Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar un presunto entramado de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño, mediante el cual funcionarios y contratistas se habrían apropiado de recursos públicos a través de procesos contractuales simulados, entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
Por estos hechos, fueron judicializados el exdirector de la entidad, Diego Raúl Blanco Pérez, y los contratistas Juan Pablo Apraes Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo.
Las evidencias indican que en la caja habrían sido direccionados ocho contratos por más de 9.804 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).
Sobre dicho monto se desembolsaron anticipos por más de 2.942 millones de pesos, equivalentes al 30% del valor contratado.
Adicionalmente, se conoció que, al parecer, fueron diseñadas invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados, así como fraccionados los contratos mediante cuantías inferiores para eludir la pluralidad de oferentes, a cambio de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos. También quedaron en evidencia estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos, ajustados a empresas preseleccionadas que carecerían de idoneidad operativa real.
Blanco Pérez, como ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras, permitiendo el favorecimiento de oferentes específicos. Estosconocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos.
Un fiscal de la Seccional Nariño imputó a los procesados, conforme a su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Blanco Pérez y Osorio Villota aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, todos los investigados deberán cumplir medida de aseguramientoprivativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Con este nuevo resultado ya son nueve las personas imputadas por su presunta participación en este entramado de corrupción.
