La Contraloría de Medellín detecta un presunto detrimento patrimonial cercano a los 739.562 millones de pesos en relación con la adquisición de la filial Afinia por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El organismo de control señala que la administración de la época decidió continuar con el proceso de compra de CaribeMar a pesar de que los indicadores operativas de recaudo no alcanzaban las metas mínimas establecidas, lo que facultaba a la entidad para desistir del contrato sin penalizaciones financieras.
El expediente pasa a la instancia encargada de definir las responsabilidades fiscales, mientras las actuales autoridades locales critican fuertemente la operación y exigen sanciones contra los directivos y funcionarios responsables de la decisión tomada en 2020. Las indagaciones buscan esclarecer el impacto económico que la transacción representa para las finanzas de la compañía pública y su estabilidad a largo plazo.
