A través de un comunicado público fechado el 1 de julio de 2026, la Fundación Social Cordoberxia se pronunció frente al mensaje emitido por el presidente de la República, Gustavo Petro, referente a la reactivación de la orden de extradición contra alias «Chiquito Malo» y la captura en el departamento de Córdoba de alias «el Zarco», cabecilla del Clan del Golfo.
Aunque la organización defensora de derechos humanos y promotora de la paz territorial reconoció el valor de los gestos que buscan abrir caminos hacia la negociación, estableció una postura crítica desde una perspectiva ética y jurídica sobre cómo deben manejarse estos acercamientos institucionales con los grupos armados ilegales.
La plataforma social enfatizó que la construcción de una paz verdadera es incompatible con la impunidad o las verdades a medias, argumentando que cualquier diálogo formal debe estar precedido por el esclarecimiento de los hechos, la asunción de responsabilidades, la reparación integral a las víctimas y plenas garantías de no repetición para evitar que los procesos terminen legitimando la violencia.
De igual manera, Cordoberxia advirtió que los mecanismos judiciales como la suspensión de órdenes de extradición no deben ser utilizados como premios ni convertirse en señales de debilidad por parte del Estado. En su lugar, instaron al Gobierno nacional a actuar con máxima firmeza y coherencia, exigiendo el sometimiento de los actores armados sin conceder privilegios que fracturen la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El documento de la organización defensora también hizo hincapié en la necesidad de terminar con las decisiones a puerta cerrada, exigiendo una participación activa de la sociedad civil, los liderazgos sociales y las comunidades que históricamente han sido golpeadas por el conflicto armado. De acuerdo con la fundación, la superación de la violencia requiere que los discursos oficiales se traduzcan en acciones integrales destinadas a transformar causas estructurales como la desigualdad, la exclusión, el abandono estatal y las economías ilegales que financian a estos grupos. Al reiterar su disposición para la construcción de paz desde los territorios, Cordoberxia concluyó recordando que el Estado debe cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía y sentenció de manera tajante que una paz sin verdad no constituye una paz real, sino un silencio impuesto.
