La competencia por determinar quién será el próximo defensor del Pueblo se está intensificando y ya han surgido denuncias de supuestas irregularidades que podrían cuestionar la legitimidad del proceso. Menos de una semana después de que la Presidencia cerrara las inscripciones para dirigir la entidad, se informó este jueves que tres de los actuales directivos que postularon sus nombres para el cargo fueron retirados de la organización.
Se trata de la abogada Diana Marcela Bustamante, actual defensora delegada para la Orientación y la Asesoría de las Víctimas del Conflicto; Jorge Enrique Calero, defensor delegado para los Conflictos Sociales y el Diálogo Social, y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Augusto Abreu, defensor delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales.
Aunque los tres presentaron sus candidaturas para dirigir la institución en septiembre próximo, con el objetivo de ser incluidos en la terna que el presidente Gustavo Petro presentará a la Cámara de Representantes, denunciaron que, tras presentar sus hojas de vida, se les solicitó la renuncia protocolaria y luego fueron removidos de sus cargos.
“Fue algo muy inesperado. Solo aceptaron la renuncia de los tres directivos que nos habíamos postulado. Nos habían pedido renuncia a todos los directivos el pasado lunes”, comentó uno de los afectados que habló bajo condición de anonimato, indicando que no había impedimento legal para continuar en sus puestos mientras participaban en el proceso.
Según los afectados, su repentina salida de los cargos obedecería a una «retaliación» por querer participar en el cargo, apuntando al actual defensor del Pueblo en calidad de encargado, Julio Luis Balanta Mina, quien también se ha desempeñado como Delegado para Asuntos Étnicos.
En septiembre próximo, la Cámara de Representantes elegirá al nuevo defensor del Pueblo, responsable de proteger e impulsar los derechos humanos en el país y de garantizar las libertades de los ciudadanos. La responsabilidad recae en el presidente Gustavo Petro, quien debe presentar una terna a la Corporación para escoger al próximo titular de la entidad.
La competencia ha comenzado y hay 76 aspirantes buscando hacerse con el control de una entidad que solo este año manejará un presupuesto superior a los $1,2 billones. El elegido, que deberá ser abogado y haber ocupado cargos en la Rama Judicial durante 15 años, permanecerá en el puesto hasta 2028.
Entre los candidatos destacan exfuncionarios del presidente Petro, como los exministros Néstor Osuna (Justicia) y Jhenifer Mojica (Agricultura), así como dirigentes cercanos al petrismo, como Juan Diego Castrillón, excandidato a la Gobernación del Cauca con el aval del Pacto Histórico, o Ada América Millares, contralora delegada para el Medio Ambiente y expareja de Carlos Ramón González, actual director de Inteligencia Nacional.
Además, se destacan importantes juristas, como Jomary Ortegón, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); la abogada y exprocuradora regional Elsi Angulo; la jurista María Cristina Hurtado; Iris Marín Ortiz, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, o Nigeria Rentería, exdelegada de la Defensoría del Pueblo y participante en la mesa de diálogos con el ELN.
En la lista también figuran la exministra Griselda Janeth Restrepo y Sigifredo López, el único sobreviviente de los diputados del Valle secuestrados por las extintas Farc.
