El Congreso de la República de Colombia dio un paso decisivo en el proceso de selección del próximo contralor general con la definición de los diez finalistas que competirán por el cargo. La comisión accidental encargada de evaluar las hojas de vida de los aspirantes consolidó el listado definitivo tras ponderar los resultados de las pruebas de conocimiento, las entrevistas y las audiencias públicas donde se expusieron propuestas y trayectorias profesionales. En cumplimiento de criterios de equidad, el grupo seleccionado quedó integrado por cinco hombres y cinco mujeres, quienes obtuvieron las calificaciones más altas de todo el proceso.
La lista de elegibles quedó encabezada por Luis Enrique Abadía García, quien logró un puntaje de 86,74, seguido de cerca por Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá, con 84,61, y Jorge Eliécer Laverde Vargas, quien se consolidó con 82,89 puntos. Laverde Vargas se destaca de manera particular en este grupo por ser el único aspirante proveniente de forma directa de la Rama Legislativa, donde se desempeña como secretario de la Comisión Sexta del Senado.
El resto del escalafón de finalistas lo completan Ana Elena Monsalvo Herrera con un puntaje de 81,96; el exvicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, con 81,33; Julián Mauricio Ruiz Rodríguez con 77,37; Diana Carolina Torres García con 75,73; Amanda Madrid Panesso con 74,18; Karol González Mora con 69,25; y Rosalba Jazmín Cabrales Romero, quien cierra el grupo con una calificación de 65,81. Dentro del perfil general de los preseleccionados sobresale una fuerte presencia de figuras con amplia experiencia en organismos de control y una cercana vinculación previa con la propia Contraloría General.
Con este panorama, la recta final del concurso público de méritos se trasladará a la plenaria del Congreso de la República. El próximo 12 de agosto, senadores y representantes por igual tendrán la responsabilidad de votar y elegir de entre estos diez nombres al funcionario que asumirá las riendas del máximo órgano de control fiscal del país, encargado de vigilar el uso correcto de los recursos públicos de la nación.
