El proceso electoral de cara al 2026 en Colombia ya enfrenta serias advertencias de seguridad en el departamento de Córdoba, luego de que la Defensoría del Pueblo encendiera las alarmas, señalando que 21 de los 30 municipios cordobeses se encuentran bajo vigilancia por posibles riesgos.
La Alerta Temprana Electoral (ATEL) emitida busca evitar que la violencia y la criminalidad organizada afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades políticas. La principal amenaza proviene de las cinco subestructuras del Clan del Golfo que, según informes de inteligencia, delinquen en el territorio.
De manera específica, la Defensoría clasificó a ocho municipios en situación de riesgo prioritario o urgente debido a la presencia armada:
Riesgo Urgente : Ayapel, La Apartada, San José de Uré y Tierralta
Riesgo Prioritario: Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Puerto Libertador
Además de esta lista crítica, otros 17 municipios se mantienen bajo observación constante: Buenavista, Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo y Tuchín.
La Defensoría enfatizó que su labor como garante de la democracia es crucial para asegurar que la participación en los comicios se dé en condiciones de «libertad, seguridad e igualdad». Las autoridades policiales, por su parte, han manifestado haber reforzado la seguridad en el departamento ante las amenazas detectadas.
