La justicia en Montería dio un golpe de autoridad frente a las barreras administrativas de las EPS. El Juzgado Cuarto Penal Municipal ordenó el arresto inmediato de la gerente regional de Mutual Ser, tras declarar el desacato de una tutela que buscaba salvar la vida de Olga Inés Tordecilla García, una paciente diagnosticada con cáncer de mama a quien se le negó la entrega de un medicamento vital.
El calvario de la mujer comenzó el pasado 26 de marzo de 2026, cuando un juez ordenó a la entidad suministrar el fármaco Eltrombopag de 50 mg en un plazo de 48 horas. Sin embargo, la EPS no solo ignoró el fallo, sino que sometió a la paciente a un laberinto burocrático: tras decirle que el medicamento estaba listo, le informaron que la orden había sido «anulada por error», obligándola a reiniciar el trámite mientras su salud se deterioraba.
Ante la falta de respuestas y el silencio de la gerencia frente a los requerimientos judiciales, el despacho calificó el actuar de la entidad como negligencia pura. Además de los cinco días de arresto que la funcionaria deberá cumplir en la cárcel Las Mercedes, la EPS fue sancionada con una multa de diez salarios mínimos. Este fallo sienta un precedente en Córdoba sobre la responsabilidad penal de los directivos cuando la burocracia pone en jaque el derecho fundamental a la vida.
