La Defensoría del Pueblo en cabeza de su titular Iris Marín Ortiz, ha radicado una demanda ante el Consejo de Estado buscando la nulidad de la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.
Dicha resolución designa a 16 exmiembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo a figuras como Salvatore Mancuso y alias ‘Don Berna’, como «Gestores de Paz».
La demanda, interpuesta el 19 de noviembre de 2025 ante la Sección Primera del Consejo de Estado, ejerce el medio de control de Nulidad Simple contra la Presidencia de la República, argumentando que la designación de estos exparamilitares contraviene fundamentos de derecho que la Defensoría se dispone a exponer ante el alto tribunal.
La acción legal, que también solicita una suspensión provisional de urgencia de la resolución, busca detener la aplicación de la medida que otorga estatus de gestores de paz a excomandantes que tienen múltiples procesos pendientes por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La Defensoría del Pueblo, como garante de los derechos humanos, utiliza este mecanismo para cuestionar la legalidad y la constitucionalidad de la decisión gubernamental que beneficia a exmiembros de las AUC, lo que ha generado un amplio debate sobre el alcance y los límites de la política de Paz Total.
