El presidente Gustavo Petro arremetió contra el Legislativo tras conocerse la histórica decisión de la Corte Constitucional de avalar la Jurisdicción Agraria. El mandatario calificó de «destello» la actuación del alto tribunal, asegurando que los magistrados lograron lo que un «congreso vetusto y con congresistas extorsionistas» se negó a tramitar.
Para el jefe de Estado, este fallo representa una victoria de los derechos de la población rural frente a la «codicia de los poderosos», comparando la actual decisión con las épocas doradas de la Corte en la protección de los más vulnerables.
Una realidad para 2027
Más allá de la controversia política, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, explicó el alcance técnico de esta medida que el país ha esperado por más de una década. Según el funcionario, el respaldo de la Corte a la demanda presentada por el Gobierno Nacional permitirá que, a partir del año 2027, los conflictos por la propiedad y el uso del suelo sean resueltos por jueces especializados.
La creación de esta jurisdicción busca atacar de raíz la mora judicial que ha mantenido miles de procesos por tierras en un limbo legal. Con jueces dedicados exclusivamente a la materia agraria, se espera:
Agilidad procesal: Destrabar expedientes que llevan años sin resolución en despachos civiles.
Especialidad: Decisiones judiciales basadas en la realidad del campo y no solo en la formalidad urbana.
Paz territorial: Resolver disputas históricas que han sido motor de violencia en las regiones.
Con este espaldarazo judicial, el Gobierno de Petro logra consolidar uno de los pilares del Acuerdo de Paz y de su política de Reforma Agraria, superando por vía constitucional los obstáculos que el proyecto había encontrado en el Capitolio.
