La Defensoría del Pueblo ha emitido una alarma sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en Colombia que afectan a miles de colombianos y colombianas.
De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marin, estas emergencias afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños y jóvenes en todo el país.
Una de las situaciones más críticas se registra en la subregión del San Juan, en Chocó, donde desde el pasado 4 de febrero hay una disputa entre el ELN y el Clan del Golfo por el control territorial. En esta zona hay más de 1.600 personas afectadas por los desplazamientos y confinamientos, muchos de ellos de la comunidad indígena Wounan, que no pueden salir de su resguardo por temor de cualquier ataque.
A esto se suma el anuncio de un paro armado por parte del ELN en esta parte del occidente del país que comenzaría este martes, luego de que se estuviera conociendo que habría una alianza entre las disidencias de alias Mordisco y el Clan del Golfo, una de las uniones más extrañas que se estaría dando en el territorio nacional.
Otra de las alertas recae en Putumayo , donde según la defensora hay alto riesgo en las elecciones atípicas del 23 de febrero, sumado a la crisis humanitaria en la región.
Otros puntos críticos se encuentran en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura y Tolima.
La Defensoría del Pueblo sigue en territorio, documentando la situación y exigiendo acciones urgentes para la protección de los derechos humanos.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que implementen acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, basándose en los diagnósticos de las alertas tempranas y las recomendaciones de las diversas instituciones del Estado. Además, solicita a la comunidad internacional que continúe y refuerce su apoyo a las iniciativas humanitarias y exija el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
Asimismo, la Defensora exigió a los grupos armados ilegales que respeten los derechos de la población y el derecho internacional humanitario, instándolos especialmente a no continuar instrumentalizando a las organizaciones y juntas de acción comunal para expandir su acción territorial. “Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas”, afirmó Marín Ortiz, quien también hizo un llamado al Gobierno nacional para que continúe exigiendo el respeto al derecho humanitario en las mesas de conversación vigentes, especialmente en lo relacionado con la protección de la población civil y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados por estos grupos.
