Juan Carlos López Daza, un expatrullero, fue hallado culpable de concusión y condenado a ocho años de cárcel por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar. El caso está vinculado con la demanda de $300,000 que el uniformado de entonces habría hecho a cambio de no confiscar una motocicleta.
El delito de concusión, que ocurre cuando un funcionario público exige o persuade a otra persona para que entregue dinero o algún beneficio abusando de su cargo, es la conducta que se está investigando. La condena es otro caso en el que la justicia castiga a los funcionarios que han actuado de manera irregular, siendo responsables de ejercer control y autoridad en las carreteras de la capital del Cesar.
