En el año 2019, por primera vez en la historia de Colombia, se facultó a los ciudadanos a constituir Veedurías ciudadanas electorales, como un mecanismo de participación en los procesos democráticos, el cual tiene como propósito impregnar de transparencia la escogencia de los funcionarios públicos que someten a consideración sus hojas de vida para ser elegidos, representar, gobernar y dirigir los destinos de los territorios y sus ciudadanos.
Toda persona que desee y cumpla los requisitos legales y reglamentarios, podrá inscribir una veeduría ciudadana electoral, ante la personería municipal o ante la Cámara de Comercio, indicando en el acta de constitución el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia.
A la luz de la resolución 1709 de 2019, modificada por la Resolución 3743 de 6 de agosto de 2019, las veedurías ciudadanas electorales son un mecanismo democrático de representación de los ciudadanos para hacer seguimiento a los procesos electorales que se adelantan en el país, que permite denunciar posibles irregularidades que se presenten en el desarrollo de éstos.
Para su habilitación y adecuado funcionamiento, sus integrantes deberán cumplir de manera estricta, requisitos y abstenerse de llevar a cabo las prohibiciones expresas, que garanticen su integridad e imparcialidad, tales como lo reglado en el ARTÍCULO Séptimo de la mencionada resolución: PROHIBICIONES. A las veedurías electorales les está prohibido: a) Tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos. B) Retrasar, impedir o suspender los procesos electorales. Prohibición que a todas luces está siendo inobservada por los integrantes de la Veeduría Córdoba Posible SEBASTIÁN BULA VELAZQUEZ Y JORGE BULA GONZÁLEZ, quienes de manera abierta y hasta temeraria, se identifican y participan de actos políticos y realizan proselitismo en favor de la campaña del aspirante RAMÓN CALLE CADAVID, pero a su vez, participan de comités de Seguimiento Electoral convocados por las autoridades municipales, y emiten conceptos sobre encuestas, firmas encuestadoras, legitimidad y validez de las mismas, haciendo uso de las calidades otorgadas por el Consejo Nacional Electoral, quien ha sido asaltado en su buena fe, por personas con intereses políticos oscuros y mezquinos, en busca de cobijarse de garantías y facultades legales para actuar de manera parcializada y beneficiar así a sus socios politiqueros, como es el caso de Jorge Bula González, o hacer campaña política como Sebastián Bula, hijo del anterior.
Reza el parágrafo del citado artículo: El incumplimiento de las disposiciones previamente señaladas trae como consecuencia la cancelación del registro por parte del Consejo Nacional Electoral, quien estamos seguros, actuará en consecuencia.
