La Contraloría General de la República ha lanzado una alerta sobre la escasez de fondos que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la implementación de sanciones en los casos de falsos positivos y secuestros.
Según la entidad, el Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado $20.000 millones de los $500.000 millones que se necesitan para este fin.
A esta situación se suma la lenta monetización de los bienes entregados por la extinta guerrilla de las FARC. De un billón de pesos en activos, solo se han logrado convertir en efectivo $45.000 millones. Esta falta de recursos está obstaculizando de manera significativa la reparación a las víctimas del conflicto.
