Los organismos de control y la Fiscalía asumieron la investigación por las presuntas irregularidades encontradas en 220 contratos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Los hallazgos se produjeron luego de realizar dos auditorías al interior de la entidad.
“Los resultados que tenemos de esas dos auditorías revelan que durante los últimos 10 años la manera en que se ha contratado primera infancia ha terminado favoreciendo a grupos y conglomerados, incluso de familias o de clanes en los que se han pasado el contrato unos a otros con diferentes figuras”, comentó al respecto la directora del ICBF, Astrid Cáceres.
La funcionaria sostuvo que se descubrieron 220 contratos en manos de 59 operadores en la zona norte de país.
Ante los hallazgos se inició un cambio en el modelo de contratación en la entidad.
El ICBF ha sido claro en que la contratación con el Instituto es una responsabilidad y no un negocio, y que los niños y niñas son vidas y no cupos en los recursos del Estado.
