Lo que comenzó como una investigación del diario The New York Times ha desatado un incendio institucional en Colombia. La Séptima División del Ejército Nacional tuvo que salir al paso de las denuncias del fotoperiodista Federico Ríos, quien documentó cómo una gigantesca operación de minería ilegal, vinculada al Clan del Golfo, opera a escasos metros e incluso dentro del perímetro del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, en Caucasia, Antioquia.
El «ping-pong» de responsabilidades
Ante la gravedad de las imágenes que muestran maquinaria pesada y decenas de mineros extrayendo oro junto a la base militar, el Ejército aclaró que el terreno afectado es la finca La Mandinga. Según la institución, este predio de 2.000 hectáreas no está bajo su administración directa, sino bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El Ejército sostiene que desde 2022 ha denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría la ocupación de aproximadamente 2.500 mineros informales en la zona. Sin embargo, el reportaje de Ríos sugiere una realidad más incómoda: la mina no solo colinda con el cantón militar, sino que se habría adentrado en el perímetro oficial sin que las tropas intervinieran, financiando directamente las arcas del grupo criminal más peligroso del país.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia señala que el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, inicialmente negó la existencia de la actividad minera. No obstante, tras la presión de la visita periodística, los uniformados habrían procedido a desalojar a los mineros bajo amenazas de usar sus armas, alegando que el terreno es «propiedad privada del Ministerio de Defensa».
La onda expansiva del escándalo llegó hasta el despacho del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien a través de sus redes sociales ordenó una investigación inmediata para establecer si hubo omisión o complicidad por parte de los miembros del sector defensa.
«No toleraremos ninguna relación entre miembros del sector defensa y economías criminales. La contundencia contra la minería ilegal debe ser total”, sentenció el jefe de la cartera.
Mientras el Gobierno promete «total contundencia», el deterioro ambiental en la región de Caucasia es calificado por expertos como severo e irreversible, dejando en evidencia que, en el Bajo Cauca, la línea entre la autoridad militar y el control criminal es, cuando menos, borrosa.
