La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió una alarmante alerta institucional al revelar que el organismo ha documentado al menos 40 eventos recientes de coacción y presión electoral ejercidos por grupos armados ilegales. De acuerdo con el reporte oficial, las principales afectaciones a la jornada democrática se están concentrando críticamente en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, donde las organizaciones criminales buscan incidir de manera directa en los resultados de los comicios presidenciales.
La funcionaria detalló que el modus operandi de estas estructuras al margen de la ley consiste en convocar de forma obligatoria a reuniones comunitarias en las zonas rurales y caseríos de estas regiones. Durante dichos encuentros clandestinos, los cabecillas imparten instrucciones restrictivas sobre el sentido del sufragio e intimidan abiertamente a los ciudadanos con graves represalias físicas o el destierro en caso de no acatar las directrices políticas impuestas, lo que representa una vulneración directa a las garantías democráticas y al libre derecho al voto en el territorio nacional.
