hoy tiene a Toluviejo sumido en el silencio y el dolor.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó importantes avances en la recuperación de la conectividad terrestre en la región del Urabá, tras la falla estructural del puente sobre el río Mulatos registrada el pasado 3 de febrero. En un trabajo articulado con el Ministerio de Transporte, la Gobernación y las direcciones territoriales, la entidad puso en marcha la fase crítica para normalizar el tránsito a 17 kilómetros del casco urbano de Necoclí.

De acuerdo con el reporte oficial, ya se iniciaron los trabajos de cimentación necesarios para el montaje de un puente metálico provisional. Esta estructura de emergencia es la solución técnica elegida para restablecer el paso vehicular de manera segura mientras se adelantan los estudios para una solución definitiva.

La urgencia de las obras radica en el valor estratégico de este corredor vial. Esta ruta es el eje principal para el transporte de productos agrícolas y el abastecimiento de bienes de primera necesidad para las comunidades de la zona. La interrupción del paso había generado traumatismos en la comercialización de cosechas, por lo que la instalación del puente provisional busca mitigar el impacto económico en los productores locales.

Con el despliegue de maquinaria y personal especializado, el Gobierno Nacional busca agilizar los tiempos de entrega de la estructura metálica, garantizando que el flujo de carga y pasajeros recupere su normalidad en el menor tiempo posible.

En un operativo que sacude el panorama político del departamento de Amazonas, las autoridades confirmaron la captura en flagrancia de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático. El aspirante fue interceptado en las inmediaciones del aeropuerto de Leticia portando una millonaria suma de dinero cuya procedencia y destino están bajo investigación.

Los hechos se registraron en la víspera de la jornada electoral, cuando una patrulla del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes abordó un vehículo Kia Picanto en el que se movilizaba el político. Según el reporte oficial, al notar la presencia policial, Moreno Bandeira habría intentado deshacerse de una bolsa arrojándola hacia una zona boscosa.

Tras recuperar el paquete, los uniformados hallaron aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con el informe de las autoridades, la situación se agravó cuando el candidato, tras admitir que el dinero era de su propiedad, presuntamente ofreció una parte del botín a los policías para evitar el procedimiento legal.

Este intento de cohecho motivó su captura inmediata. El General William Rincón, Director de la Policía Nacional, confirmó el procedimiento: “El ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones correspondientes por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer”.

Aunque el candidato fue dejado en libertad horas después, permanece vinculado formalmente al proceso judicial. La principal hipótesis que manejan los entes de control es que el dinero sería utilizado para la **compra de votos** en la capital amazónica, aprovechando la recta final de los comicios.

Este caso se suma a la lista de incidentes que han marcado una de las jornadas electorales más vigiladas en las regiones fronterizas del país. El Centro Democrático aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación jurídica de su candidato en Amazonas.