La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, expresó este domingo su profunda preocupación por la escalada de ataques armados, hostigamientos y atentados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en 11 departamentos del país, que coincidiendo con la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Los hechos, que se concentraron con mayor intensidad en Cauca y Nariño, afectaron también a Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Según el organismo, las acciones estuvieron dirigidas principalmente contra estaciones e instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura vial y corredores estratégicos.
Entre los incidentes más graves se registró la destrucción del peaje de Cachimbal y daños con explosivos en el peaje de Mondomo, sobre la vía Panamericana en Cauca. En Cesar, un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía de San Roque (Curumaní) causó la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila.
La Defensoría advirtió sobre el uso creciente y reiterado de drones y dispositivos explosivos, modalidades que “están transformando de manera alarmante las condiciones del conflicto armado”.
También destacó que varios de estos ataques se produjeron en cabeceras municipales, zonas residenciales, establecimientos comerciales y vías de uso cotidiano, lo que representa una amenaza directa para la población civil.
