La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional emitió el Auto 1538 de 2026, en el que requiere al Gobierno nacional que, en un plazo improrrogable de 30 días hábiles, presente una hoja de ruta integral, con metas verificables y asignación presupuestal precisa, para la implementación de los compromisos del Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La providencia, fechada el 4 de noviembre de 2026 y con ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño —respaldada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Miguel Polo Rosero—, forma parte del monitoreo judicial al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en 2022. Ese fallo identificó una vulneración masiva y sistemática de los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz (suscrito en 2016) y de sus familias, derivada de la baja implementación del componente de garantías de seguridad.
Advertencias sobre la ARN y recursos bloqueados.
Entre los puntos más críticos, la Sala alerta sobre el debilitamiento presupuestal de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). El tribunal constató vacíos de solvencia en la entidad para atender los compromisos con la población en proceso de reincorporación comunitaria y económica.
Asimismo, advirtió sobre el bloqueo administrativo y financiero de 53.000 millones de pesos destinados a proyectos productivos y sostenibles para excombatientes en distintos territorios del país. Estos recursos permanecen congelados, lo que afecta la continuidad de iniciativas de reincorporación económica.
