A solo días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la campaña política ha dado un giro hacia los estrados judiciales. La senadora y candidata Paloma Valencia confirmó que su equipo jurídico, liderado por el abogado Jaime Lombana, radicará una denuncia formal por la intrusión ilegal en sus comunicaciones privadas, un hecho que califica como un ataque directo a la democracia en plena contienda.
La controversia cobró fuerza tras los rumores de una filtración de mensajes entre la candidata del Centro Democrático y el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Valencia, en un ejercicio de control de daños, aclaró que cualquier comunicación con el alto funcionario ha sido estrictamente institucional y enfocada en temas de seguridad nacional.
“Necesitamos saber si es cierto y quién lo está haciendo, porque no es un tema menor”, sentenció la candidata a través de sus redes sociales, exigiendo celeridad a la Unidad de Delitos Informáticos.
El episodio no solo generó ruido frente al Gobierno, sino que abrió una grieta con su contendor de derecha, Abelardo de la Espriella. El abogado y también candidato presidencial aprovechó la coyuntura para lanzar una dura crítica, asegurando poseer información sobre conversaciones entre «cierta campaña» y funcionarios del Ejecutivo.
Aunque De la Espriella afirmó que no recurre a la «propaganda negra», sus mensajes en redes sociales fueron interpretados como una estocada a la coherencia de Valencia. «En política se derrota al contradictor con votos, sin artilugios y sin engañar al elector», escribió el abogado, agitando las aguas en el espectro político que ambos disputan.
