La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dio un paso contundente este martes al ordenar una inspección judicial en las oficinas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La diligencia, liderada por la magistrada Cristina Lombana, tiene como objetivo principal verificar el estado real y el ritmo de los expedientes que se siguen contra el presidente Gustavo Petro, especialmente el relacionado con la presunta violación de topes en su campaña electoral. Esta intervención surge a raíz de denuncias que advierten sobre posibles maniobras de manipulación y una supuesta estrategia de dilación para evitar que las investigaciones avancen con la celeridad que exige la ley.
El foco de la Corte está puesto en el manejo que los representantes investigadores Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta —ambos del Pacto Histórico— y Wilmer Carrillo han dado a las pruebas remitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cabe recordar que el organismo electoral ya sancionó la campaña presidencial por sobrepasar los límites de financiación permitidos y compulsó copias para que se iniciaran los procesos correspondientes. Mientras la Fiscalía se alista para imputar cargos el próximo 8 de mayo a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, la célula legislativa, encargada por fuero constitucional de investigar al jefe de Estado, es objeto de sospecha por la aparente parálisis de sus actuaciones.
Con esta inspección, la policía judicial busca recaudar evidencias que permitan determinar si existe una omisión deliberada o bloqueos internos que impidan el cumplimiento de los términos procesales. La actuación de la magistrada Lombana subraya una creciente tensión entre las altas cortes y el Congreso sobre la efectividad del juicio político y la rendición de cuentas del Ejecutivo. En un momento de alta polarización, el máximo tribunal de la justicia ordinaria intenta blindar la integridad del proceso, asegurando que la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial no termine archivada por el paso del tiempo o la inacción de sus jueces naturales en el Legislativo.
