Por lo menos 50 mil hectáreas de terrenos baldíos, que se encuentran en poder de particulares en diferentes municipios del departamento de Córdoba, serán recuperadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Los predios han venido siendo ocupados, en forma ilegal desde hace varios años, por parte de propietarios de fincas que, a cada momento, en temporadas de sequías, van rodando las cercas, y ampliando las propiedades.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Córdoba, Gustavo González, dijo que los predios baldíos, que están en procesos de revisión, se hallan en gran parte del departamento de Córdoba.
Precisó que esas tierras deben estar en manos de pequeños campesinos, pescadores artesanales y otras personas que residen en esas zonas baldías de esta sección del país y que necesitan la tierra para cultivarla.
Tales situaciones se registran más que todo en terrenos de humedales y ciénagas de esta parte del territorio nacional. Existen casos muy concretos en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, la de Ayapel y Betancí para solo mencionar esas tres.
El funcionario reiteró que cuando llega el verano aumenta la cantidad de tierra y disminuye el agua, más que todo en los humedales, por eso, vecinos al lugar van extendiendo las cercas, y cada vez el predio se vuelve más grande.
Por ese motivo, la ANT realiza en estos momentos la revisión de cada uno de esos terrenos, para constatar si en realidad pertenecen a los supuestos dueños. Pero de no ser así, serán recuperados para entregársela al campesinado para que le den uso sostenible.
Sobre el particular ya existen precedentes en el departamento de Córdoba. A finales de agosto la Agencia Nacional de Tierras, recuperó 950 hectáreas de tierra correspondientes a la finca El Ratón y El Viento, en el municipio de Tierralta, como resultado de un proceso agrario que le devolvió la posesión y ocupación al Estado colombiano.
En esa oportunidad el director nacional de la entidad, Felipe Harman, expresó que “los predios baldíos son para los campesinos sin tierra y lo que estamos haciendo con este operativo es justicia social en el marco de este proceso de Reforma Agraria en el país”.
Esa diligencia de aprehensión material contó con el acompañamiento y vigilancia de la Policía Nacional, la Personería Municipal y líderes de la comunidad quienes hicieron veeduría ciudadana de este proceso.
La tierra fue asignada de manera provisional para la explotación socioeconómica del campesinado de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta, Córdoba.
El Ratón y El Viento es una finca con un antecedente judicial importante relacionado con la sentencia de unificación de baldíos; en su momento la familia Cabrales Lacharme, con representación política en Córdoba y recordados por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, intentaron tomarse la tierra mediante la prescripción adquisitiva de dominio, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia ordenó su recuperación y la Agencia Nacional de Tierras hizo efectiva la sentencia.
