El Consejo Superior de la Judicatura de Córdoba, negó el cierre de oficinas de la Rama Judicial que se han inundado en la actual emergencia y, a la vez, ha inducido a los trabajadores para que pidan licencia no remunerada, lo cual ha sido considerado como una falta de solidaridad por parte de la entidad.
En ese contexto, la presidenta de Asonal Judicial Seccional Córdoba, Giuliana Vélez Fernández, dijo que en estos momentos hay 127 afectados en su mayoría de las oficinas judiciales de los municipios de Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, Valencia, La Apartada y Ayapel.
En algunas de esas sedes, donde se hallan los Juzgados Promiscuos Municipales, les ingresó agua y otras resultaron agrietadas por las in inundaciones debido a las fuertes lluvias de los primeros días de febrero, propiciadas por el cambio climático.
Por eso, Asonal Judicial Nacional, se dirigió al Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, “para manifestar la profunda preocupación y el sentimiento de desamparo que hoy embarga a los servidores judiciales del departamento de Córdoba”.
Precisa la comunicación que la emergencia de lluvias que afecta al departamento ha golpeado con especial dureza a la comunidad judicial, al menos 127 servidores de la mencionada entidad y varios sin determinar de la Fiscalía General de la Nación y el CTI.
Más adelante señala que han resultado afectados muchos de los funcionarios, lo mismo que la familia, con las viviendas inundadas y pérdidas totales. están alojados en albergues temporales o en casas de familiares, con niños pequeños y personas vulnerables en condiciones inciertas.
Los hogares permanecen bajo el agua, y aun en el momento que las aguas retrocedan, no podrán retornar inmediatamente porque será inevitable las enfermedades, infecciones, mosquitos y virus asociados a las aguas estancadas que, sin duda, derivarán en una emergencia sanitaria de mayores proporciones.
