El proceso de elección del rector en la Universidad Popular del Cesar (UPC) se trasladó a los estrados judiciales tras la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra cinco integrantes de su Consejo Superior Universitario.
La acción, interpuesta por el abogado Belisario Jiménez Lúquez, señala directamente a la delegada de la Presidencia de la República, Juliana Andrea Guerrero Jiménez, junto a Xavier Miguel Estrada (delegado de Educación), Marlon Bastidas (estamento docente), Armando Cotes (directivas académicas) y Óscar Pacheco (exrectores), por su presunta participación en los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir durante la sesión que eligió a Guillermo Andrés Echavarría Gil.
De acuerdo con el jurista, los implicados habrían tomado decisiones previamente concertadas en una votación exprés que omitió el análisis riguroso de las hojas de vida e ignoró las advertencias sobre el incumplimiento de requisitos del candidato. La controversia penal coincide con un reciente fallo del Consejo de Estado, tribunal que ordenó la suspensión provisional de Echavarría Gil al ratificar que, al momento de inscribirse, no acreditaba el tiempo mínimo de experiencia en educación superior exigido por la institución.
