Un confuso cruce de información sobre el origen de un vehículo destinado a la atención médica rural tiene en alerta a los habitantes de La Apartada. La controversia comenzó cuando la gerente de la ESE CAMU, Aura Morales Serpa, anunció públicamente la llegada del automotor como una asignación directa del Ministerio de Salud, bajo la Resolución 0273 de febrero de 2026.
Sin embargo, veedores comunitarios denunciaron que en la plataforma SECOP II aparece un contrato de compra directa por la misma entidad hospitalaria para un vehículo de idénticas características, por un valor de $244.991.597.
Ante la coincidencia, la ciudadanía exige que las autoridades locales aclaren si se trata de dos camionetas distintas o si se usaron fondos públicos para pagar por un bien presuntamente donado por el Gobierno Nacional.
