El Estado colombiano, a través de la Fiscalía y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), pidió perdón a Gustavo Sastoque, un ciudadano que fue condenado y encarcelado injustamente por diez años por su supuesta participación en el asesinato del exguerrillero Hernando Pizarro Leongómez en 1995.
Sastoque, quien en ese momento tenía 26 años y se desempeñaba en el archivo y correspondencia del CTI de la Fiscalía, fue vinculado al proceso penal a pesar de no tener funciones operativas, según recordó la Andje.
En declaraciones a Mañanas Blu, Sastoque calificó el proceso como una «maldad» y relató la planeación de la injusticia desde su detención el 8 de marzo de 1995, en el marco de la extinta «justicia sin rostro».
Según Sastoque, su vinculación al crimen se debió a que los verdaderos asesinos (miembros de las Farc) se identificaron como miembros de la Fiscalía. «Desafortunadamente yo fui el elegido», comentó a Blu Radio.
Se reveló en el proceso que fue seleccionado premeditadamente de un álbum de funcionarios del CTI. Un testigo narró que a los testigos se les pagó «20 millones de pesos para señalar» su foto, convirtiéndolo en un «chivo expiatorio» y lo que él describe como un «falso positivo» judicial. Sastoque asegura que las pruebas de que estaba haciendo compras el día del asesinato nunca fueron tenidas en cuenta.
*Perdón Tardío y Consecuencias Devastadoras*
La inocencia de Sastoque solo fue reconocida en Colombia después de que Carlos Antonio Lozada y otros desmovilizados de las Farc confesaran el homicidio ante la JEP y la Corte Suprema de Justicia.
Respecto al perdón, Sastoque fue contundente ante Blu Radio: «el perdón ya no sirve para nada porque el daño ya me lo hicieron». Señaló que la condena truncó sus «sueños, proyectos» y le causó problemas de salud y económicos.
La tragedia personal se extendió a su familia: su madre falleció a raíz de la condena, un hecho que Sastoque atribuye directamente a la «justicia colombiana».
Aunque fue indemnizado con 500 millones de pesos tras luchar ante la CIDH y su condena fue retirada, judicialmente el caso no está cerrado, pues un juzgado aún tiene pendiente emitir un nuevo fallo basado en las nuevas pruebas.
