La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso medidas no privativas de la libertad al senador Miguel Ángel Barreto Castillo, quien se encuentra bajo investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.
Como parte de las disposiciones, el congresista deberá someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica implementado por el Inpec, cancelar una caución económica y cumplir con la prohibición absoluta de entablar comunicación con los testigos vinculados al proceso.
Las pesquisas de la autoridad judicial se centran en posibles irregularidades detectadas en procesos contractuales adelantados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta), donde se habrían ejecutado maniobras orientadas a direccionar contratos con el fin de beneficiar a determinados integrantes del Congreso, entre ellos al senador Barreto Castillo.
